La hemeroteca ha vuelto a dejar en evidencia a Alberto Ruiz-Gallardón, quien este miércoles declaraba que no ha indultado ni indultará, mientras sea ministro de Justicia, a ningún condenado por corrupción, echando así por tierra las esperanzas de personajes como Jaume Matas, Julián Muñoz o José María del Nido.
Sin embargo, el proyecto de la Fundación Ciudadana Civio www.elindultometro.es, que se encarga de recopilar todas las medidas de gracia concedidas desde 1996, desmiente las palabras del ministro, ya que desde su llegada al cargo en 2011, 8 han sido los cargos públicos condenados por corrupción que se han beneficiado del indulto del ministro de Justicia. En concreto, y como señalaba Eva Belmonte, de Civio, en una entrevista televisiva, han sido 6 condenados por prevaricación y 4 por malversación de caudales públicos los indultados por el ministro, aunque dos de ellos habían sido condenados por ambos delitos.
La mayoría de estos diez indultos concedidos por este Gobierno se realizaron en 2012. Algunos de ellos fueron los otorgados al exalcalde del PP del Valle de Abdalajís (Málaga), Tomás Gómez Arrabal, y a tres de sus concejales: Fermín Muñoz Armero, María Teresa Mesa Pernia y Antonio Pérez Postigo, todos ellos acusados de prevaricación urbanística. El alcalde había sido condenado a más de diez años de cárcel por un total de 12 delitos de prevaricación urbanística y fue indultado tres años después de la sentencia por el gobierno que dirigía su propio partido, el PP. La pena quedó en dos años y evitó la cárcel. Sus tres concejales condenados también se acogieron a la medida de gracia.
Días antes se había indultado a Adoración Pomata Zaplana, condenada por malversación impropia, y en marzo del mismo año recibieron también su indulto Josep Maria Servitje y Víctor Manuel Lorenzo Acuña. Servitje, un alto cargo del gobierno de Pujol, fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por desviar dinero público a empresas afines en el marco del 'caso Treball'. También Lorenzo, empresario condenado, evitó la pena de prisión a cambio de sendas multas de 3.600 euros.
También salió beneficiada María Dolores Mateos, condenada el 26 de septiembre de 2011 por malversación cuando trabajaba en el Servicio Andaluz de Empleo y era miembro del PSOE en Sevilla. Con el indulto, evitó la prisión al rebajarle la pena de 3 años a 2.
En este recuento llevado a cabo por la herramienta de Belmonte, se tienen únicamente en cuenta estos dos tipos de delito, excluyendo la corrupción llevada a cabo por personas particulares y afectando solo a delitos contra la administración.
Después de que Jueces para la democracia y la izquierda plural, así como desde la web elindultometro.es, hayan advertido a Gallardón de lo incorrecto de su afirmación, el ministro ha querido matizar, diciendo que no se indultado a nadie que haya "robado dinero público de la administración".
Por otro lado, la propia Eva Belmonte ha advertido de que en 2013 el Gobierno 'echó el freno' con los indultos, ya que ha sido el año que menos se han concedido desde 1996 (204). "Aunque en junio el Ejecutivo ya sumaba 150 indultos, a partir de entonces el ritmo de concesiones frenó en seco. El consejo de ministros más prolífico fue el del 31 de octubre, en el que se aprobaron 23. Entre ellos se encontraba el empresario canario Miguel ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, condenado a tres años y un día de cárcel por obras ilegales en una zona de especial protección ambiental. Después, ha resutlado adjudicatario de varios contratos públicos, como el de parte de la seguridad del metro de Madrid o el de vigilancia de varios edificios del Ministerio de Defensa", explica Belmonte.
