Perseguir penalmente las filtraciones de causas judiciales es uno de los aspectos más polémicos que se recogen en el proyecto del nuevo Código Procesal Penal que ha elaborado una comisión de expertos para remitirla al Consejo de Ministros. El texto, que ahora el ministro Alberto Ruiz Gallardón se afana en difundir y explicar por sectores sociales, faculta al tribunal, bien de oficio o bien a instancias del Fiscal, a acordar el "cese de la difusión" de un medio que incurra en la revelación de contenidos, declaraciones, datos o informaciones relativos a los hechos investigados.
La alarma provocada por este párrafo del artículo 132 del proyecto ha desatado todas las alarmas hasta el punto de que algunos medios han hablado de "ley mordaza" y de ataque sin precedentes a la libertad de información. La elaboración de un nuevo Código Penal que sustituya a la Ley de Enjuiciamiento Criminal que data de finales del XIX es asunto prioritario dentro de los planes de actuación del actual equipo de Justicia. Esta iniciativa hercúlea, que está desatando abigarradas polémicas, se puso en manos de una comisión de media docena de expertos penalistas y juristas, entre los que se encuentra la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, algunos de cuyos aspectos más destacados han sido desvelados esta semana.
El punto referido a la persecución de los medios que se salten el secreto sumarial o desvelen determinadas actuaciones judiciales durante un proceso entra en conflicto con lo que hasta ahora había manifestado el propio Gallardón, quien hace tan sólo unos días hablaba tajantemente de que "el criterio del Gobierno es que si se desvela el contenido del secreto del sumario los responsables tienen que ser los que filtran, no los medios de comunicación que lo publiquen".
Las contradicciones de Gallardón
Estas palabras se comparecen difícilmente con lo que se recoge en el proyecto de la reforma e incluso también entran en fricción con lo mencionado por el propio ministro este martes en la APM cuando, al advertir sobre el riesgo de los "juicios paralelos", Gallardón apostó por una fórmula "avanzada" mediante la cual el juez de garantías podría requerir al medio cesar la publicación de esa información en aras de "un juicio justo".
Al igual que en la reforma del Consejo General del Poder Judicial y hasta de la Ley del Aborto, el titular de Justicia parece moverse en un mar de dudas y envía mensajes contradictorios o muy ambiguos en asuntos sumamente delicados, que derivan inevitablemente en polémicas políticas y sociales. Este miércoles mismo en el Congreso, Gallardón ya ha dado un paso atrás al declarar, en los pasillos, que la reforma no limitará bajo ningún concepto el derecho a la información, algo que ha venido confirmado en conversaciones privadas durante estas últimas semanas. El ministro ha insistido en que han de adoptarse medidas para que evitar cualquier tipo de perturbación sobre las actuaciones sumariales.
Estamos ante un caso paradigmático, el de la responsabilidad de los medios de comunicación al difundir casos relevantes que sean objeto de una causa judicial. El proyecto de reforma llega incluso, en efecto, a la posibilidad de ordenar la suspensión de la publicación de un medio, algo que suena evidentemente a tiempos pretéritos. Gallardón, sin embargo, siempre ha asegurado que "el autor del ilícito penal es quien ha incumplido su obligación de custodiar el documento secreto". Por lo tanto, la responsabilidad penal tiene que afectar a aquel que comete el delito, "puesto que estando en posesión de un documento declarado secreto, lo ha puesto en conocimiento de terceras personas, y por lo tanto no debe haber responsabilidad penal para quien publique ese documento".
Prolongación del secreto de sumario
Algo no encaja, desde luego. De ahí, quizás, que el propio ministro mencionara que el Ministerio "agradecería, y mucho, tener las máximas voces de los profesionales de la información y del derecho" para abordar esta cuestión. Es evidente que la primera respuesta del mundo de la información ha sido contraria a esta posibilidad de que la actuación contra los medios que se salten el secreto del sumario alcance incluso la suspensión del medio.
Respetar los derechos constitucionales de quienes están inmersos en un procedimiento, en especial los encausados, debe compatibilizarse con el derecho a la información que recoge nuestra Carta Magna. Por eso el ministro habla de que los medios de comunicación y el sistema judicial se superponen, se influyen y chocan cuando comprometen el derecho a la presunción de inocencia, "que es una condición para que haya un juicio justo", o el derecho a la información, "que es medular en una sociedad como la española".
Conviene mencionar, a este respecto, que el secreto de sumario en el nuevo proyecto se prolongaría por un plazo máximo de tres meses, aunque en situaciones excepcionales podría extenderse a seis e incluso a doce meses sin se trata de investigaciones relacionadas con grupos organizados.
