El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, llevará este martes al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012, dando el 'pistoletazo de salida' a su tramitación parlamentaria, que tendrá su primer clímax en la votación del debate de totalidad prevista para el 26 de abril.
Hasta el 11 de abril, los grupos parlamentarios podrán solicitar la presencia en las distintas comisiones parlamentarias de los altos cargos que estimen oportuno. Estas comparecencias tendrán lugar entre el 16 y el 19 de abril. A tal fin, el Pleno que iba a celebrarse en esos días se adelantará a la semana siguiente a Semana Santa. Y un día después de las comparecencias, a las dos de la tarde del 20 de abril, concluirá el plazo para que la oposición presente las enmiendas de totalidad, que se debatirán en el Pleno del Congreso el jueves 26 de abril.
El viernes 27 será el momento de presentar las enmiendas parciales, para su análisis durante la semana siguiente en la ponencia de la Comisión de Presupuestos, que tendrá hasta el 4 de mayo para aprobar su informe. Después se abrirá el debate en la Comisión de Presupuestos, que preside el socialista Alfonso Guerra, y que antes del 11 de mayo habrá de aprobar su dictamen. La aprobación por el Pleno del dictamen de la comisión está previsto para el jueves, 24 de mayo, tras la comparecencia en el hemiciclo de los distintos miembros del Gobierno que acudirán a presentar las partidas destinadas a sus respectivos departamentos.
Una vez que reciban el visto bueno del Pleno del Congreso, las cuentas públicas serán remitidas al Senado, donde se reproducirán las mismas etapas. La previsión es que regrese al Congreso para su aprobación definitiva en la primera sesión plenaria de junio.
Cuando se aprueben, las cuentas sustituirán al Presupuesto prorrogado de 2011, actualmente en vigor. Dicho Presupuesto fue adaptado por el Gobierno con una serie de cambios que supusieron un ajuste de unos 15.000 millones de euros.
Ajuste de 27.300 millones y amnistía fiscal
El nuevo Presupuesto, marcado por el objetivo de reducción del déficit, incluye un nuevo ajuste de 27.300 millones, el mayor de la democracia. Este ajuste procede de una fuerte reducción del gasto y de una serie de medidas fiscales incluidas en un decreto ley que acompaña a las cuentas.
En dicho decreto, el Gobierno ha introducido cambios en el Impuesto de Sociedades y en el de las Labores del Tabaco y ha dado vía libre una amnistía fiscal para el capital que retorne a España o que esté oculto dentro del país, que sólo tendrá que pagar un gravamen especial del 8% o el 10%.
Con la amnistía fiscal el Gobierno pretende recaudar 2.500 millones y con todas las medidas fiscales que ha puesto en marcha el equipo de Mariano Rajoy desde que llegó al poder espera elevar la recaudación en 12.314 millones.
