"Que hablen los jueces y los fiscales". Es la respuesta que dan desde la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos (AMTA) para negar supuestas irregularidades del organismo público denunciadas por tutelados, familiares de éstos y grupos de la oposición. Pues el fiscal superior de la Comunidad de Madrid ha hablado. Este martes, Manuel Moix compareció en la Comisión de Asuntos Sociales a petición del Grupo Parlamentario UPyD para informar de la situación de los adultos tutelados por la Comunidad y, aunque valoró el trabajo de la Agencia, reconoció que existe un retraso en la presentación de los inventarios de patrimonio y rendiciones de cuentas, así como una falta de medios que obstaculiza el correcto desempeño de la AMTA.
El fiscal apuntó que tanto el tutor como el curador tienen la obligación de presentar inventario, así como de informar anualmente sobre la situación personal y sobre la situación patrimonial de los tutelados, personas que han sido incapacitados por un juez y cuyo tutor ha pasado a ser la institución pública porque sus familiares no pueden hacerse cargo o no son considerados idóneos para ejercer la tutela. Sin embargo -dijo-, "desde las distintas fiscalías se observa –y por lo tanto estamos hablando de una percepción global- un retraso por parte de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos en la presentación de los inventarios y en las rendiciones de cuentas". No se está informando puntualmente al juzgado de la situación de los bienes de estas personas, aunque, según indicó, dicho retraso "no implica una falta de control del patrimonio o de la situación personal del tutelado".
El fiscal desvincula los retrasos con la falta de control de los tutelados, pero cree que la insuficiencia de medios puede estar "obstaculizando el correcto desempeño de su labor"
Mientras para los grupos parlamentarios que vienen denunciando la presunta mala gestión y opacidad de la AMTA éste es un gran paso porque supone el reconocimiento de que algo no se está haciendo bien, desde el organismo público es interpretado como una felicitación por el trabajo realizado. "La declaración del fiscal deja patente la actuación correcta de la AMTA y reconoce el esfuerzo que se está realizando para actualizar la rendición de cuentas", explican a Vozpópuli. El momento más crítico, tal y como señaló Moix, fue el año 2010-2011, a partir del cual "se constata un esfuerzo de la agencia por una puesta al día que ha tenido su traducción en una reducción paulatina del retardo en la presentación de los informes, si bien se sigue excediendo los plazos legalmente establecidos".
Para el diputado magenta Alberto Reyero, aquél año debió ser "desastroso". En su intervención en la Asamblea de Madrid, criticó que la media estimada de presentación de inventarios sea de 12 meses, cuando el plazo que establece la ley es de dos. Durante ese período de retraso en el que no se conocen los bienes de la persona incapacitada -puntualizó Reyero- se produce "una absoluta desprotección de quien se pretende proteger". A este respecto, la directora gerente de la AMTA, Carolina García Durrif, explicó a Vozpópuli que es normal que se pidan prórrogas al juez para la presentación de inventarios debido al elevado volumen de expedientes que manejan y la dificultad que existe en ocasiones para averiguar el patrimonio. Las consecuencias de ese atasco se siguen sufriendo a día de hoy, ya que según los datos aportados por el fiscal superior de Madrid, en 2014 se están presentando rendiciones anuales de años pasados. La Agencia aún está terminando de presentar las correspondientes a 2012, publicaba esta semana El Mundo.
Pese a que el plazo legal es de dos meses, la media de presentación de inventarios es de 12 meses, tiempo durante el cual no hay constancia de la relación de bienes de los tutelados
Para la socialista Matilde Fernández, "la dejadez máxima" está en la AMTA, la cual cree que "ha sido una organización invisible porque han querido ex profeso que así fuera, un reino de taifas donde se ha mangoneado lo que ha querido". Además, cree que también hay que plantearse la falta de fiscales que vigilen las actuaciones de las instituciones públicas. Recordó que en la memoria de la Fiscalía se admitían los problemas en su labor de inspección debido a los numerosos centros residenciales, lo que hacía inviable las visitas periódicas, pese a la instrucción de que tienen que actualizar datos cada seis meses y pedir un informe anual a todas las instituciones tuteladas.
Déficit de plantilla y posible mal desempeño de su labor
Cuestión distinta, aunque relacionada, es la carencia de medios del organismo público. Moix alertó de que, aunque su labor no es evaluar las causas que están en el origen de las dilaciones, "la percepción de la Fiscalía es que es posible que haya una insuficiencia de medios en la Agencia Madrileña para Tutela de Adultos y que ésta estaría obstaculizando el correcto desempeño de su labor". Aunque apenas un mes atrás la AMTA aseveraba a este diario que su "actuación es impecable" y que "los tutelados están atendidos perfectamente", este miércoles asumían esa posible escasez de recursos, por lo que "estamos dotando de más personal".
Los 60 profesionales de los que habla la Agencia son los trabajadores de que dispone para atender a cerca de 4.500 personas tuteladas. Sin embargo, los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid de 2014 rebajan esa cifra a 35 puestos de trabajo -la misma plantilla que en años anteriores-, por lo que la oposición deduce que se trata de contrataciones externas o personal autónomo. UPyD achaca en gran medida la "deficiente atención social" que presta la Agencia de tutelas a la escasa plantilla.
Con todo, las palabras del fiscal incluían una llamada de atención a la entidad pública para que tome las medidas necesarias para poder cumplir correctamente con sus obligaciones como tutora de personas especialmente vulnerables. "No estamos hablando de un cometido jurídico sino social, de apoyo y protección a las personas que padecen algún tipo de discapacidad", dijo Moix, por lo que instó a la Comunidad de Madrid a "garantizar que la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos disponga de los recursos precisos para el eficaz desarrollo de la función tan esencial que tienen encomendada".
La Agencia asegura que garantiza el bienestar de las personas incapacitadas a su cargo y se defiende insistiendo en que "no puede hacer ni un solo movimiento, ya sea patrimonial o sobre cualquier otra circunstancia, sin la autorización del juez". "Lo que nos interesa es que los tutelados estén bien atendidos", y añaden que las denuncias y las quejas de tutelados y familiares son, a su juicio, casos aislados para nada representativas.
La AMTA asegura que están dotando de más personal a la entidad. Cuentan con 60 trabajadores para unos 4.500 tutelados, aunque en los presupuestos solo aparecen reflejados 35 puestos de trabajo
Afectados contradicen la versión de la AMTA
La madre de uno de los afectados que ha contado su caso a este diario sufre una enfermedad degenerativa y fue incapacitada a instancias de los servicios sociales. A él, que se hacía cargo de la mujer hasta ese momento, le declararon incompetente como cuidador "sin pruebas psicológicas y sin que pudiera defenderse", asegura. Como familiar directo de una tutelada, se queja de no haber recibido ningún tipo de información sobre el inventario de bienes de su madre siete meses después de haber sido incapacitada, además de acusar a la Agencia de haber estado tiempo sin hacerse cargo de algunos pagos, como es su deber como gestora de los tutelados. El trato que recibe la anciana en el centro en el que ingresó tampoco es correcto y su salud se ha visto dañada, según su hijo: "Está en una residencia contra su voluntad, mal alimentada y encamada, por lo que ha perdido movilidad en las piernas. Pasan horas sin que nadie pase por allí y ni si quiera la duchan. No la están protegiendo, más bien desatendiendo". Ha denunciado la situación a la Policía y el juzgado de guardia y se sigue preguntando "¿cómo es posible que me declaren no apto para cuidar a mi madre cuando está peor ahora que conmigo".
La familia de una tutelada por la Comunidad de Madrid fallecida hace seis meses presentó una denuncia tanto en la AMTA como en la Fiscalía por el trato recibido por la tutelada y por los propios familiares que reclamaron información sobre los trámites legales y administrativos necesarios tras el fallecimiento, así como la falta de colaboración por parte de la agencia madrileña en todas las ocasiones en las que quisieron conocer el estado de la persona incapacitada, con graves problemas de salud. "A día de hoy, no hay respuesta y no hemos recibido ni un solo dato de lo que solicitábamos", cuenta un familiar de la fallecida.
