"Sánchez se creía que íbamos a estar de vacaciones y no íbamos a decir nada de su 'decreto-apagón', pero estábamos alerta, respondimos, y no estamos solos". Así resume el entorno de Isabel Díaz Ayuso lo ocurrido en Madrid y otras regiones de España tras la aprobación, en la noche del lunes, del nuevo plan del Gobierno para ahorrar energía. La presidenta de la Comunidad fue la primera en rechazar el texto, que estudia llevar ante el Constitucional, pero otros compañeros de partido, y líderes autonómicos, se han sumado a la ofensiva.

Desde Sol lo tienen claro: "Esta decisión se ha tomado sin consultar a las comunidades autónomas e invadiendo sus competencias. Vamos a estudiar jurídicamente el decreto. Esta no es la posición del Sáhara, que el Gobierno cambia de un día a otro, porque esto afecta a las comunidades autónomas. Quieren cerrar España, como en el estado de alarma… y los Ayuntamientos ya tuvieron que devolver las multas por saltarse el confinamiento. Estamos en un estado de derecho y ahora tampoco hay garantía jurídica".

Las mismas fuentes se preguntan, en este sentido, quién sería la autoridad competente para hacer cumplir las nuevas restricciones energéticas del Ejecutivo: "Si hay luz en las calles de los municipios por razones de seguridad, ¿cómo se multa? Nada de esto está regulado por el Gobierno". Y también recuerdan que las restricciones energéticas acabarían en noviembre de 2023, una fecha que no parece casual: "El fin del apagón coincide con el inicio de la campaña electoral de las generales".

Andalucía y Murcia se suman

Según ha podido confirmar Vozpópuli, ya hay dos gobiernos autonómicos del PP que también han decidido estudiar la posible inconstitucionalidad del decreto aprobado el pasado lunes: la Junta de Andalucía de Juanma Moreno y la Región de Murcia de Fernando López Miras.

Los cargos del gobierno andaluz consultados destacan que el Consejo de Ministros ha aprobado el texto sin haber tenido en cuenta la opinión de las patronales de la hostelería, del comercio y de las empresas, principales perjudicadas por estas restricciones, y anticipan que que "nosotros también estudiaremos posible invasión de competencias".

Desde la Junta aplauden la iniciativa de Ayuso en ese sentido, y recuerdan que "ella ha liderado esas protestas de la hostelería durante la pandemia, y ahora está actuando igual". En todo caso, añaden, "aquí puede haber una invasión de competencias que vamos a estudiar".

Esta posición también es compartida por la Región de Murcia. Fuentes del ejecutivo autonómico recuerdan a Vozpópuli que, "el decreto de Sánchez nos llega cuatro meses tarde, ya que nosotros pusimos en marcha un plan de ahorro energético desde el inicio de la guerra". En el Gobierno murciano destacan, además, sus dudas por la posible intromisión del decreto en la "propiedad privada", y se preguntan si "puede un gobierno regional meterse en eso".

No nos vamos a declarar insumisos ni rebeldes, pero tampoco vamos a decir a todo que sí

En ese sentido, apuntan, "nos parecen unas medidas improvisadas, cosméticas e intervencionistas que vuelven a entrar en la libertad de los ciudadanos y de las empresas, con afecciones seguras al comercio, al turismo y a la hostelería" .Así las cosas, López Miras estudiará también la legalidad del decreto: "No nos vamos a declarar insumisos ni rebeldes, pero tampoco vamos a decir a todo que sí".

Feijóo, a la espera

Las fuentes consultadas destacan que esta ofensiva de las diferentes comunidades autónomas del PP "no va a ser coordinada", y que será cada servicio jurídico el que determine si se presentan o no recursos de inconstitucionalidad al texto.

Desde la dirección nacional del partido, con Alberto Núñez Feijóo al frente, no anticipan todavía si desde Génova se llevará o no el asunto ante el TC: "Las comunidades autónomas tienen libertad para tomar sus decisiones. Nosotros, de momento, no sabemos si vamos a recurrir o no. Lo estudiaremos, probablemente, en un comité de dirección".

Hace dos semanas, el presidente nacional del PP apostó por poner en marcha un plan de ahorro energético con limitaciones al aire acondicionado y la calefacción, y restringir el alumbrado nocturno. Desde Génova, eso sí, recuerdan que el líder de la oposición habló de "un plan pactado por comunidades autónomas y ayuntamientos", algo que no se ha dado con el decreto de Pedro Sánchez.

Ese matiz, destacan, es "clave" ya que "el presidente ha vuelto a aprobar medidas sin aplicar su anunciada cogobernanza, como en el estado de alarma".

Otros dirigentes destacan, además, que las restricciones "no pueden ser iguales en todas las comunidades autónomas", ya que, por ejemplo, "los horarios comerciales no son iguales en Madrid y en Soria" o "la temperatura no es la misma en Santander que en Sevilla".

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