"El Gobierno de Juanma Moreno no va a permitir que nadie pisotee nuestra autonomía". Así de contundente ha arrancado su intervención el portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, al anunciar este martes, tras el Consejo de Gobierno, la aprobación de un recurso dirigido al Tribunal Constitucional frente al llamado "impuesto de la solidaridad a las grandes fortunas" que implementó recientemente el Ministerio de Hacienda. La medida se produjo nada más anunciar el presidente andaluz, Juanma Moreno, la supresión del impuesto de Patrimonio en esta comunidad autónoma.
Pacheco, que es a su vez consejero de Sostenibilidad del citado gobierno regional del Partido Popular, considera "inconcebible" que el Gobierno de España "se haya inventado un impuesto ideológico que no existe en ningún país de Europa" con el único fin, ha enfatizado, "de atacar a Andalucía".
Según ha explicado la consejera de Hacienda, Carolina España, los argumentos fundamentales en los que se basa el recurso ante el TC son "la invasión de las competencias normativas de la comunidad autónoma" andaluza, recogidas en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía y en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
Asimismo, ha añadido la gobernante popular, la "vulneración del artículo" 23 de la Carta Magna –en relación con el procedimiento aplicado para aprobar este impuesto– así como otra "vulneración del principio de seguridad jurídica", también recogido en la Constitución.
España ha hecho especial hincapié en el modo en el que el Ejecutivo central ha presentado "una enmienda a una ley por la que se creaban otros dos impuestos". La Junta de Andalucía se ha basado en un informe del Consejo Consultivo –organismo público andaluz– "no vinculante", ha aclarado la consejera de Hacienda, para la interposición de este recurso contra una medida que "se hace ex profeso contra Andalucía".
La Junta de Andalucía disponía hasta final de marzo para formalizar este recurso ante el TC, una vez transcurridos tres meses después de la publicación en el BOE y la entrada en vigor de la Ley recurrida. Ahora el gabinete jurídico de la administración autonómica comenzará a armar el recurso para presentarlo antes de que concluya el plazo.
Los gobernantes andaluces solicitan la "suspensión cautelar" de la aplicación del impuesto estatal, "hasta tanto se resuelva el recurso para que las familias no se vean obligadas a hacer frente al primer pago", ha advertido la titular autonómica de Hacienda en base al dictamen del Consultivo.
La también titular de la cartera de Fondos Europeos ha recordado que lo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llama ahora "impuesto solidario a las grandes fortunas" ya fue eliminado por el expresidente Rodríguez Zapatero durante su gobierno.
La consejera ha precisado que cerca de 1.000 personas en Andalucía tendrían que pagar el llamado "impuesto de solidaridad", que afecta a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros, frente a las 19.000 personas que abonaban el de Patrimonio en esta comunidad.
"No nos preocupa tanto la recaudación como el efecto huida" para nuevos contribuyentes, ha aclarado la que fuera edil de Hacienda en el Ayuntamiento de Málaga, así como el hecho de que "se ahuyente la inversión".
De sobra es conocida la preocupación del propio presidente andaluz, Juanma Moreno, por la "competencia" que le supone a Andalucía la cercanía de Portugal a la hora de captar grandes fortunas en un país, gobernado por la izquierda, donde no existe el impuesto de Patrimonio.
Según la Junta, el efecto práctico del impuesto será evitar la aplicación de las bonificaciones autonómicas en el Impuesto de Patrimonio en las comunidades de Madrid (100% de bonificación), Andalucía (100%) y Galicia (25% en 2022 y 50% en 2023) para patrimonios netos de más de tres millones de euros, por lo que, con el nuevo tributo, "la política tributaria que libremente desarrollan los gobiernos de las distintas comunidades autónomas en el libre y constitucional ejercicio de su acción política se ve drástica y repentinamente alterada".
"Todo ello, además, sin posibilidad de acuerdo ni consenso, y sin utilizar el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, previsto en la Lofca para coordinar la actividad financiera de las comunidades de régimen común, lo que colisiona con el principio de lealtad institucional consagrada en es norma", ha denunciado Carolina España.
Fue en septiembre de 2022 cuando Moreno anunció lo que llamó "la sexta bajada de impuestos en Andalucía". Dentro del paquete de medidas fiscales destacaba entonces la supresión en la comunidad del impuesto de Patrimonio.
El gobernante del PP se mostraba entonces convencido de que dicha supresión generaría nuevas domiciliaciones fiscales de quienes se marcharon, por ejemplo a Madrid. "Ahora recaudaremos más por el impuesto del IRPF", expuso.
La supresión del impuesto de Patrimonio, según el propio Moreno, no iba a tener apenas impacto en las cuentas de la Junta, "porque apenas supone un 0,6% de lo que recauda el conjunto de la administración andaluza". Sin embargo, sí se mostró convencido de que atraería "capacidad inversora para el fomento de la actividad económica y también del empleo".
De forma paralela, se pretendía aprovechar las "oportunidades que nos ha brindado el teletrabajo". Se refería Moreno a todos aquellos "ejecutivos" de grandes empresas que, "de forma coyuntural", se instalaron durante la pandemia en Andalucía, y ahora "están considerando fijar su residencia si las condiciones tributarias son atrayentes".
