Sin perder de vista los movimientos que pueda llevar a cabo el Gobierno central, en materia de impuestos, la Junta de Andalucía ha retomado, este martes, su particular batalla por un nuevo modelo de financiación autonómica. Lo hace con un aliado que incomoda a Pedro Sánchez, como es el presidente socialista de Valencia, Ximo Puig. Ambas comunidades propusieron hace un año un "fondo de nivelación", de carácter transitorio, dotado con 1.700 millones de euros.
El flamante portavoz del Gobierno autonómico, Ramón Fernández-Pacheco, se ha estrenado en la rueda de prensa semanal, tras el Consejo de Gobierno celebrado en San Telmo, con duras críticas a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que además es andaluza: "Andalucía no puede seguir perdiendo mil millones de euros diarios por su infrafinanciación", ha denunciado el también consejero de Sostenibilidad.
De hecho, Fernández-Pacheco, que ha apelado a frenar el "maltrato" del Gobierno central, ha llegado a asegurar que Andalucía está hoy peor financiada que antes del Covid", en alusión a la pandemia que arrancó en marzo de 2020 y que asoló por completo la economía nacional, llevándola a registros propios de la posguerra española, en 1939.
A juicio del ahora titular de la política de comunicación del Ejecutivo monocolor del PP, "la ministra Montero tiene una oportunidad de oro" para mejorar el modelo de financiación que el expresidente Zapatero "pactó con sus socios catalanes", en alusión a los acuerdos alcanzados con ERC que tanto han perjudicado a Andalucía.
Y es que Pacheco anima a María Jesús Montero "a ponerse el traje de consejera de Hacienda" de la Junta de Andalucía, ha dicho en sentido metafórico sobre cuando formaba parte del Consejo que presidía Susana Díaz, "y , a mediados de 2018, clamaba contra el Gobierno de España por la mala financiación de Andalucía". Eran los tiempos en que Mariano Rajoy habitaba La Moncloa, pero el acuerdo marco lo había alcanzado Zapatero.
La actual Junta de Andalucía pretende también que el líder de la oposición, el socialista Juan Espadas, se retrate y ofrezca su opinión "acerca del Fondo de Nivelación" que reclama Juanma Moreno, de la mano de su homólogo valenciano, Ximo Puig. Ya a finales de la pasada semana, durante la sesión de control a la que se somete, Moreno puso en un aprieto a Espadas al preguntarle si se iba a posicionar al respecto.
Se da la circunstancia de que Puig tiene pensando incluir en el debate sobre el estado de la comunidad, a celebrar en Las Cortes de Valencia, el citado "fondo de nivelación" del que ha hablado este martes el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco. Por el contrario, fuentes cercanas a Moreno Bonilla, consultadas por Vozpópuli, aseguran que el gobernante andaluz no tiene, por el momento, pensado seguir los pasos de Puig cuando se celebre dicho debate.
"El Estado tendrá que hacer un esfuerzo con ambas comunidades para poder compensar esa hemorragia de forma urgente", ha venido reiterando Juanma Moreno para referirse a Andalucía y Valencia.
Frente a tales argumentos, la ministra de Hacienda insiste en que antes de adoptar cualquier decisión en esta materia los principales partidos políticos, PP y PSOE, deberían ponerse de acuerdo entre ambos para pactar un modelo.
La baza que, de forma muy hábil, juega Moreno Bonilla cada vez que se vuelve a hablar del modelo que pactó Zapatero con ERC radica en que, frente a su propio partido y también contra el propio presidente Rajoy, el actual presidente de la Junta suscribió un acuerdo parlamentario con el PSOE, cuando Montero era consejera de Hacienda, para que se mejorara el modelo con respecto a esta comunidad de más de 8 millones de habitantes.
La audacia de Moreno frente a Génova en 2018 aliándose con Montero
En 2018, como líder de la oposición en Andalucía y frente a la postura de Génova 13, Moreno Bonilla tuvo la audacia de suscribir, de forma sorpresiva, la reforma del modelo de financiación que, desde su posición como consejera de Hacienda, había diseñado para esta comunidad María Jesús Montero. Un acuerdo pactado entre PSOE, IU y Podemos, al que se sumó el Partido Popular, pero no Ciudadanos, luego socio de gobierno de los conservadores a partir de enero de 2019. De hecho, los nueve diputados de Ciudadanos fueron los únicos que votaron en contra cuando eran oposición.
Aquel documento de María Jesús Montero, que el PP andaluz le ha pedido de forma insistente que "saque del cajón", reclamaba la inyección de 16.000 millones de euros extra en transferencias de financiación a las distintas comunidades autónomas. Del citado monto total 4.000 millones tendrían que haber correspondido a Andalucía por el criterio de "población ajustada" que ahora viene defendiendo el Gobierno monocolor popular y antes con Cs en San Telmo.
Andalucía y Valencia "representan casi el 30% de la población española". Así pues, ha remachado, "si un tercio de la población española tiene un problema, España tiene un problema", argumenta también Moreno.
El llamado "fondo transitorio compensatorio" sería de nivelación prorrogable automáticamente, hasta la entrada en vigor de un nuevo sistema que equipare a las Comunidades infrafinanciadas con la media nacional. Además de Andalucía y Valencia también se encuentran en el mismo frente, en cuanto a infrafinanciación, las comunidades de Castilla La-Mancha y Murcia.
Casi un año después de presentar su propuesta conjunto con Ximo Puig, en el marco de una cumbre conjunta celebrada en el palacio de San Telmo (Sevilla), Moreno se reunió a finales de julio pasado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para trasladarle la propuesta consensuada con Valencia.
El barón autonómico le trasladó al inquilino de Moncloa que era "perfectamente asumible" para el Gobierno central la cifra de 1.731 millones, con el fin de que "Andalucía tenga justo lo que se merece, en función de la población ajustada", frente al criterio de "población real" que viene defendiendo –reprochó Moreno– la ministra de Hacienda.
De aprobarse el citado fondo propuesta por valor de 1.731 millones, prorrogable de forma automática cada año, Andalucía contaría con 824 millones; Comunidad Valenciana, 648 millones; Región de Murcia, 194 millones, y Castilla-La Mancha, 65 millones.
