Andalucía será la comunidad autónoma más perjudicada de España si, finalmente, sale adelante el pacto de financiación entre ERC y el PSC, denuncia el presidente andaluz, Moreno Bonilla, que vuelve a pedir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que dé marcha atrás y retire el cupo catalán.
El popular es uno de los mandatarios que ha desfilado por Moncloa, concluye tras la cita que el presidente del Gobierno “no tiene la más mínima intención” de resolver el problema de la financiación autonómica, y que “está atrapado en una maraña de chantajes y exigencias independentistas”.
La infrafinanciación sigue siendo la primera reivindicación de la Junta. El “cupo catalán” es un agravio para la comunidad autónoma más poblada de España, infrafinanciada desde 2009. Solo este año, la Junta afirma que ha dejado de recibir 1.522 millones de euros.
El presidente de la Junta, en un Foro organizado por El Confidencial, ha querido advertir también sobre el plan de acción democrática que promueve el Ejecutivo. Como mandatario, afirma que no se debe caer en la “tentación de intervenir la prensa”, evocando a políticos como Nixon que han emprendido una cruzada contra la prensa por problemas personales, “son historias que suelen terminar mal”.
En evidente alusión -que no mención- a la reacción de Pedro Sánchez con el Begoñagate el andaluz reitera que los problemas personales de un dirigente coinciden con la “fiebre desmesurada por regular la prensa”, algo preocupante porque un “gobierno no es quien para decidir qué es un medio y un pseudomedio o para repartir carnés de buen periodista”.
Conflicto latente y por barrios
Moreno Bonilla se ha declarado defensor de la prensa libre, independiente y plural. Pero esta declaración debe hacer frente a críticas y acusaciones a nivel autonómico que llegan no solo desde la oposición, sino también, de profesionales del periodismo de la empresa pública Canal Sur.
El Consejo Profesional de Canal Sur Radio y Canal Sur TV acusa a la dirección de “represalias” y “censura” contra profesionales de la casa y, desde el PSOE, el grupo mayoritario en la oposición, denuncian que los informativos de Canal Sur dedican “cinco veces más espacio a Cataluña que a informar sobre el impacto del virus del Nilo en Andalucía” como ejemplo de contaminación de la agenda informativa por intereses de la Junta.
El plan de acción de Sánchez señala a los medios de comunicación, sobre todo en el ámbito digital, anunciando la necesidad de más transparencia, pluralidad o claridad en el sistema de financiación para preservar la independencia de los periodistas en el ejercicio de su trabajo. Lo que hace levantar la ceja en el sector de los afectados no es la iniciativa, sino el contexto en el que se promueve por el presidente Sánchez y las verdaderas causas que le llevaron a tomarse 5 días reflexión para, en ese momento, reafirmar una reglamentación que ya se había establecido en Europa.
La aprobación, por parte del Parlamento Europeo, del nuevo Reglamento de Libertad de Medios de Comunicación fue aprobada tanto por el S&D como por el PPE. El reglamento abunda en la necesidad de sanear el ecosistema mediático y proteger la libertad de prensa, y garantizar el derecho a la información ante el poder de las grandes plataformas digitales.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España FAPE respalda la iniciativa, aunque más escepticismo emerge de otras entidades como la madrileña APM, "estaremos atentos al desarrollo de la aplicación del Plan de Acción por la Democracia, velando siempre por la defensa de la libertad de expresión y el libre ejercicio de la profesión periodística".
