"Con estas auditorías ponemos punto y final a más de treinta y siete años de maraña de gobiernos socialistas". De esta forma se ha expresado el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, de Ciudadanos, a la hora de presentar el trabajo que ha examinado 54 entes instrumentales, creados bajo la administración del PSOE, y que para los actuales gobernantes de PP y Cs suponen un "entramado desproporcionado de gastos innecesarios".
Marín, que ha comparecido este martes en la habitual rueda de prensa de los martes, posterior al Consejo de Gobierno, acompañado por los consejeros de Presidencia y Hacienda, Elías Bendodo y Juan Bravo respectivamente, ha dejado claro que, con estas auditorías "se constata algo que veníamos denunciado de forma reiterada: en tres décadas se ha desarrollado una superestructura paralela, con duplicidad de funciones y competencias entre entes y consejerías incluso ajenas a tales entes", ha resumido.
Tras este avance de conclusiones, cuyo resultado global será hecho público en el portal de transparencia de la Junta, mediante la inclusión de un total de 6.000 folios, en palabras de Marín, los dos socios del Ejecutivo que preside Juanma Moreno van a promover la creación de una "comisión de trabajo", en el Parlamento de Andalucía, para examinar a fondo con el resto de grupos políticos todas las irregularidades detectadas. Se trata de asuntos no sólo sujetos a una más que posible comisión de investigación parlamentaria, sino también a la acción de los tribunales, si los asesores jurídicos de la Junta así lo dictaminan en las jurisdicciones administrativa y penal.
Vox venía demandando desde hace semanas tener conocimiento público de tales auditorías y ahora, precisamente en un momento convulso de relaciones entre el PP y el partido de Abascal, Juanma Moreno contenta así a su principal socio de legislatura, que amenaza de nuevo por romper con los populares.
El vicepresidente Marín ha recordado que, ya bajo el actual gobierno de centroderecha, "se han eliminado" 59 entidades paralelas que se encontraron PP y Cs como herencia al llegar a la Junta de Andalucía, tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018. Populares y liberales presumen de haber reducido el número de consejerías desde que iniciaron su mandato.
Una de las conclusiones que, a priori, más ha llamado la atención del Consejo de Gobierno, en relación con las auditorías, es que se detectan numerosas irregularidades en los convenios de personal de los citados entes públicos: "una misma acción tiene diferentes salarios, como el caso de un administrativo que puede ganar en unos casos 16.000 euros y en otros 46.000", haciendo la misma función, ha ejemplificado Juan Marín.
Otra de las conclusiones es la "deficiencia" en la gestión, lo que incluso está provocando "dificultades para que se puedan reintegrar al erario público fondos mal empleados". Las auditorías también reflejan problemas de competencias del personal de estos entes instrumentales, que se rigen por 66 convenios colectivos distintos, 43 propios y 23 sectoriales.
También a modo de ejemplo, según ha detallado Marín, en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), organismo donde fueron recolocados los extrabajadores de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) –aquella con cuyas tarjetas se pagaron prostíbulos– el personal se rige por 14 convenios colectivos diferentes.
Se da la circunstancia, tal y como ya había quedado de manifiesto por declaraciones de varios funcionarios en comisiones parlamentarias, que el 70,4% de los demandantes de empleo no recibió ofertas de trabajo a través del SAE, que solamente gestionó el 3% de las contrataciones en Andalucía: " únicamente hubo doce ofertas por cada 100.000 habitantes, según los datos expuestos por Marín. El SAE sirvió también durante años para reconocer allí a cargos afines al PSOE.
Plan de Mejora y Simplificación del Sector público
Ante el cúmulo de anomalías detectadas el Gobierno andaluz va a poner en marcha lo que ha descrito como Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental, para definir las estrategias con estas entidades. Marín ha detallado que el sector público instrumental andaluz consta de diez agencias administrativas, 18 agencias públicas empresariales, tres de régimen especial, 16 consorcios, 23 fundaciones y 22 sociedad mercantiles.
El personal laboral propio de estas 92 entidades ascendía a cierre de 2018 a un total de 28.443 trabajadores, de los que 8.023 eran profesionales sanitarios, 2.873 empleados de servicios sociales y 17.547 contratados como personal laboral general.
A cierre de 2020, tras los dos primeros años de gestión del actual Gobierno, y en el contexto de la eclosión de la pandemia del Covid-19, el personal laboral general de estos entes instrumentales se redujo a 16.987 trabajadores (-3,19%), mientras que el personal laboral sanitario se reforzó hasta alcanzar los 9.050 empleados (+12,8%), y el personal laboral dedicado a servicios sociales aumentó a 2.944 (+2,47%).
Otra de las grandes medidas anunciadas este martes por la Junta ha sido la puesta en marcha de la Agencia Trade. Agrupará agrupa a las agencias IDEA, Extenda, la Agencia Andaluza del Conocimiento y la Fundación Andalucía Emprende. Además, se acometerá la integración en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de las cuatro agencias públicas empresariales sanitarias.
