El Gobierno andaluz y el Ministerio de Transición Ecológica se dieron un plazo de un mes para alcanzar un acuerdo sobre Doñana, pero han transcurrido casi dos y no sólo no hay una firma, sino que cierta desconfianza se ha instalado entre las dos administraciones. Tanto que fuentes cercanas al grupo popular aseguran que se ha llegado a plantear la reactivación de la proposición de ley sobre nuevos regadíos en el Parlamento, donde la iniciativa quedó en suspenso a la espera de un acuerdo a tres partes entre Junta, Ministerio y los agricultores reclamantes.
El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha manifestado que es "optimista" sobre un acuerdo con el Gobierno central en relación con el parque nacional de Doñana y la situación de los agricultores, puesto que se están produciendo "avances", algo que le ha permitido asegurar que el pacto negociado entre ambas administraciones "es mucho más ambicioso" del que se planeó. Sanz que es partidario de no “radiar” las negociaciones ha asegurado que todo va por muy buen camino."Todo esto requiere mucha dedicación y los contactos y reuniones se desarrollan con normalidad y además con avances y con optimismo para seguir trabajando", ha indicado Sanz, quien ha querido dejar claro que la Junta se va a "dejar la piel para intentar lograr un acuerdo". "Los avances se producen y el optimismo quizá sea la fotografía del momento", ha señalado Sanz, apuntando que hay que culminar la "faena y ver si es posible".
Sin embargo, esto es lo que ambas partes se han encargado de transmitir desde el principio, entendimiento, buena sincronía, complicidad… pero la realidad es que vamos camino del segundo mes de negociaciones y el acuerdo ni se atisba. El problema es prácticamente el mismo, por eso algunas fuentes negociadoras aseguran que están casi en la “casilla de salida”, la compensación a los agricultores a los que beneficiaba la ley de regadíos.El Gobierno central asegura que dispone de 350 millones de euros para reconvertir esas fincas, pero tanto la Junta como los agricultores mantiene que debe existir una compensación económica más allá de un plan general para la comarca.
La asociación que reúne a los agricultores afectados solicitó hace unas semanas a PP y a Vox, que son los partidos que han propuesto la ley, que active la iniciativa porque el plazo ha concluido y no han visto ninguna solución sobre la mesa. En el momento en que Juanma Moreno y Teresa Rivera se reunieron había una fecha para su aprobación, la del 11 de octubre, pero en estos momentos no hay acuerdo y ya el ejecutivo andaluz no dispone de fechas hasta enero para llevar al pleno la votación de la ley. No obstante, bastaría con incluirla en un orden del día para sacarla adelante, ya que sólo faltaba la votación de la Cámara.
Enfado de Moreno con Sánchez y la reactivación de la ley
Pese a que las relaciones entre ambos gobiernos era buena, la alusión a Doñana de Sánchez y su discurso asegurando que eran “los defensores” del Parque Nacional enfadó y mucho a Moreno. Eso, unido a la petición de los agricultores parece haber despertado una corriente que quiere reactivar la ley, algo que apoyan desde Vox, socio y co creador de la misma. Pese a la polémica por las declaraciones del ya presidente del Gobierno, Sanz ha indicado que las reuniones se siguen produciendo y que no tiene "nada que traslade en este momento un mensaje negativo ni mucho menos peligroso en relación con las negociaciones". Ha indicado que estamos ante "un asunto muy complejo técnica y jurídicamente" y las peculiaridades son muchas porque se trata de una zona muy amplia.
Tendrían la ley en la mano pero no el agua
De haberse aprobado la ley de regadíos, los agricultores de la Corona Norte de Doñana, tendrían licencia de suelos aptos para regar, pero no tendrían agua, porque la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no hubiera autorizado el uso de más recursos en una zona que de por sí ya está sobreexplotada. Los problemas que la ley pudiera tener en el Tribunal Constitucional y ante Bruselas propiciaron un acuerdo in extremis entre Moreno y Ribera.
El grupo de agricultores que se iba a beneficiar de la ley es muy heterogéneo. El acuerdo parecía fácil por parte de los grandes propietarios, porque tienen otras capacidades para ser compensados y, de hecho, Juanma Moreno llegó a explicar que no sería posible contentar a todos. Pero las relaciones entre las administraciones se han complicado en las dos últimas semanas y los pequeños agricultores ya no quieren acuerdo, quieren la ley.
