Los grupos del Partido Popular y Vox en el Parlamento andaluz han sacado adelante este miércoles, con sus 70 votos, la toma en consideración de la Proposición de Ley conjunta relativa a la regulación de regadíos en municipios del Condado de Huelva, en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Lo han hecho con los voto en contra (37) del resto de partidos de la Cámara autonómica: PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía (AA).
Esta polémica medida, que comandan los partidos presididos a nivel nacional por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, supone una confrontación directa con la Unión Europea, que ha amenazado a España con multas en caso de que legalice más regadíos.
Ha sido un tenso debate plenario en el que incluso una diputada de los anticapitalistas de AA, Maribel Mora, ha arrojado un puñado de arena de Doñana sobre el escaño vacío en ese momento del presidente de la Junta, Juanma Moreno. La parlamentaria estaba en el uso de la palabra, en la tribuna de oradores, y ha interrumpido unos segundos su discurso para volcar el contenido de un jarro de cristal sobre el asiento presidencial: “Van a dejar Doñana como un desierto”, ha dicho.
El espectáculo protagonizado por Mora ha motivado que el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, le afeara su conducta y le llamara al orden: “Lo que ha hecho es una falta de educación, se le debería caer la cara de vergüenza”. Aguirre también he la pedido a la diputada de Adelante “un poquito de por favor y un poquito de dignidad".
Salvando las distancias lógicas y evidentes entre una situación y otra no han sido pocos los parlamentarios de diversos grupos políticos que se han acordado, en privado, de un episodio ocurrido en el Parlamento vasco en 1995: un parlamentario de Herri Batasuna arrojó un saco de cal sobre el escaño vacío del entonces secretario general del PSE, Ramón Jaúregui.
La proposición de ley de PP y Vox cuya toma en consideración se aprueba ahora, para iniciar el trámite parlamentario, ha venido precedida de un auténtico vendaval de reacciones contrarias, empezando por el presidente del Consejo de Participación de Doñana, el biólogo Miguel Delibes, que califica el texto de “infantil” y “toreo de salón”. Además se oponen cerca de veinte sociedades científicas, el comisario europeo de Medio Ambiente y el Gobierno de España.
El parlamentario del PP por Huelva Manuel Andrés González ha sido el ponente de esta propuesta. La define como una iniciativa para “resarcir el daño que durante cerca de una década se ha producido hacia los agricultores de la corona norte de Doñana”.
Los populares mantienen, al igual que Vox, que lo que se plantea es una “reclasificación de tierras” para que los agricultores de esta zona “se puedan servir de aguas superficiales, no del acuífero, que no se toca”, insisten hasta la saciedad.
El también presidente del PP de Huelva ha presumido del “apoyo explícito” de organizaciones agrarias como Asaja y UPA, comunidades de regantes, así como las cooperativas de FresHuelva, además del sindicato UGT. Sabido es que en esta zona del entorno del parque natural se cultiva el fruto rojo, principalmente la fresa.
La iniciativa conjunta de PP y Vox, respaldada por numerosos agricultores que se encontraban en el interior del pleno, así como en los exteriores de la Cámara regional, pretende recuperar un texto que ambos partidos ya presentaron en enero de 2022, durante la anterior legislatura del gobierno de PP y Ciudadanos. En aquella proposición, también de ley, se recogía que terrenos que eran de regadío antes del Plan de Ordenación de 2014 fueran considerados así en las zonas B y C del entorno de Doñana, que son de menor protección ambiental.
La novedad con respecto a 2022 es que los dos citados partidos buscan lograr que los terrenos en cuestión puedan obtener “derechos de aguas”, que procederían siempre de aguas superficiales (nunca subterráneas).
No obstante, esta propuesta viene condicionada por una previsión recogida en la Ley 10/2018 sobre la transferencia de 19,99 hectómetros cúbicos desde la demarcación hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, que prevé ese trasvase, en aras al equilibrio hídrico de este entorno, pero especialmente del parque nacional de Doñana en sí. Así pues, PP y Vox supeditan su proposición a futuras obras hidráulicas que tendría que acometer el Gobierno central.
Desde Vox su ponente en este asunto, Rafael Segovia, diputado por Huelva, ha dicho defender a su tierra "de las mentiras" y ha calificado de "deleznable" la posición del resto de grupos políticos, especialmente el PSOE.
Sus argumentos han ido en la línea de los que había adelantado el portavoz parlamentario de la formación opositora aliada con el PP, Manuel Gavira. Aseguran que pretenden "corregir una injusticia cometida en 2014 cuando, en base a una foto de 2004, se quedaron muchos sin tener superficies regables".
Desde Por Andalucía su portavoz, Inmaculada Nieto, ha acusado al Gobierno de Moreno Bonilla de llevar al Parlamento un "negacionista científico", por ir en contra de los postulados de "veinte sociedades científicas". La dirigente de Izquierda Unida niega que en el documento de PP y Vox no se hable de agua. A su juicio hay "un binomio falaz" para elegir entre "medio ambiente o economía".
"Les están diciendo que esto se va a hacer luego, cuando ustedes tengan la titularidad de la Confederación Hidrográfica del Sur", ha reprochado Nieto a los populares sobre lo que considera "un engaño" a los regantes del entorno de Doñana y la posibilidad de que el PP controle dicha administración, en caso de llegar Feijóo a La Moncloa tras las próximas elecciones generales.
El portavoz del PSOE para este asunto, Mario Jiménez, ha citado a Karl Marx al comienzo de su intervención para decirles lo siguiente a PP y Vox: "la historia siempre se repite dos veces, la primera como una tragedia y la segunda como una farsa". Sus palabras se han interpretado como una alusión a la primera proposición de ley conjunta de 2022 y a la que tiene lugar ahora.
A juicio de este diputado onubense de Moguer "todo es un inmenso engaño de Moreno Bonilla a los agricultores que se quedaron fueran en 2014", en alusión al plan acordado entonces. Asimismo, ha denuncia lo que considera “manipulación política de un presidente que, para hacer campaña electoral, engaña y manipula a estos agricultores".
Espadas pide a Moreno que asuma "sus responsabilidades" en caso de sanciones
Horas antes del pleno el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, pedía al presidente de la Junta, Juanma Moreno que "asuma sus responsabilidades" en caso de que, según ha dicho, "haya respuestas legales", en alusión a posibles sanciones venideras, por parte del Gobierno de España o bien de la Unión Europea.
En rueda de prensa el sucesor de Susana Díaz al frente del socialismo andaluz cree que, tras la aprobación de la PL de PP y Vox, Moreno Bonilla "tendrá que plantearse si tiene credibilidad para seguir adelante, después del desastre en el que nos ha embarcado".
Al ser preguntado sobre qué ha cambiado para que en 2022 el PSOE mantuviera la abstención sobre la iniciativa de PP y Vox y ahora se oponga radica en que “reconocimos, y ahí viene la diferencia, que habría que analizar agricultor caso a caso, por eso le dimos una oportunidad al gobierno de Moreno Bonilla".
Poco después, ha proseguido Espadas, "Moreno presentaba esta proposición de ley y a la vez disolvía el Parlamento", en alusión a la convocatoria anticipada de elecciones. De ahí que el dirigente socialista se haya preguntado "¿para qué inició la tramitación?" el presidente de la Junta.
En opinión del también senador socialista "lo que ha ocurrido este año es que han hablado la Unión Europea y los científicos". El PSOE andaluz critica especialmente que Juanma Moreno hable en sus lemas de la Junta de "revolución verde", en cuanto a la preservación del medio ambiente, y ahora "haya pasado a una involución marrón junto a Vox, al alejarse de la centralidad". Espadas cree que se trata de un "negacionista climático".
A primera hora de la mañana el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en respuesta a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, consideraba "una enorme frivolidad que hablen de defender Doñana quienes han permitido que se vulneren los acuíferos" cuando "durante años han tenido la competencia y sigue teniendo la competencia la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir".
Tras su intervención en un desayuno informativo, organizado por Europa Press, el barón autonómico del PP ha lamentado que Ribera diga que adoptará todas las medidas "que sean compatibles con la Constitución y el derecho europeo para defender" el interés del Parque Nacional de Doñana.
Anuncio de la ministra que se produce, ha proseguido Moreno, "cuando se intenta poner solución para que nadie pueda conseguir agua del subsuelo, cuando ponemos una ley de punto final para que no se amplíen los regadíos y para poner orden en caos que han creado ellos durante tantos años de Gobierno".
Fer de Madrid
"Los grupos del Partido Popular y Vox en el Parlamento andaluz han sacado adelante este miércoles, con sus 70 votos, la toma en consideración de la Proposición de Ley conjunta relativa a la regulación de regadíos en municipios del Condado de Huelva, en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Lo han hecho con los voto en contra (37) del resto de partidos de la Cámara autonómica: PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía (AA)" El parlamentario del PP por Huelva Manuel Andrés González ha sido el ponente de esta propuesta. La define como una iniciativa para “resarcir el daño que durante cerca de una década se ha producido hacia los agricultores de la corona norte de Doñana”. Los populares mantienen, al igual que Vox, que lo que se plantea es una “reclasificación de tierras” para que los agricultores de esta zona “se puedan servir de aguas superficiales, no del acuífero, que no se toca”, insisten hasta la saciedad.
Norne Gaest
Con tantas palabras altisonantes y encontradas es difícil hacerse una composición de lugar objetiva. Es una muestra más del nivel en que se desenvuelve la política en España. Me da mala espina, respecto a la posición de PP y Vox, que veinte sociedades científicas se opongan, así como Miguel Delibes, antiguo director del Parque, o las sospechas de la Unión Europea. Pero tampoco me fío de la izquierda española, ya sea a nivel nacional o andaluz. Aunque lo ideal es tratar de buscar un equilibrio que no perjudique a ninguna de las partes, el valor ecológico del Parque debe ser preservado por encima de intereses regantes, en caso de oposición entre ambos.