Nuevo envite judicial del PSOE contra el gobierno de Moreno Bonilla en Andalucía a cuenta de las contrataciones en el contexto de la pandemia. 243 millones desviados a la sanidad privada sin concurso público durante tres años han llevado a la oposición a denunciar al Servicio Andaluz de Salud (SAS).
El proceso coincide con otro que concluye, ya que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha archivado la denuncia por los contratos sanitarios en Andalucía durante 2020, en la pandemia de la covid, prolongando la línea que también adoptó en octubre la Fiscalía Anticorrupción con el que fuera consejero, Elías Bendodo.
Ahora, otra nueva denuncia que ha presentado el PSOE fue primero admitida a trámite y, esta semana, asumida por la Fiscalía Anticorrupción. En respuesta a esta acusación, desde la Junta de Andalucía se remiten al contexto de pandemia. La consejera de Salud, Rocío Hernández recalca que los contratos menores son la única herramienta ágil para responder en situaciones de emergencia como las vividas tras la pandemia.
También la portavoz de la Junta quita hierro al asunto, Carolina España señala que en 2021 el objetivo de la administración era “salvar vidas” y sobre los contratos extendidos entre 2022 y 2023 reitera su confianza y tranquilidad, porque “aquí no estamos hablando de comisiones fraudulentas, sino de un procedimiento administrativo de emergencia. Esto no es un caso Koldo ni nada parecido”.
El balón está ahora en el tejado de la Fiscalía Anticorrupción que se ha hecho cargo de la denuncia que admitió a trámite el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla. El PSOE denuncia a la Junta por prevaricación en la adjudicación a dedo de 243 millones de euros a la sanidad privada, sin publicidad ni concurso y con adendas que contaron con la desaprovación de los servicios de intervención.
La denuncia del PSOE-A
La oposición lleva meses denunciando estos procedimientos en el Parlamento andaluz y pidiendo aclaraciones a la administración. Finalmente, han interpuesto la denuncia por las numerosas prórrogas y adendas de gasto que la Junta extendió hasta mayo de 2023. El paraguas legal para estas contrataciones, el Decreto Covid del Gobierno, no estaba activo ya desde mayo de 2021.
Los socialistas denuncian que hay 243 millones que forman parte de un “sistema paralelo”, de la existencia de un 70% de contrataciones “masivas y a dedo” con irregularidades que han sido denunciadas por los propios interventores de la administración hasta en 18 ocasiones... “y todo, para seguir teniendo a dos millones de personas en lista de espera”, ha denunciado el parlamentario Rafael Márquez en la sesión de control de este jueves 7.
Esta modalidad de contratación fue anunciada por elDiario en 2023. Después, la Intervención del SAS alertó de irregularidades y la Junta anunció la suspensión de estas adendas que venían prolongando la contratación exprés.
En la anterior sesión de Control del Parlamento de Andalucía, el secretario general del PSOE, Juan Espadas –quien sorprendentemente hoy no ha mencionado el tema- reprochó la cantidad de contratos menores realizados por la administración de Moreno Bonilla que contaban con objeciones de los interventores. En respuesta, Moreno Bonilla tiró de hemeroteca, usando datos del Tribunal de Cuentas, y le señaló a Espadas que el SAS, durante la administración socialista que presidía Susana Diaz, realizó contratos menores por un valor acumulado de 791 millones de euros, “contratos menores a dedo y eso sin pandemia”, dijo.
Causa similar ya archivada
Aunque es la primera vez que la administración de Moreno Bonilla está en el escritorio de la Fiscalía Anticorrupción, en las filas del PP no pueden dejar de experimentar una sensación de dejá vu. Las contrataciones exprés en el contexto de la pandemia ya han sido objeto estos años de procesos judiciales, hasta ahora, sin resultados en la Fiscalía.
Elías Bendodo y su equipo ya fueron denunciados -de nuevo por el PSOE- por las contrataciones exprés que impulsaron en marzo de 2020, al inicio de la pandemia. El sistema de contratación no funcionó y tuvo que ser cancelado. Las 3.400 contrataciones exprés que elegían a los aspirantes a un puesto a la administración sin concurso ni baremo, fueron rechazas en lo Contencioso-Administrativo y también investigadas por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada.
En aquel entonces, al igual que hoy en el Parlamento, desde la oposición afirmaron haber pillado “a la Junta con el carrito de los helados”. Sin embargo, aunque Anticorrupción amplió hasta en tres ocasiones las diligencias procesales para investigar los contratos, finalmente la Fiscalía ha archivado este verano la causa contra Bendodo por esos contratos exprés, encontrando “ciertas irregularidades” en varios contratos, pero sin que en ningún caso puedan integrarse al delito de prevaricación.
En paralelo, el destino ha querido que mientras Anticorrupción asume la causa de los 243 millones de euros y cuando en la sesión de contro del Parlamento de Andalucía el Psoe señalan las "irregularidades masivas", el Tribunal de Cuentas haya resulto archivar la causa de los contratos de 2020. Contratos que tienen que ver con las actividades de los Servicios Centrales de Compras de Granada, Sevilla o Almería, para contratar reformas y ampliaciones en espacios sanitarios. Finalmente, esas diligencias han sido archivadas el 24 de octubre por el Fiscal Jefe, Manuel Martín-Granizo. Ahora, la Fiscalía deberá resolver el otro nuevo procedimiento, una vez más, impulsado por las denuncias del PSOE. La actual responsable del SAS en la Junta, interpelada en el Parlamento, ha pedido a los socialistas que "dejen de confundiar a la opinión pública andaluza".
