Ricardo Puyol (Granada, 1974), magistrado juez de profesión, es desde este martes el nuevo director de la recién constituida oficina antifraude y contra la corrupción en Andalucía. Se trata de una institución creada por el Parlamento de Andalucía, del que depende, pero con total independencia a la hora de tramitar denuncias por corrupción. En esta entrevista con Vozpópuli, la primera que concede a un medio de comunicación tras tomar posesión, analiza los retos de este proyecto, así como los avatares de su etapa como juez instructor en Marbella, que prefiere olvidar porque no la recuerda con ningún agrado, debido a la "dureza" y "desesperación" que le acarrearon sonados casos mediáticos, como la imputación de Sean Connery, Julián Muñoz, Juan Antonio Roca y el expresidente del Sevilla F.C. José María del Nido, entre otros personajes conocidos.
PREGUNTA.-¿Cómo surgió su nuevo cargo, de quién partió la idea?
RESPUESTA.- La verdad es que supongo que será a través de casualidades que yo no controlo mucho. Por mi trayectoria, supongo que la pondrían en conocimiento de las personas convencidas de la necesidad de efectuar una propuesta de nombramiento y a través de ellos se verificó, en septiembe, cuando me llamó por teléfono el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, proponiéndome formar parte de este proyecto, en el ámbito de la creación de la oficina anticorrupción. Entiendo que la llamada se produce por el examen de la trayectoria que yo he seguido en este ámbito, no solamente desde el punto de vista jurisdiccional, mi etapa en Marbella, también posteriormente, en el ámbito académico. Dentro del Consejo del Poder Judicial tengo varias publicaciones, como es la necesidad de implementar políticas activas en la lucha contra la corrupción y entiendo que por ahí viene la historia…
P.- ¿Cómo va a ser el modus operandi para canalizar las denuncias que usted va a recibir en su oficina?
R.- Lo primero que hay que decir es que esta primera etapa, después de mi nombramiento, va a ser de stand by. Es decir, hay un acuerdo de la Mesa del Parlamento que articula un sistema transitorio hasta que la oficina esté materialmente constituida. En ese ámbito de esta primera etapa, ya lo dije ante la comisión de mi nombramiento, la labor principal de la dirección y el equipo con el que cuento será reglamentar jurídicamente la oficina. Para ello tenemos la obligación, en el término máximo de seis meses, de conformar un reglamento de funcionamiento y gestión. Una vez se verifique este primer trámite tendremos los dos siguientes: presupuestar la oficina y aprobar una relación de puestos de trabajo, con un organigrama funcionarial, que nos permita ya entrar en la propia dinámica de esta institución, asumiendo ya plenamente todas las funciones encomendadas.
P.- ¿Pero se basan en algún modelo concreto de este tipo de oficinas antifraude, ya en marcha, para tramitar denuncias de este tipo?
R.- Respondiendo a la pregunta concreta de cómo va a funcionar esta oficina, la idea que tenemos es un poco asimilándola a lo que es la OLAF, la oficina antifraude de la Comisión Europea, y las oficinas que ya funcionan en España, concretamente cuatro: Cataluña, Valencia, Baleares y ahora Andalucía, queremos incorporar un canal de denuncias que prioritariamente será telemático, que permita incluso poder incorporar noticias, o alertas, que pueden tener por objeto la denuncia de un fraude y que se pueda tener, de forma anónima, información en tiempo real del contenido de esa denuncia. La obligación de la oficina será practicar diligencias de conocimiento.
P.- Ya, pero ¿qué ocurre con la posible duplicidad de actuaciones con instancias judiciales?
R.- Por supuesto las diligencias que practiquemos no pueden ser concomitantes con aquellas que se vayan a desarrollar en el ámbito de la jurisdicción. En cuanto se tenga conocimiento de que la denuncia ha llegado a la Fiscalía, o los juzgados, esta oficina que dirijo tendrá que poner a disposición de la autoridad judicial competente todo el conocimiento que tenga de esa materia concreta y desde esa perspectiva se elaborarán también protocolos con la Administración de Justicia, para coordinar esa labor previa de sesgo que yo quiero conformar. Se trata de poder cribar el contenido de las denuncias que pueden tener tintes de verosimilitud y que pueden aportar información sobre la comisión no sólo de delitos, sino también de irregularidades de la administración pública.
P.- ¿Hay establecido de antemano una previsión sobre desde dónde van a llegar las denuncias?
R.- El ámbito de actuación de la oficina es muy extenso. No solamente la administración de la Junta de Andalucía y su integridad, sino también la administración institucional, derivada, empresas públicas, sino también la administración municipal, en un ámbito competencial algo más reducido, pero sí en el campo de la investigación, compaginando los mecanismos de fiscalización que tienen los ayuntamientos, a través de los secretarios y sistemas de intervención municipales. A todo esto se suma que también vamos a investigar denuncias que provengan de la administración universitaria, concernida por la competencia objetiva y subjetiva que tiene esta oficina antifraude en relación al funcionamiento de los sistemas jurídico administrativos de la propia universidad.
P.- ¿Cuál es el reto que se marca usted, a priori, teniendo en cuenta que su mandato es a cinco años y ya de por sí las causas judiciales, sobre todo las penales, se eternizan en el tiempo?
R.- Yo tengo ilusión y la expectativa, para eso estoy poniendo toda la carne en el asador y todo lo que sé en esta materia. Creo que, en principio, me he rodeado de un equipo bastante competente, integrantes todos de la propia administración andaluza, personas que ya han trabajado y que tienen experiencia en sectores lindantes con los de esta oficina. Desde esta perspectiva creo que puede ser un proyecto que sí se lleve a término. En cualquier caso tenemos que pensar, y hablo de la sociedad andaluza, que esto de la oficina antifraude no es una elucubración que se le ocurre a una persona en un momento determinado; es un proyecto político que está afectado por toda la normativa internacional, en materia de prevención de la corrupción. El hecho de que, por ejemplo, la administración general del Estado no tenga una oficina parecida no significa que las comunidades autónomas no tengan también ese deber, como digo, derivado del tratado internacional de la ONU contra la corrupción.
P.- ¿Cuál es la asignatura pendiente, a su modo de ver, de los jueces en España en la lucha contra la corrupción, teniendo en cuenta que en los últimos años se han creado equipos multidisplinares, junto con la Agencia Tributaria, entre otros organismos?
R.- Por parte de jueces y magistrados no creo que haya ninguna, tampoco de tribunales. En mi experiencia de más de veinte años, sobre todo mi etapa de Marbella y en otros destinos, lo que he vivido siempre es una prestancia absoluta de mis compañeros en la lucha contra la corrupción. Donde sí que hay déficits estructurales importantes es en lo que el Tribunal Constitucional dio a conocer como “la administración de la administración de justicia”. Se trata de concretar los medios suficientes para que la lucha contra la corrupción sea algo eficaz. Ahí sí que hay un déficit muy importante, por ejemplo de poder incorporar un expediente digital completo de un asunto con numerosísimos tomos, hasta tener medios materiales y telemáticos adecuados que permitan un tratamiento procedimental adecuado. Pasa con todo lo que rodea la delincuencia organizada.
P.- ¿Cómo recuerda su etapa como juez instructor en Marbella, con los casos de relevancia mediática que llevó?
R.- La recuerdo con mucha dureza y a veces mucha desesperación, pero también aprendí mucho de este tipo de temas de corrupción. Desde esa perspectiva hubo una parte mala que fue el sufrimiento que se me produjo al enfrentarme a una querella criminal, ante el TSJA. No es nada agradable, pero por otra parte, quizás, me hice un especialista, o un experto en estos asuntos…
P.- ¿Puede concretar a qué querella se refiere, es a la de los abogados de Sean Connery que acabaron condenados en el caso Goldfinger?
R.- Prefiero no entrar, forma parte del pasado y no quiero entrar en ese tema.
P.- ¿Cómo vivió aquellas presiones del Foreign Office británico y su embajador en España hacia usted para desimputar a Connery? Usted llegó a pedir amparo al CGPJ.
R.- Ya le digo que sobre ese tema prefiero no entrar. Ya he dicho que no fue una etapa agradable de mi vida profesional, probablemente fuera de los veinte años la peor. No fue agradable recibir cartas de autoridades extranjeras y la gente lo sabe, porque se publicó en los medios.
P.- ¿Cuando usted impulsó la imputación de Sean Connery llegó a pensar que podría sentarle en el banquillo?
R.- Bueno, cuando un juez de instrucción impulsa la imputación, hoy investigación de una persona, es porque piensa que hay indicios racionales de participación criminal por su parte en un hecho delictivo y todas las medidas que se adoptan tienen como sentido final acordar que, en un momento determinado, se le pueda interrogar.Ya digo que después viene la fase de enjuiciamiento. El hecho de instruir no merma la presunción de inocencia de la persona.
P.- Como experto que es usted en corrupción ¿considera el caso Malaya como la mayor trama de corrupción municipal que se ha dado en España?
R.- Completamente de acuerdo, no es discutible porque es es algo estadístico. El caso Malaya fue el elemento que instó, por primera vez al Estado a llegar a acordar la intervención de una institución pública como es un ayuntamiento, que es lo que acordó, correctamente, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero Supuso una toma de conciencia de que la corrupción y el fraude público es un problema que debe ser abordado no sólo desde la vía represiva, sino también desde la prevención.
P.- Estará de acuerdo en que lo importante en los procedimientos por corrupción es la devolución del dinero a las administraciones públicas ¿cree que es adecuado y efectivo el modelo del Tribunal de Cuentas?
R.- Legal y reglamentariamente son los procedimientos adecuados, el problema es que aquí nos topamos con un modelo de delincuencia que se caracteriza, básicamente, por su tecnicidad y su profesionalidad a la hora de colocar los activos que se obtienen ilícitamente con la corrupción en lugares donde es muy difícil poder alcanzar el éxito final en la incautación de todos esos esos activos. Yo coincido en que aquí, al final, de lo que se trata es de recuperar el dinero que se malversa, se cohecha y, en definitiva, es obtenido de manera ilícita. En eso hay que incidir y reforzar los mecanismos de cooperación internacional y eliminar los paraísos fiscales, para acabar con la transnacionalidad de la corrupción, para que podamos incautar activos en el extranjero.
P.- A raíz de los grandes sumarios de corrupción han proliferado los casos de funcionarios que se atreven a denunciar y luego se ven perjudicados, o relegados en sus puestos ¿qué mecanismos se prevén para proteger a los denunciantes que a acudan a su oficina?
R.- Debo recalcar que la oficina, junto con la implementación de un canal de denuncias, es un departamento contra el fraude y protección de la persona denunciante. Hay todo un articulado al respecto y no vamos a ser ajenos a la idea que usted me plantea. Esas personas pueden sufrir represalias en su administración, para eso se van a poner en marcha medidas de protección que se van a concretar en el reglamento que estamos ya elaborando.
