En un nuevo auto sobre la pieza separada de la macrocausa de los cursos de formación relativa al "entramado empresarial" ha sido llamado como investigado el que fuera vicesecretario del PSOE andaluz, Rafael Velasco, y mano derecha de Griñán. El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha ordenado las comparecencias de numerosos investigados, entre los que figuran Rafael Velasco y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, quien cumple actualmente condena de cárcel por malversación en el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos europeos.

Un informe de la Cámara de Cuentas aportaba un dato revelador que da idea de la magnitud del dinero público que se destinó a la formación. Solo durante los años 2008 y 2009 se concedieron 23.922.733 euros y 20.646.023 euros, respectivamente, a los catorce entes integrados en la red de Consorcios Escuela de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía. Formades era uno de ellos.

Aparte de estos entes públicos, el Gobierno andaluz repartía fondos millonarios, en forma de subvenciones, a sindicatos, fundaciones y entidades de todo tipo para la formación. Rafael Velasco, conocedor de estas cantidades, organizó a su familia como una 'autentica organización criminal' para cometer un fraude con esas subvenciones.
Según figura en el auto con fecha del pasado 28 de diciembre y difundido por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el juez ha citado como investigado a Rafael Velasco el próximo 27 de febrero, jornada para la cual también están convocados como investigados su esposa, su cuñada, su hermano y la mujer de este. Velasco tenía entre su familia toda una organización laboral con respecto a los cursos de formación.
Su mujer, Antonia M.L., era la administradora única de la empresa Aulacen 5; la hermana de su mujer y cuñada de Velasco, Rafaela M.L., era la evaluadora en los cursos de formación subvencionados; Pedro V.S. hermano del exnúmero dos del PSOE-A y su mujer Inmaculada M.L., cuñada de Velasco, figurarían como docentes en tales cursos. Todo un entramado familiar para sacar partido a los cursos.

Entramado familiar para los cursos de formación

Según el juez instructor, la causa se centra en supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación por la "presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la sociedad mercantil Aulacen 5", vinculada a Rafael Velasco y su familia
Así, la citada entidad "habría recibido, gestionado, justificado y liquidado subvenciones de manera irregular", en el marco de cuatro expedientes administrativos de concesión de subvención otorgadas por el SAE, según detalla el juez instructor, desgranando una primera ayuda de 28.752,30 euros, otra de 41.296,50 euros, una tercera de 82.593 euros y una última de 41.296,50 euros.

No es la única familia en la trama de estos cursos

En enero de 2023, José María P. G. y su sobrino, Luis Manuel P. B. fueron investigados por el juez José Ignacio Vilaplana por una presunta utilización de un “entramado societario” para la obtención «fraudulenta» de subvenciones para formación. El juez explicaba que esta causa “tiene por objeto la mecánica defraudatoria que, en orden a la obtención, ejecución y justificación de subvenciones para la formación profesional para el empleo –con compromiso de contratación-, otorgados por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, habría desarrollado” el investigado José María P. G. “con la colaboración” de su sobrino Luis Manuel P. B.

El magistrado insiste que el primero de los investigados, “con la finalidad de obtener subvenciones para la ejecución de acciones de formación profesional para el empleo”, constituyó el 15 de octubre de 2001 en la localidad sevillana de Carmona la Asociación para la Formación y el Fomento de la Agroganadería Andaluza (Affoaan), una asociación que “habría de carecer de un real sustento y fin asociativo y de un sustrato de asociados que respondieran a intereses comunes, de modo que su real finalidad -y con ello la del referido investigado- era simular una entidad sin ánimo de lucro que facilitara la obtención de subvenciones de esta naturaleza”. 
De este modo, sus asociados y fundadores, además del propio José María P. G., serían su sobrino Luis Manuel P. B., su hermano y otra persona, añade el instructor, que manifiesta que, “con la misma pretensión y finalidad, se habría constituido y desarrollaría su actividad” la mercantil AGRI-RES-2 SL, de la que era administrador mancomunado José María P. G. junto con su sobrino. 

El exconsejero de Empleo también investigado

El día 5 de marzo, el juez cita a varios investigados más, entre ellos Antonio Fernández como presidente del Servicio Andaluz de Empleo en 2008, y los exdirectores generales de Formación María José Lara González, Manuel Brenes Rivas y Manuel Jesús García; así como a Alonso S.F., responsable del Servicio de Gestión y Programación.
"Según se deduciría de lo actuado, podría no haberse cumplido con la disciplina de concesión, control y justificación de tales subvenciones (…) gracias al deliberado concierto de los beneficiarios con los responsables del correspondiente órgano gestor de la subvención", considera el juez, tras atribuir la aprobación y tramitación de las ayudas a los que fueran directores generales de Formación para el Empleo Juan Manuel Fuentes, María José Lara y Manuel Brenes y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández como presidente del SAE.

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