CDC ha depositado este miércolesla fianza de 250.000 euros impuesta por la Audiencia de Tarragona para que el tesorero de la formación, Andreu Viloca, pueda abandonarla cárcel y quedar en libertad provisional en las próximas horas, tras permanecer desde el pasado 22 de octubre en la prisión tras ser detenido en el marco de la investigación sobre el caso del 3%, según han informado fuentes de la investigación a Vozpópuli. De esta forma, el tribunal estima parcialmente el recurso presentado por la defensa de Viloca y desoye el criterio del Ministerio Público que advertía del peligro de destrucción de pruebas si el extesorero quedaba en libertad.
Según han informado a Efe fuentes judiciales, el partido del presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, ha depositado este miércoles en el juzgado avales por valor de 250.000 euros, con lo que Viloca podrá salir de la prisión de Quatre Camins, en La Roca del Vallès (Barcelona). En un auto, la sección cuarta de la Audiencia de Tarragona acordó dejar en libertad bajo fianza a Viloca, a quien también ha ordenado que se le retire el pasaporte y que comparezca semanalmente en el juzgado al entender que su supuesta vinculación a un "entramado organizado" de amplia capacidad económica y contactos de "especial relevancia" aumenta "exponencialmente" su riesgo de fuga.
La decisión llegó 24 horas después de que la Fiscalía Anticorrupción informara en una vista a favor de mantener a Viloca en prisión provisional, donde se encontraba por orden del magistrado de El Vendrell (Tarragona).
La Audiencia de Tarragona estima parcialmente el recurso presentado por la defensa de Viloca y desoye así el criterio del Ministerio Fiscal
El Ministerio Fiscal solicitó el pasado mes de octubre al titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de El Vendrell, el juez Josep Bosch que enviara a prisión de forma preventiva a Viloca ante el "alto riesgo" que existía de destrucción de pruebas en el marco de la operación Petrum III.
Riesgo de destrucción de pruebas
La razón por la que los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo pidieron al instructor que adoptara la medida privativa de libertad contra el tesorero de Artur Mas es porque el pasado mes de agosto, durante la segunda fase de la operación Petrum, los agentes de la Benemérita hallaron una trituradora en el despacho de Viloca, en la sede de Convergencia, y vieron que en ésta se habían destruido unos documentos donde se hacía alusión a la constructora Teyco -la empresa cuyo administrador es Jordi Sumarroca Claverol- y donde había escritas unas cifras.
El instructor acordó entonces enviar a prisión provisional al tesorero en un auto "suficientemente motivado" y donde se acusaba a Viloca de los delitos de prevaricación, cohecho, financiación ilegal de partidos políticos, alteración de concursos públicos, falsedad y blanqueo de capitales.
Los investigadores han echado de menos documentación de los años 2013, 2014 y 2015 en los registros que llevaron a cabo en agosto y octubre en el marco de la operación Petrum
En estos momentos, el Ministerio Público estaba a la espera de que la Guardia Civil encontrase unos papeles claves relacionados como el tesorero de CDC y las comisiones a cambio de adjudicación en obra pública para solicitar posteriormente al instructor que decretase su puesta en libertad ya que sólo entonces habría disminuido el riesgo de destrucción de pruebas por parte de Viloca. Sin embargo, los investigadores han echado de menos esa documentación de los años 2013, 2014 y 2015 en los registros que llevaron a cabo tanto el pasado 28 de agosto como el 21 de octubre en el marco de la operación Petrum y entienden que hasta que esos papeles no aparezcan el riesgo de destrucción de pruebas sigue vivo.
"Elevado" riesgo de fuga
En contraposición, la Audiencia Provincial de Tarragona ha estimado este miércoles parcialmente el recurso de la defensa del tesorero convergente y ha impuesto una fianza de 250.000 euros a Viloca como paso previo para abandonar la prisión.
En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, el tribunal no aprecia riesgo de destrucción de pruebas aunque admite que sí existe un "elevado" riesgo de fuga, por lo que impone a Andreu Viloca una fianza de 250.000 euros y, una vez abandone la cárcel, ordena que se le retire el pasaporte, que se le impida salir de España y que comparezca de froma semanal en sede judicial con el objetivo de "minimizar" el riesgo de una acción elusiva de la justicia.
El tribunal considera que la instrucción está avanzada y quelos investigadores ya se han podido incautar de la documentación necesaria en los registros
Los magistrados Francisco José Revuelta, María Concepción Montardit y Jorge Mora añaden que la instrución de esta causa "no se encuentra en una fase inicial, pusto que la misma lleva dos años en curso, habiéndose practicado diferentes diligencias instructoras, entre las que se encuentra las diligencias de entradas y registros constatadas, incautando todos aquellos documentos, soportes informáticos y efectos que consideraron necesario para el esclarecimiento de los hechos investigados".
"A ello debe sumarse que el hecho de la que la resolución recurrida -el auto de prisión dictado por el juez Bosch- no concreta qué diligencias instructoras pueden verse comprometidas por el apelante en caso de encontrarse en situación de libertad, dato esencial si atendemos a las circunstancias propias del presente caso", reza el auto.
No obstante, los jueces advierten en su resolución de que "existen indicadores de la concurrencia de un entramado organizado, entramado con una amplia capacidad económica, con contacto con diferentes personas de especial relevancia, circunstancia que, unido a la gravedad de los hechos denunciados, incrementan exponencialmente el riesgo de fuga del hoy apelante" de ahí que se fije una fianza y medidas cautelares contra el tesorero de Artur Mas.
