La Fiscalía Anticorrupción recurre el archivo de Ignacio Sánchez Galán en el caso Villarejo. Apenas una semana después de que el magistrado Manuel García Castellón le sacara del procedimiento por prescripción del delito, el Ministerio Público ha recurrido su decisión alegando que los hechos no estarían prescritos porque se le implica, además, en un último encargo de espionaje al comisario jubilado en 2011.
Según confirman fuentes jurídicas a Vozpópuli, la Fiscalía ha recurrido directamente en apelación la decisión del magistrado Manuel García Castellón, la cual se acordó siguiendo el criterio de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Esta Sección dejó poco margen de actuación al juez del caso Villarejo al explicar en uno de los autos de la pieza, que el delito por el que se actuó contra la excúpula de la eléctrica estaba prescrito.
En concreto, la Sala de lo Penal plasmó ese criterio en su pronunciamiento sobre Rafael Orbegozo. El que fuera jefe de gabinete de Presidencia también fue imputado en el caso Villarejo por el presunto conocimiento que pudo tener de algunos de los encargos de espionajes encargados el comisario jubilado. Tras tomarle declaración y practicar varias diligencias de prueba el juez le archivó la causa y la Sala de lo Penal confirmó dicho archivo el 3 de junio.
El criterio de la Sala de lo Penal
En su auto, los magistrados explicaron que, además de no haberse podido acreditar su implicación en el encargo de los trabajos a Villarejo, cabría tener en cuenta la prescripción de los delitos de cohecho, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil que se le atribuía. Los mismos tendrían un plazo de prescripción de 10 años a contar desde su comisión hasta que el procedimiento se dirige contra el investigado. Como los hechos se remontan a 2009 y 2011, los mismo estarían prescritos.
La defensa de Sánchez Galán acogió la tesis de la Sala de lo Pena para pedir su archivo y el magistrado lo concedió. En su auto, el juez explicó que, en ninguna de las anteriores cuatro ocasiones que pidió salir de la causa se lo concedió porque había indicios que le incriminaban en el contrato de algunos de los encargos. En concreto, se refirió al primero de los trabajos del Grupo Cenyt para Iberdrola (proyecto Arrow) y a un supuesto espionaje a Florentino Pérez que se gestó en 2009 con los proyectos Posy y Gipsy.
Sin embargo, en esta quinta ocasión accedió a la petición y lo hizo a tenor de lo manifestado por la Sala con su exjefe de gabinete. "La contundencia de esa resolución no deja margen de actuación a este instructor, quien de forma reiterada había desestimado las solicitudes de sobreseimiento y archivo efectuadas por el investigado Sánchez Galán", dijo el juez y añadió: "No cabría otra opción más que declarar la presencia de esta circunstancia extintiva de la responsabilidad".
Delitos no prescritos
La Fiscalía Anticorrupción no mantiene el criterio de la Sala de lo Penal y por eso ha recurrido la decisión del juez. Según confirman las fuentes consultadas a este medio, los delitos no estarían prescritos ya que hay indicios de que Sánchez Galán conoció también otros encargos al comisario jubilado posteriores a los de 2009. En concreto, el que se gestó en 2011, bautizado como proyecto Wind, y por el cual se imputó en esta macrocausa a la filia Iberdrola Renovables.
Este proyecto (que se dividió en dos fases) fue el último que acometió Villarejo desde sus empresas para Iberdrola. El mismo se encargó para que se espiase a la sociedad suiza Eólica Dobrogea y el patrimonio de su accionista mayoritario Christopher Kaap tras declararse insolvente para hacer frente a un lado que le había ganado la multinacional vasca.
A diferencia de los encargos efectuados entre los años 2004 y 2009, en este caso los hechos delictivos no habrían prescrito ya que el juez imputó a Sánchez Galán en 2011 y, por tanto, no se supera el límite de 10 años que establece la Ley. El proyecto Wind también tiene como peculiaridad que no se costeó desde la matriz, sino desde la filial Iberdrola Renovables.
Proyecto Wind
En su declaración ante el juez, el representante legal de la compañía negó en todo momento que el pago de una única factura por 29.000 euros a Villarejo respondiera a este trabajo, sino que se costeó una oferta de servicio que nunca se llegó a materializar. Con todo, la segunda parte de este proyecto se terminó de gestar en el año 2016, cuando Villarejo ya estaba jubilado y, por tanto, no era funcionario en activo dentro de la Policía Nacional.
El archivo de la causa para Galán se produjo apenas semanas después de que el juez descartase imputar a la matriz por los encargos a Villarejo. Su archivo se suma al de otros exaltos cargo de la eléctrica que también fueron imputados en esta pieza decimoséptima de Tándem, como es el caso de los 'exnúmero dos' José Luis San Pedro y Francisco Martínez-Córcoles, además de los exaltos cargos Pablo Insunza, Juan Carlos Rebollo, Fernando Becker o Rafael Orbegozo.
La responsabilidad penal por contratar a un policía en activo se relega, pues, al que fuera director del departamento de Seguridad, Antonio Asenjo, el cual ya admitió que las contrataciones se gestaron en su área. El propio Sánchez Galán se desligó de Villarejo y delegó en Asenjo la decena de trabajos que Villarejo acometió para Iberdrola entre los años 2004 y 2017.
Destacan espionajes por la imposibilidad de construir una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera, a hombres fuertes de la compañía por supuesta competencia desleal (como ocurrió con Pedro Barriuso) o a Manuel Pizarro (proyecto BlackBoard). La relación entre Iberdrola y Villarejo se interrumpió entre 2006 y 2009, pero se retomó ese año con supuestos espionajes a personas del entorno de Florentino Pérez ante la sospecha de que filtraban información de la compañía. Iberdrola, por su parte, siempre ha negado encargo o pago alguno para espiar al presidente del Real Madrid.
