La Fiscalía Anticorrupción mantiene el cerco al entorno directo de Raúl Morodo por sus lazos con PDVSA. El Ministerio Público se niega a dividir en partes el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional contra el exembajador de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela al considerar que existe un nexo común entre todos los imputados y los supuestos cobros irregulares que habrían canalizado desde la petrolera bolivariana.
El criterio de la fiscal coincide con el del magistrado al frente de esta causa, Alejandro Abascal, que ha denegado la petición de uno de los imputados de abrir una pieza separada para desligarle de la causa troncal. En la última documental adherida al sumario y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, tanto la Fiscalía como el juez instructor deniegan la petición del empresario Carlos Adolfo Prada y le responden que todavía quedan diligencias pendientes de practicar para determinar el vínculo de todos los imputados en el conocido como 'caso Morodo'.
La defensa de Carlos Prada solicitó a la Audiencia Nacional que se formara pieza separada para investigar los hechos que le afectan a él ya que, según plasmó, no había una conexión real entre las irregularidades que se atribuyen a Raúl Morodo y su entorno. Prada, ciudadano de nacionalidad venezolana, está implicado en este procedimiento acusado de haber blanqueado importantes cuantías procedentes de PDVSA a través de su firma, la Consultora Alcander.
El recorrido del dinero
"El resultado de las diligencias ya incorporadas a la causa desvela que, en contra de lo referido por la representación de Carlos Adolfo Prada, sí existe vinculación entre los investigados", responde Anticorrupción. La fiscal al frente de la causa precisa que todas las diligencias pendientes de practicar -entre las que se encuentra también una investigación fiscal más exhaustiva a la mujer de Morodo- afectan a todos los imputados, de manera que no se puede desgajar.
Al respecto la Fiscalía traza el recorrido de los pagos que habrían salido de Venezuela con destino a las empresas de vinculadas al exembajador en Venezuela. Según razona, las diligencias han permitido acreditar pagos realizados por la sociedad Aequitas Abogados y Consultores Asociados (vinculada al hijo del diplomático, Alejo Morodo) a las sociedades Ahedo Asesores y Consultora Alcander. Se trata de dos mercantiles ligadas a Carlos Adolfo Prada.
Del mismo modo recuerda los contratos firmados entre PDVSA y Furnival Barrister, otra de las empresas vinculadas a Alejo Morodo y creada en Panamá. La Policía Judicial sospecha que este trasvase de fondos se hizo mediante contratos ficticios de asesoría que habrían utilizado para tapar el desvío de comisiones millonarias provenientes de la principal empresa de Venezuela. Ahora, Anticorrupción recuerda que todos esos contratos se firmaron en nombre de PDVSA por el fallecido Juan Carlos Márquez, socio de Carlos Adolfo Prada.
Destino de las comisiones
Precisamente una de las líneas de esta investigación penal se ha centrado en el estudio de las empresas ligadas a Juan Carlos Márquez. El que fuera directivo de PDVSA fue hallado ahorcado en Madrid poco después del arranque de las pesquisas en 2019. Sin embargo, el avance de la causa y las comisiones rogatorias libradas a Suiza para seguir el rastro de los fondos desveló la existencia de una empresa ligada a su familia y que también habrían podido utilizar para canalizar los fondos. Se trata de la Fundación Ayacucho.
Las autoridades helvéticas respondieron a la Audiencia Nacional que esta mercantil -a nombre de los padres de Márquez Cabrera- se registró en Panamá en 2018 con un capital social de 10.000 dólares. Un año después llegó a amasar hasta 5,7 millones de dólares. Los movimientos de capital levantaron sospechas de la entidad de Zarattini and Co. Suiza, que impulsó una due diligence por blanqueo de capitales. Al respecto lo único que pudieron acreditar es que el padre de este exalto cargo de PDVSA tuvo intereses comerciales con Venezuela, aunque no obtuvieron más información al respecto debido a la falta de colaboración del país bolivariano.
Anticorrupción recuerda ahora la figura de Márquez Cabrera para demostrar su vínculo con Carlos Prada (socio suyo en Alcander) y, a su vez, con el resto de imputados en esta causa abierta por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción en las transacciones internacionales y contra la Hacienda Pública. Por ello explica que quedan muchos flecos abiertos en la investigación que hace que no se pueda desgajar en varias partes. Al menos por el momento.
Un día después de que Anticorrupción presentara su escrito, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional respondió en una providencia que sus argumentos eran "atendibles" y que había que esperar a agotar las pruebas impulsadas "para determinar la vinculación de todos los investigados". Con todo, Anticorrupción mantiene que Morodo y su entorno más cercano habrían canalizado 4,5 millones de euros entre 2011 y 2015 procedentes de la estatal PDVSA.
