Lo pidió uno de los heridos en la tragedia militar de Hoyo de Manzanares y la Justicia lo ha admitido: la juez que instruye la causa ha sido apartada por su "apariencia de imparcialidad" tras insistir en la imputación del oficial de las Fuerzas Armadas, en contra del criterio del Tribunal Militar Territorial Primero. Uno de los tres ponentes, no obstante, presenta un voto particular "parcialmente discrepante". La decisión de retirar a la juez constituye un nuevo tropiezo en una causa que se prolonga desde hace 11 años. Pasa el tiempo y aún no hay una respuesta clara sobre los motivos que propiciaron el suceso, que se saldó con la muerte de cinco militares y provocó heridas de diversa consideración en otros tres efectivos.
El 24 de febrero de 2011 estalló una mina en el transcurso de un ejercicio relacionado con la desactivación de explosivos, que alcanzó de pleno a los militares del Ejército de Tierra y de Infantería de Marina que se preparaban para irse de misión al Líbano. Cinco perdieron la vida y tres resultaron malheridos. Desde entonces se desarrolla un complejo proceso judicial marcado por los archivos y las reaperturas del caso. Por medio, informes periciales sobre el estado de las minas y análisis sobre las circunstancias del suceso.
El teniente retirado José Manuel Candón sobrevivió a la explosión, pero se vio abocado a un sinfín de intervenciones quirúrgicas, lastrando secuelas físicas de por vida. Su lucha por su propia recuperación se desarrolla de forma paralela al proceso judicial, en el que consta como testigo y perjudicado. En varias ocasiones ha insistido en que los términos del suceso aún están por esclarecer y que se deberían depurar responsabilidades por las muertes de sus compañeros y las heridas en el resto de efectivos.
El procesamiento del militar
Pero todo dio un vuelco en febrero de 2021. El teniente Candón presentó un escrito en el que alertaba de “parálisis procedimental” y de “dilaciones” en la instrucción, toda vez que consideraba que en los últimos tres años -desde que se reabrió el caso- no se habían registrado avances significativos. A los pocos días, se le notificó un auto al teniente de Infantería de Marina en el que la juez le comunicaba su procesamiento en la causa, como presunto responsable en los hechos. “De acusación y perjudicado a procesado en el mismo acto”, refirió el abogado del militar.
El procesamiento, no obstante, tuvo poco recorrido. El Tribunal Militar Territorial Primero lo revocó a principios de mayo, pero la juez insistió en la ‘imputación’ y le citó a declarar. El mismo tribunal rechazaría la decisión y dictó sobreseimiento del sumario. Esa insistencia de la juez es clave para entender por qué ahora se le ha apartado de la causa.
Como contó Vozpópuli, el teniente Candón recusó a la juez. O lo que es lo mismo, pidió que se le apartara del caso. Alegaba varios motivos. Primero, la supuesta “pasividad” y “excesiva dilación” de la magistrada en el caso. También denunciaba que la juez parecía “haber dado cobertura a hechos y personas con clara y directa incidencia en los hechos”, lo que habría frenado una correcta investigación. Y, por último, apuntaba la “sospecha manifiesta” de que la magistrada tuviera algún tipo de “interés personal en la causa”, al presentar una “enemistad manifiesta” contra el teniente Candón tras la insistencia en su procesamiento.
La juez togado se defendió. Consideró que la recusación basada en “conjeturas” abría las puertas para apartar de “manera espuria” a cualquier juez que no fuese del agrado de una de las partes implicados en una causa. Defendía su actuación y aseveraba que había seguido todos los procesos correspondientes para imputar al militar, al mismo tiempo que rechazaba la “implicación de la cadena de mando” en la tragedia de Hoyo de Manzanares. Descartaba cualquier “enemistad manifiesta” contra el oficial de las Fuerzas Armadas y rechazaba toda afirmación relacionada con una “instrucción tendenciosa para favorecer al mando”.
La decisión del Tribunal
Atendiendo a esos hechos, el sumario del Tribunal Militar Territorial Primero aborda los “reiterados procesamientos” del teniente Candón y considera que el segundo fue “indebido” y “dictado sin base alguna en indicios de criminalidad”. Pese a no poder advertir una “enemistad manifiesta”, la sala concluye que el militar puede albergar “razonablemente” un “sentimiento de animadversión” de la juez contra él, basado en una decisión “jurídicamente inexplicable e injustificada”.
El tribunal discurre por sentencias en casos que considera similares, dictadas por el Tribunal Constitucional, o en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que demuestra la complejidad de la decisión de la sala. Todo ello para llegar a la conclusión definitiva: “Existen motivos para apreciar que la apariencia de imparcialidad de la juez instructor ha quedado cuestionada con razón suficiente”. Una base que sirve para apartar a la magistrada… y buscar a un nuevo juez para el caso. Para esto último no existe un plazo determinado.
Pero hay más. El tribunal pide a la fiscalía que valore las acusaciones "sumamente graves" del militar Candón sobre la magistrada, que alcanzan la "trascendencia jurídico penal", y que se pronuncie sobre la posibilidad de imputar a la juez un delito de prevaricación.
De los tres magistrados del Tribunal Militar Territorial Primero que firman la diligencia, uno presenta un voto particular discrepante. A su juicio, se debería desestimar la solicitud de recusación y mantener a la juez instructora, al considerar que la solicitud de apartarla no está debidamente fundamentada.
Es el último episodio de un extenso proceso judicial. El próximo día 24 se cumplirán once años de la tragedia de Hoyo de Manzanares y aún no hay una sentencia firme sobre los hechos que convulsionaron a las Fuerzas Armadas, marcados por la explosión de una mina y la muerte de cinco militares en el transcurso de unas maniobras.
