El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya no tendrá que explicar su decisión de haber mantenido cerrados varios parques de la capital durante el coronavirus. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 ha acordado el sobreseimiento y archivo de la denuncia por prevaricación contra el dirigente del PP y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.
Según consta en el auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado ha considerado que la decisión de mantener los parques cerrados "viene fundamentada en que se mantiene prorrogado el estado de alarma". En este sentido, ha concluido que "está dotada de cobertura legal suficiente como par no poder considerarla, contraria a derecho, y eso ya daría lugar a entender que no nos encontramos ante un supuesto de delito prevaricación".
La decisión tiene lugar después de que la Fiscalía de Madrid pidiera al juez que archivara la causa contra el primer edil. El ministerio público se adhirió al recurso presentado por la representación legal de Martínez-Almeida y de Borja Carabantante. Alegó que tanto la denuncia inicial como el auto incoado por el magistrado no aclaraban la resolución concreta que sería "presuntamente arbitraria".
Ahora, el magistrado ha determinado que la Dirección General de Gestión de Aguas y Zonas Verdes dispuso la adopción de medidas como consecuencia de la evolución de la crisis sanitaria del coronavirus. Por ello, ha acreditado que no existe ningún elemento normativo en el que se perciba ningún delito de prevaricación y ha procedido al sobreseimiento de las medidas legales.
Recurso de apelación
El abogado José Luis Mazón, que interpuso la denuncia ante el Juzgado, alegó que el Ayuntamiento no era competente para cerrar un parque por coronavirus. Según precisó, solo podía hacerlo en caso de tormentas. A su juicio, "lo recomendable" durante la pandemia es que los parques estén "abiertos para facilitar el paseo en espacios verdes".
La Fiscalía, sin embargo, hizo referencia a la orden ministerial SND/380/2020 donde se "deja claro" que son las autoridades locales los que "facilitarán el reparto del espacio público a favor de los que caminan y de los que van en bicicleta, en ese orden de prioridad".
Tras la decisión del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el letrado ha decidido interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
