Se llama Amand Calderó y acostumbra lucir un lazo amarillo en su solapa, símbolo del independentismo para solidarizarse con lo que consideran “presos políticos”. Él es el máximo responsable de las cárceles catalanas. Sobre su departamento recae ahora el futuro más inmediato de los líderes independentistas presos una vez que las juntas de tratamiento han propuesto que sean clasificados en segundo grado.
“No es que cojee, es que vive por el independentismo. Es independentista y lo ha admitido abiertamente, pero yo no critico eso, sino su falta de ética para separar las dos cosas. Él no puede cuestionar la independencia judicial”, dice en declaraciones a Vozpópuli un funcionario de prisiones en Cataluña. Otro compañero, que le ha tratado en diversas ocasiones, le define como alguien correcto y accesible pero poco resolutivo: “Nos gustaría alguien que nos defendiese un poco más, no sé si es que va con el cargo”.
En abril del año pasado el entonces líder del PP, Xavier García Albiol, protestó porque Calderó había comparecido en el Parlament con el lazo amarillo. “El mejor ejemplo de la anomalía democracia que vivimos en Cataluña. En el Parlament ahora compareciendo el director de centros penitenciarios con un lazo amarillo en favor de internos que dependen de él. Todo muy coherente”, dijo el dirigente popular. No es el único espacio público en el que Calderó se ha dejado ver con este símbolo.
El mejor ejemplo de la anomalía democracia que vivimos en Cataluña. En el @parlamentcat ahora compareciendo el director de centros penitenciarios con un lazo amarillo en favor de internos que dependen de él. Todo muy coherente. pic.twitter.com/mbgl9MrXic
— Xavier García Albiol (@Albiol_XG) September 27, 2018
Anfitrión de Torra
En agosto de 2018 el presidente Quim Torra visitó a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell en el centro penitenciario Mas d'Enric. Calderó ejerció como anfitrión y de aquella visita quedaron las fotos de ambos con el lazo en la solapa.
Sobre su departamento recae la decisión de que Oriol Junqueras y el resto de reclusos independentistas pasen las navidades en casa. Una vez que las juntas de Lledoners (Barcelona), Puig de les Basses (Girona) y Mes d’Enric (Tarragona) donde se encuentran repartidos se han pronunciado este miércoles, se abre un plazo de hasta dos meses de tiempo para que el departamento de Calderó tome una decisión.
Si se diese prisa y les otorgase el tercer grado, los condenados por el Tribunal Supremo llegarían a tiempo para tomarse las uvas en su casa. La decisión de este miércoles tiene un perfil técnico. Las fuentes consultadas ponen en duda que Calderó haya podido influenciar en la propuesta conocida este miércoles. Una Junta de Tratamiento es un órgano colegiado que integran distintos profesionales del centro, desde el director hasta el psicólogo, el jurista, el jefe de seguridad o el responsable de los servicios médicos, entre otros.
Favorable de los regímenes flexibles
Ahora la decisión adquiere un terreno más político. Quienes conocen su trayectoria avisan de que tiene un perfil muy favorable a las políticas tratamentales, es decir, que los presos -no solo los del procés- cumplan sus penas en regímenes flexibles. El Reglamento Penitenciario está lleno de opciones, desde el tercer grado hasta la aplicación de un 100.2, que permite a los reclusos salir todos los días de la cárcel varias horas para trabajar o formarse.
“El objetivo de la reinserción no se discute, pero se corre el riesgo de desvirtuar el sentido de las penas y convertir a los funcionarios en meros porteros que abren y cierran la puerta desprovistos de autoridad”, se queja un funcionario. Recuerda que suya fue la decisión de otorgar el tercer grado a Oriol Pujol, hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.
Aquella decisión fue revocada por la Justicia y en consecuencia la cárcel le otorgó después un artículo 100.2. En ese sentido, la concesión de un régimen flexible paro los líderes del procés no iría en contra de decisiones pasadas del departamento de prisiones de la Generalitat.
A las órdenes de Capella, de ERC
Calderó era el responsable de la Direcció General de Serveis Penitenciaris (DGSP), pero este año se remodeló la estructura y pasó a llamarse Secretaria de Mesures Penals, Rehabilitació i Atenció a la Victima (SMPRiAV). Es el equivalente de Instituciones Penitenciarias en el resto del país. Tras los cambios, Calderó experimentó una especie de ascenso al rango de secretario del Departamento de Justicia a las órdenes directas de la consejera de Justicia, Ester Capella, de ERC.
La relación entre ambos es fluida, indican fuentes penitenciarias consultadas. Capella concedió este verano una entrevista a Europa Press donde advirtió al Poder Judicial -dos meses antes de la sentencia- que “tiene que entender que el Govern de Cataluña es un gobierno independentista y lo tiene que respetar”. “El objetivo de la independencia sigue incólume”, dijo en otra entrevista concedida al diario El País.
En Cataluña, las prisiones dependen de Justicia y no de Interior como en el resto del país. Es la única comunidad autónoma que tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria. Este traspaso se inició cuando Jordi Pujol todavía era presidente de la Generalitat. El propio exdirigente llegó a reconocer que aquella reivindicación nacionalista le había generado críticas, porque no es una competencia especialmente simpática, pero le reivindicó como una medida más en la línea de construir Cataluña.
