Un mes después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón reclamara su procesamiento por cobrar presuntamente comisiones en la compra de la empresa brasileña Emissao, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González pasa al ataque contra los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO). Les acusa de llegar a conclusiones "sesgadas" y que según su opinión no están presentadas de forma neutra, "sino induciendo a una búsqueda de culpabilidad en mi representado", según consta en un recurso de reforma presentado el 29 de noviembre en el Juzgado Central de Instrucción número 6.
En el escrito, que trata de convencer al juez para que no envíe al expresidente madrileño al banquillo de los acusados, el abogado de Ignacio González critica abiertamente el informe final de la UCO de la Guardia Civil que, según esta versión, no "recoge ninguna prueba ni indicio" contra Ignacio González.
"Lo que deja al descubierto la absoluta falta de resultados de una ingente investigación efectuada durante cuatro años respecto de mi representado, el notable gasto de medios públicos empleados, y la absoluta ausencia de justificación de la detención y su posterior ingreso en prisión provisional durante ocho meses, con la notable repercusión mediática y daño personal que todo ello provocó", concluye en un duro relato el letrado Esteban Mestre.
Asimismo, el letrado carga contra los autores del informe policial, y siembra dudas sobre la formación en temas económicos y financieros de los agentes. En concreto, rechaza las valoraciones de índole mercantil y financiera de la UCO: "Excediéndose mucho en la labor de investigación, análisis de la documentación y dispositivos intervenidos, y de exposición de evidencias, que les compete".
Sin pruebas
En el documento la representación legal del expresidente madrileño también acusa a los agentes de extralimitarse en sus conclusiones: "Sólo al magistrado instructor corresponde realizar la valoración de las evidencias extraídas de toda la prueba documental y electrónica, y no a la Guardia Civil, que se ha arrogado unas funciones judiciales que no le pertenecen. Resulta inaudito y absolutamente preocupante que, en un Estado de Derecho, se permita a unos funcionarios policiales esta atribución de funciones para acusar a una persona, como hacen, sin prueba real alguna".
Resulta inaudito y absolutamente preocupante que en un Estado de Derecho se permita a unos funcionarios policiales esta atribución de funciones para acusar a una persona, como hacen, sin prueba real alguna", apunta el abogado de González
El abogado del expresidente madrileño considera que los arrepentidos, Edmundo Rodríguez Sobrino; el exdelegado del Gobierno del PP en Ceuta Luis Vicente Moro; y Diego García Arias, que han señalado a González como la 'X' de las 'mordidas' en la operación de compra de Emissao por parte del Canal de Isabel II, solo han declarado que es el cabecilla de la trama para tratar de que el ministerio público les rebaje una eventual pena.
"Lo evidente, en todo caso, es que ninguno de los investigados afirma haber hablado directamente con mi representado y que éste le pidiera comisión alguna, y ninguno aporta ningún elemento que corrobore sus manifestaciones. La modificación del contenido de sus declaraciones solamente tiene una finalidad espuria, para implicar a Ignacio González como supuesto líder de una trama delictiva a cambio de obtener un atenuante de su responsabilidad por la supuesta confesión, de cara a una sentencia condenatoria", especifica el letrado.
"Comisiones ilegales"
El recurso considera, en este sentido, que los arrepentidos actúan de esta forma ya que la UCO sí había encontrado pruebas contra ellos del cobro de comisiones ilegales, "lo que les posiciona en la necesidad de obtener algún beneficio penológico, y creyendo lograrlo implicando de alguna manera en los hechos a mi representado", concluye Esteban Mestre.
Y todo ello, prosigue el letrado, sin que se haya encontrado el dinero de las 'mordidas': "A pesar de la ingente investigación económica llevada a cabo respecto a Ignacio González y su familia desde octubre de 2015 hasta la actualidad, no se ha encontrado indicio alguno que haga sospechar la existencia de fondos ilícitos".
