La Fiscalía Superior de Cataluña considera que habría sido "poco sensato" que el juez que investiga el 9N, Joan Manel Abril, hubiera interrogado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, "en pleno proceso de formación de la voluntad popular", por lo que ve adecuado que el TSJC haya respetado el "proceso electoral" y le haya imputado tras las elecciones del 27 de septiembre, según informa Efe.
En una nota publicada este miércoles, la Fiscalía ha advertido de que atribuir una "intencionalidad política" a la fecha fijada por el magistrado para interrogar a Mas, el próximo 15 de octubre, relacionándola "con presiones de otros poderes del Estado e incluso con connotaciones históricas, ya que coincide con el 75 aniversario del fusilamiento de Lluís Companys, atenta gravemente contra la independencia del Poder Judicial y contra el propio sentido común".
"En un procedimiento penal, la declaración de los querellados en calidad de imputados es una exigencia legal", subraya el Ministerio Fiscal
Según la Fiscalía, la fecha elegida por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) "ha respondido adecuadamente tanto a la necesidad de recoger un mínimo de evidencias sobre los hechos objeto de la investigación como al respeto al reciente proceso electoral". "La Fiscalía actúa como defensora de la legalidad, del interés público y de los derechos de los ciudadanos, manteniéndose en la más estricta imparcialidad, ajena por completo al juego político", recoge el comunicado.
De la misma manera, la Fiscalía catalana recalca en su escrito que "en un procedimiento penal, la declaración de los querellados en calidad de imputados es una exigencia legal".
Polémicas citaciones
Dos días después de las elecciones catalanas del pasado 27 de septiembre, el juez del TSJC que instruye la causa sobre la consulta del 9N acordó este martes citar como imputado al presidente en funciones de la Generalitat, así como a las dos otras querelladas: la exvicepresidenta Joana Ortega y la consellera en funciones de Enseñanza, Irene Rigau, que comparecerán el próximo 13 de octubre.
Tras el anuncio, la Generalitat denunció que estas imputaciones suponen un "juicio político" a Mas, mientras que los partidos y las asociaciones independentistas alertaron sobre un uso partidista de las instituciones.
Por el contrario, la Fiscalía Superior de Cataluña ha exigido hoy respeto a la independencia judicial y ha deplorado "las actuaciones que, desde ámbitos políticos y mediáticos y de forma interesada, cuestionan su legitimidad".
En la nota publicada este martes, la Fiscalía considera "ineludible" salir al paso de algunas "afirmaciones mediáticas y políticas" y aclara que el Ministerio Público defendió ante Abril que no correspondía interrogar a Mas en plena campaña electoral, "como alguna parte pedía".
"La Fiscalía actúa como defensora de la legalidad, del interés público y de los derechos de los ciudadanos, manteniéndose en la más estricta imparcialidad, ajena por completo al juego político", remarca el escrito. En la nota, la Fiscalía Superior destaca que, en un procedimiento penal, la declaración de los querellados en calidad de imputados "es una exigencia legal, consecuencia necesaria de la admisión de la querella por un órgano judicial".
Peticiones de los imputados
En plena campaña electoral, Mas, Ortega y Rigau solicitaron al TSJC que no se acordara ninguna nueva diligencia de investigación ni testifical por la querella del 9N hasta que comparecieran como imputados ante la justicia.
El juez finalmente accedió este martes a su planteamiento y decidió tomarles declaración como imputados antes de seguir con las demás testificales, que han sido fijadas para el 19 de octubre, entre ellas las de una directora de instituto que denunció presiones de la Generalitat por negarse a abrir su centro para la votación y la de la responsable del Centro de Reinserción (CIRE), dependiente de la conselleria de Justicia, que encargó la confección de las papeletas y urnas del 9N a presos de la cárcel de Lleida.
