El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, tiene sobre su mesa un informe interno que recoge todos los escenarios posibles que se abren con el desafío independentista de Artur Mas, que vivió su penúltimo episodio el pasado miércoles con la votación en el Parlament de la declaración soberanista que define a Cataluña como "sujeto político y jurídico soberano" legitimado para organizar un referéndum en 2014.
Dicho texto desentraña, según ha podido saber Vozpópuli, las disponibilidades penales, contencioso-administrativas y constitucionales de que dispone el Ejecutivo para parar a la Generalitat, desde los recursos al Constitucional, pasando por la inhabilitación o la suspensión de la autonomía conforme al artículo 155 de la Constitucion. Dicho artículo reza que "si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".
Desobediencia, rebelión o delito de sedición son algunas de las figuras penales que podrían llegar a ser de aplicación al presidente de la Generalitat
Asimismo, el informe recuerda los tipos penales que se podrían aplicar a Artur Mas llegado el caso, como los de desobediencia, rebelión o sedición, todos ellos recogidos en el Código Penal. La Fiscalía no se inclina por una u otra medida, sino que se limita a resumir todos los instrumentos legales pertinentes en caso de que el Ejecutivo decida actuar contra el Gobierno de la Generalitat si reforma su actual Ley de Consultas para hacer posible un referéndum soberanista o, directamente, lo lleva a cabo.
Pero desde Moncloa no parece llegar ninguna instrucción concreta. El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, afirmó ayer desde Perú que "decir, afirmar o aprobar resoluciones que no están en el espíritu constitucional creo que no sirve para nada". El Gobierno, dijo, seguirá apostando por la convivencia y el diálogo, pero "aplicará, como es su obligación, puesto que para eso nos han elegido los españoles, la ley siempre y si ello fuera preciso con mayor razón", informa Efe. Un día antes, el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Gacía Margallo, si bien dijo que el Ejecutivo no va a permitir "nunca" una consulta que no se ajuste a la legalidad, subrayó que la declaración aprobada por el Parlamento catalán era "retórica y sin efectos jurídicos".
Desde Moncloa afirman que sólo se actuará "sobre hechos que tengan un recorrido" ante el riesgo de "dar pasos en falso". Consideran que el Gobierno central "debe andar con cierta prudencia", valorar los escenarios y las distintas actuaciones porque "hay tiempo para hacer las cosas". Como norma general la consigna es "colaboración cero con la escalada verbal" aunque admiten que hay algunos ministros "más nerviosos que otros" respecto de la necesidad de empezar a actuar, de lanzar alguna señal a la Generalitat respecto a la ilegalidad del camino emprendido más allá de las declaraciones contudentes.
Los mismos medios consultados aseguran que "cada Ministerio está trabajando en sus ámbitos. Nadie está libre de su cuota de análisis y de actuación", eso sí, cuando proceda y, de momento, afirman, no procede.
