El vínculo entre Yolanda Díaz y el sindicalismo es muy fuerte. La vicepresidenta segunda del Gobierno ha atado su futuro político al devenir de la reforma laboral que tantos quebraderos de cabeza está dando a la coalición. Ella misma ha zanjado en varias ocasiones que la razón de ser de su asiento en Moncloa es derogar el andamiaje laboral del PP, vigente desde 2012. Y las principales organizaciones de trabajadores están expectantes a la espera de cómo se desarrollen los acontecimientos.
Mientras, según fuentes sindicales consultadas por Vozpópuli, un runrún resuena cada vez con más fuerza: si la reforma, en los términos que plantea el equipo de Díaz, fracasa, la vicepresidenta segunda abandonará el Gobierno. El entorno de la titular de Trabajo lo niega, pero ese es uno de los mensajes que circulan. Además, según estas fuentes, sería el pistoletazo de salida de las movilizaciones que anunció el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, de la mano de la UGT de Pepe Álvarez —el sindicato hermano del PSOE—.
El proceso de movilización, aunque sea suave, ya se está produciendo y ambos sindicatos dicen que si la derogación de la reforma laboral no avanza, las manifestaciones serán crecientes. Y pese a que los sindicatos insisten en que la decisión de salir a la calle se toma en sus órganos de dirección, donde oficialmente no se ha tratado el asunto, la realidad es que un movimiento de tan hondas implicaciones políticas no se tomaría sin conocimiento de Díaz y, probablemente, sin su visto bueno.
En el mundo sindical tiene sentido la idea de que se convoque hasta una huelga general en caso de gatillazo en la reforma, aunque ese es un campo de minas que abocaría a las dos grandes centrales a debate y a tensión dado el fuerte vínculo de la UGT con los socialistas.
Si la reforma fracasa, supondría el fin de la coaliciónFuentes sindicales
La vicepresidenta, explican estas fuentes, no permanecería al frente de Trabajo con los sindicatos en armas contra el Gobierno porque el golpe político que sufriría sería considerable en un momento en el que Díaz tiene en su agenda conformar el "frente amplio" con el que competirá electoralmente con el PSOE de Pedro Sánchez. "Si la reforma fracasa, habría una crisis de Gobierno y supondría el fin de la coalición", vaticinan.
La tensión entre Díaz y Sánchez ha llegado esta semana a su cota más alta desde que la titular de Trabajo se hiciera con las riendas del lado morado del Gobierno. Ambos dirigentes están embarcados en una guerra por el relato sobre la autoría de la reforma laboral en una clara escalada de competencia electoral. Aunque tras esa batalla hay divergencias sobre su alcance. Por eso, Podemos ha tragado con la 'guardia pretoriana' que Sánchez ha colocado alrededor de Díaz para diluir su papel en la negociación colectiva e insiste en que lo importante no es quién, sino qué.
¿Y qué es el qué? La reducción de la temporalidad en las empresas, el fin de la prioridad de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales y el mantenimiento de la vigencia de los convenios tras su caducidad hasta la negociación de uno nuevo.
La pelota, en el tejado del presidente
Los morados, pese al ruido, ya se ven ganadores del conflicto con sus socios socialistas pase lo que pase, porque han conseguido trasladar al presidente del Gobierno toda la presión. Y es que será Sánchez quien se siente con Díaz, Nadia Calviño y los equipos de Hacienda, Seguridad Social y Educación para fijar la postura del Gobierno sobre la reforma “en los términos del acuerdo de coalición”, es decir, la derogación. La pelota está en el tejado del presidente: o deroga o reforma.
El problema es que el PSOE se resiste a pronunciar la palabra de marras: 'derogación'. Ni la dijo este martes el portavoz parlamentario, Héctor Gómez, que habló de “construir un nuevo marco de relaciones laborales”. Ni la dijo el propio Sánchez en el congreso socialista de Valencia, aunque lo dio a entender cuando dijo que había que poner "punto y final" a la ley laboral de su predecesor en Moncloa.
No obstante, no deja de ser llamativo que el presidente del Gobierno quiera escenificar el próximo martes en La Moncloa que se acuerda una posición que ya estaba fijada por Trabajo y que fue enviada a Bruselas, donde recibió el visto bueno de la Comisión. En Podemos se lo toman como una muestra más del ‘ataque de celos’ de Sánchez.
Optimismo sindical
Por el momento, tanto Comisiones Obreras como UGT aguardan con cierto optimismo. Pero los cuarteles sindicales están movilizados y alineados con Díaz. Las dos principales centrales han ido elevando poco a poco el tono en la calle desde el verano pasado. Sin ir más lejos, el pasado 11 de febrero convocaron protestas en toda España contra la política económica del Ejecutivo, al que exigieron la subida del salario mínimo y la derogación de las reformas laboral y de pensiones.
"De momento vamos a ver cómo va esta metodología que ha puesto el Gobierno en sus propias negociaciones. Nosotros estamos instalados en que en este mes de noviembre tiene que llegar el acuerdo. Más allá de eso, ahora mismo, no vamos a entrar. Seguimos teniendo la confianza de que en noviembre este acuerdo esté hecho", precisa a este diario una fuente oficial de UGT.
Unai Sordo, de Comisiones Obreras, también quitó importancia al diseño del Gobierno para hablar de la reforma: "A nosotros cómo se organice el Gobierno internamente no es una cuestión que nos competa". Eso sí, su sindicato, más próximo a Izquierda Unida, presiona más que UGT. Y señala el camino al Gobierno: en caso de que la patronal se baje del acuerdo, tiene que "tirar para adelante con el que haga con los sindicatos".
El papel de Yolanda Díaz es complicado, porque deberá garantizar un acuerdo que pondrá a prueba el cordón umbilical que le une al movimiento obrero. Para entenderlo solo hay que tener en cuenta que la vicepresidenta segunda es abogada laboralista e hija de Suso Díaz, el exsecretario general de Comisiones Obreras en Galicia.