La Asamblea por una Escuela Bilingüe, asociación que promueve el uso del castellano y el catalán para la enseñanza en Cataluña, acusa al Gobierno de amparar la exclusión del español en la educación catalana, según un comunicado remitido este jueves a los medios de comunicación. Esta organización se pronuncia en estos términos tras las declaraciones del consejero de Educación de la Generalitat, que este jueves ha asegurado que este curso no se aplicará el 25% de las clases en castellano en las aulas catalanas, tal y como la Justicia catalana dictaminó hace unos meses tras la petición de las familias.
"Las decisiones judiciales no pueden dejar de ser aplicadas de manera unilateral ni por Educación ni por los directores de los centros, estos últimos responsables directos de su aplicación. Por ello, se exigirán todas las responsabilidades judiciales en caso de que aquellos alumnos que ya disfrutan de una enseñanza en la que el español es vehicular junto con el catalán, dejen de recibirla", detalla el comunicado difundido por la asociación este jueves.
La asociación aclara que seguirá defendiendo en todas las instancias lo que es un derecho y una exigencia constitucional: que el castellano sea lengua vehicular y de aprendizaje. "Denunciamos la exclusión del español por parte de la Generalitat de Cataluña", recoge el escrito.
Impugnación ante el Constitucional
La organización recoge que ya ha concluido el plazo del que disponía el Gobierno para impugnar ante el tribunal Constitucional la normativa que la Generalitat ha promovido en los últimos meses para excluir al castellano de las aulas. "Las familias que habían conseguido el derecho a una educación en castellano, verán amenazado su derecho como consecuencia del Decreto Ley 6/2022 y de la Ley 8/2022 aprobados en los meses de mayo y junio y que no se han recurrido en el Constitucional", señala el comunicado.
La asociación cree que de esta manera el Gobierno es cómplice de la exclusión de castellano en las aulas de Cataluña. También acusan a la Generalitat de comenzar un nuevo pulso a la Justicia y al Estado de Derecho. "El objetivo de la Generalitat es la exclusión de castellano del ámbito educativo y del institucional. No hay motivación pedagógica, hay hispanofobia", aclaran.
En el escrito también se recoge la responsabilidad del Tribunal Superior de la Justicia de Cataluña, que, según denuncia la organización, no ha priorizado la defensa de los derechos lingüísticos de los catalanes y ha optado por una interpretación del Decreto Ley 6/2022 que beneficia a los sectores nacionalistas catalanes y han desechado otras medidas que hubieran permitido mantener la vehicularidad del castellano en las aulas catalanas.
