Este sábado termina de cumplir los 9 años de cárcel a los que fue condenado por su relación con la célula 'yihadista' que cometió los atentados del 11-M, pero no pisará la calle. Mohamed Larbi Ben Sellam, uno de las 26 personas que finalmente fueron condenados por la masacre de Madrid de marzo de 2004, seguirá en la prisión de Valdemoro (Madrid) a la espera de que se ejecute la orden de extradición a Marruecos que pesa sobre él. Las autoridades de Rabat le acusan de formar parte de un grupo terrorista que reclutaba ciudadanos en el país magrebí desde finales de los años 90 para enviarlos a Irak a cometer atentados. Según han confirmado a Vozpópuli fuentes jurídicas, la decisión de entregar al preso a las autoridades de Rabat se remonta a julio de 2006 y su ejecución se producirá en un corto espacio de tiempo a partir de este sábado. Mientras tanto, seguirá en prisión.
El Consejo de Ministros aprobó ya en julio de 2006 su entrega a Marruecos, donde está acusado de formar parte de un grupo salafista que reclutaba radicales para enviarlos a Irak a cometer atentados
La noticia de la excarcelación de Larbi Ben Sellam y su posterior entrega a su país de origen se produce horas después de que este diario desvelase que otro de los condenados por los atentados de 11-M, Rafá Zouhier, intenta evitar su expulsión de nuestro país tras casarse el pasado mes de septiembre con una ciudadana española. Zouhier, cuya condena de 10 años termina el próximo 16 de marzo, no es reclamado por ningún otro país, pero tanto la Fiscalía como una de las víctimas de aquellos atentados han pedido a la Audiencia Nacional su expulsión al considerar que durante su estancia en prisión se ha radicalizado y, por tanto, continúa siendo un peligro para la sociedad. Sin embargo, su abogado defensor lo niega y pide que conceda el permiso de residencia que perdió mientras estuvo en prisión. Su principal argumento es, precisamente, su reciente matrimonio.
El caso de Larbi Ben Sellam es diferente. Segun fuentes jurídicas, su salida de España es inevitable y, de hecho, la Audiencia Nacional ya ha enviado a Instituciones Penitenciarias tanto el licenciamiento definitivo de la condena que se le impuso como la existencia del acuerdo del Consejo de Ministros de julio de 2006 por el que se autorizaba su entrega a Marruecos. Las autoridades del país magrebí le consideran integrante de un grupo salafista que, además de enviar 'muyahidines' a Irak, defendía que no era necesario trasladarse a otros países musulmanes en conflicto para hacer la 'yihad' y que ésta se podía hacer allí donde se residía, incluido España. Larbi Ben Sellam había llegado a la península en 2002 para integrarse en el grupo que dirigía Serhane Ben Abdelmajid Fakhet, 'El Tunecino', uno de los autores del 11-M que se inmoló en Leganés.
Larbi Ben Sellam fue detenido finalmente en junio de 2005 dentro de la llamada 'Operación Sello', uno de los múltiples golpes policiales que se produjeron tras los atentados de Atocha. Aunque, en principio, esta operación era ajena a la investigación de la masacre, una huella suya fue encontrada en un libro de oraciones recuperado entre los escombros del piso de Leganés donde se suicidaron siete integrantes de la trama, lo que permitió al juez Juan del Olmo, instructor del sumario, relacionarle con la célula que perpetró los atentados de Atocha pero no con la ejecución de éstos. Por ello, la Audiencia Nacional le condenó en octubre de 2007 a 12 años de cárcel por "adoctrinar, reclutar y auxiliar a yihadistas". Meses después, el Tribunal Supremo rebajó la pena a los 9 años que ha cumplido finalmente al considerar que la que se le había sido impuesta era para un grado más elevado de implicación en el grupo terrorista de la que había sido probada en la vista.
El temor de las víctimas
Las noticias sobre las próximas excarcelaciones de Zouhier y Larbi Ben Sellam han caído con un jarro de agua fría entre las víctimas de los atentados, que ya han pedido a la Justicia que todos aquellos islamistas que sean excarcelados tras cumplir sus condenas sean expulsados de España. La presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, Pilar Manjón, aseguraba a Vozpópuli que "no les deseo ningún mal, pero no quiero cruzarme con los asesinos de mi hijo por la calle". De hecho, Manjón acudió a la Audiencia Nacional tras publicar Vozpópuli la noticia sobre la boda de Zouhier para presentar un escrito en el que su asociación reclama al tribunal que, en caso de que los condenados no sea repatriados, "se dicte al menos una orden de alejamiento de las víctimas". Un escrito similar lo presentó en el Ministerio del Interior.
Víctimas de los atentados piden a la Audiencia Nacional que, si finalmente no expulsa de España a los condenados al cumplir las penas, al menos dicte una orden de alejamiento de ellas
No obstante, Manjón reconoce que de no lograrse la expulsión de los condenados, "va a ser complicadísimo aplicar cualquier otra medida ya que las víctimas y sus familiares somos miles y estamos repartidos por todo el territorio, desde Huelva a Asturias". No obstante, la presidenta de la asociación mostró su convencimiento de que la "cordura se impondrá" y la Audiencia Nacional rechazará la pretensión de Zouhier de quedarse en España. "Ese matrimonio es un fraude", insiste tras asegurar que a su asociación habían llegado noticias "desde hace más de un año" de que a este condenado del 11-M supuestamente se le estaba buscando una pareja española "para que pudiera quedarse en Madrid al salir de la cárcel".
Este viernes, los representantes legales de otra víctima de la masacre presentaban también un escrito ante la Audiencia Nacional para reclamar que se ejecute la expulsión de Rafá Zouhier en aplicación de la Ley de Extranjería dada su condición de 'sin papeles' y la grave condena que se le impuso. En este escrito, sus abogados insisten que "su permanencia en territorio español generará un nerviosismo perfectamente justificado en las víctimas de los atentados del 11-M que este Tribunal debería impedir" y añaden que su repatriación a Marruecos debe ir acompañada de la prohibición para volver a España en diez años. Esta afectada recuerda que el hecho de que esté casado con una ciudadana española "no es causa impeditiva de la expulsión".
