El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido a trámite tres denuncias presentadas contra la plataforma de inversiones Madeira Invest, pratrocinada por Alvise Pérez, por tratarse de una presunta estafa piramidal. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 admite y acumula, con informe favorable de la Fiscalía, las tres denuncias presentadas por Ances, Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, estas últimas en representación de un grupo de afectados.
Las denuncias se dirigen contra Álvaro Romillo, el influencer del mundo 'crypto' que ha denunciado a Alvise Pérez por presunta financiación ilegal, como responsable del Grupo Madeira Invest Club, un club exclusivo que bajo la promesa de una rentabilidad del 53% atraía a miles de inversores que ahora han visto sus cuentas bloqueadas. El juez señala en el auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, que el perjuicio denunciado por las acusaciones ascendería a más de 11 millones de euros, una cifra que supera la barrera de los 7 millones de euros que ha venido fijando el Tribunal Supremo como parámetro para atribuir la competencia a la Audiencia Nacional.
Los denunciantes apuntan a que el número de afectados podría llegar a los 27.000 y el perjuicio a estos ocasionados podría superar los 300 millones de euros, circunstancias estas que "sitúan a este órgano judicial en una posición favorable desde un punto de vista funcional para afrontar la investigación". Asimismo, Calama insiste en la complejidad de la instrucción, con un entramado delictivo de múltiples sociedades instrumentales y conexiones internacionales, con domicilios en Portugal, Estados Unidos, República Dominicana, Estonia y Albania.
Respecto a la petición de imputación de Alvise Pérez, después de que se diera a conocer que el dueño del Madeira Invest Club le proporcionó 100.000 euros en efectivo justo antes de las elecciones europeas, el juez desestima la solicitud de una de las acusaciones de inhibirse al Tribunal Supremo. El juez subraya que "la exposición razonada que ha de ser remitida para la investigación de cualquier aforado sólo será procedente cuando aparezcan indicios de responsabilidad", según la doctrina del Alto Tribunal.
Calama añade que no basta con la constatación puramente nominal de que un determinado hecho delictivo ha sido atribuido a un aforado, sino que "ha de ser lo suficientemente exhaustiva como para delimitar, con toda la provisionalidad que es propia de un momento procesal como el presente, el alcance objetivo y subjetivo de los hechos".
En paralelo a este procedimiento, el empresario denunciando -conocido como 'Luis Cryptospain'- presentó un escrito ante la Fiscalía General del Estado, ya en manos de los fiscales del Tribunal Supremo, en el que reconocía haber proporcionado a Alvise un total de 100.000 euros en efectivo, justo antes de las elecciones al Parlamento Europeo.
El propio eurodiputado confirmó este jueves la entrega de dinero por parte del influencer del mundo 'crypto'. "Voy a confesarme ante los 800.000 españoles que me votaron y ante los miles de jueces, políticos y periodistas que están pendientes de mis mensajes. No voy a esperar a ningún juicio porque no necesito ningún juez. Soy culpable. Culpable como autónomo que ha cobrado en efectivo un trabajo por el que luego el Estado me saquea más de la mitad", aseguró en un vídeo.
Alvise se excusó argumentando que "Hacienda es una mafia donde un inspector de Hacienda cobra más que un magistrado del Supremo". "Acepté, y es verdad, cobrar esos honorarios privados, repito, privados, sin factura, para poder tener más ahorros con la finalidad de no enriquecerme por mi actividad política, que es lo que prometí públicamente", justifica, "porque me niego a que el Estado siga llevándose la mitad de lo mío y porque todo aquel que depende económicamente del poder se corrompe".
