Javier Zaragoza, fiscal del procés: “Hay que revisar la facultad omnímoda del fiscal general”

El fiscal de Sala del Tribunal Supremo Javier Zaragoza ha defendido este viernes que hay que revisar la "facultad omnímoda" de la que goza a día de hoy la figura del fiscal general del Estado, en relación con las instrucciones concretas que da en asuntos particulares. El fiscal del procés ha dejado claro que dar órdenes determinadas a subordinados "no es normal" y, además, "transmite sospecha de parcialidad"

El fiscal de Sala del Tribunal Supremo se ha pronunciado de esta forma durante su participación en la III Jornada por el Estado de Derecho, organizada por la asociación Foro Judicial Independiente. Zaragoza ha comparecido junto con Consuelo Madrigal, exfiscal general del Estado y también fiscal del procés, y Salvador Viada, fiscal del Supremo y vocal del Consejo Fiscal.

Durante su intervención, Zaragoza ha propuesto modificaciones en relación con los requisitos exigidos al fiscal general para su elección y también con el mecanismo al que recurren los fiscales cuando discrepan de la orden que recibe de su superior. El mismo se regula en el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el cual abre la puerta a la convocatoria de la Junta de Fiscales para que la cuestión sea tratada en este órgano integrado por la cúpula de la carrera.

El fiscal general, "brazo armado" del Gobierno

Precisamente, Zaragoza y Madrigal se opusieron en junio a acatar la directriz del fiscal general, Álvaro García Ortiz, para informar a favor de la aplicación total de la amnistía en el procés. Su disconformidad terminó en la Junta de Fiscales, que avaló por la mínima el criterio del fiscal general, como ha recordado este viernes Zaragoza.

Los gobiernos nunca han renunciado a transmitir a la opinión pública que el fiscal general es una especie de brazo armado. Siempre han salido diciendo que le iban dar instrucciones para que hiciera esto o lo otro. Eso no es asumible. Javier Zaragoza, fiscal de Sala del Tribunal Supremo

En ese sentido ha dicho que dicha cuestión, junto con el que también trató la Junta de Fiscales relativo a la querella del novio de Isabel Díaz Ayuso, fueron cuestiones "relevantes" que es bueno que se traten en dicho órgano. "Son asuntos de una importancia que hace que no se pueda dejar pasar la ocasión de plantear 'un 27'. Son razones de peso y de fondo", ha expuesto.

Con todo, ha reconocido que es un mecanismo del que no se puede abusar porque estigmatiza al fiscal que lo usa, por su oposición a acatar una norma de su superior. Pese a ello, el que fuera fiscal jefe en la Audiencia Nacional ha advertido de que el fiscal general tiene un poder "casi omnímodo" que le lleva a no escuchar las recomendaciones de órganos de consulta como el Consejo Fiscal.

"Colonización" del Poder Judicial

Al respecto, ha recordado el Consejo celebrado esta misma semana en el que la mayoría de vocales se han opuesto a la creación de una nueva unidad especializada para Delitos contra la Administración Pública, porque colisiona con el cometido de la Fiscalía Anticorrupción. "No hay razones de urgencia y puede generar disfunciones orgánicas importantes. Ahí el informe el Consejo no ha sido escuchado y es importante porque se trata de una cuestión estructural y organizativa en la que su opinión debe tener un valor", ha dicho.

Al hilo, ha advertido que el Poder Judicial se está viendo en "en una situación de cierto acoso, politización y colonización" que atenta contra un principio básico en nuestro Estado de Derecho como es la separación de poderes. Zaragoza ha recordado al respecto las sentencias del Tribunal Supremo anulando recientes nombramientos acordados por Dolores Delgado y el actual fiscal general, a quien el alto tribunal acusó de desviación de poder con el ascenso de la propia Delgado. "Lo dejo ahí no entro en consideraciones", ha espetado.

No obstante, ha asegurado que es "inasumible" que uno de los poderes del Estado (el judicial) acabe dependiendo de otro de ellos (el Ejecutivo), cuando en realidad lo que debe hacer es controlarlo. "He conocido a 16 fiscales generales. Ha habido de todo, pero todos los gobiernos siempre han salido en las ruedas de prensa de los Consejos de Ministros diciendo que iban dar instrucciones al fiscal general para que hiciera esto o lo otro. Eso no es asumible", ha sentenciado.  

Madrigal propone controlar el poder del FG

Preguntado por la situación actual del fiscal general del Estado -a quien el Tribunal Supremo estaría a punto de abrirle causa por presunta revelación de secretos- Zaragoza ha dicho que si se encontrara en su situación "ya habría dejado el cargo". Por su parte, Consuelo Madrigal, sobre la misma pregunta, ha precisado que "hay que ser imparcial y parecerlo", sin entrar en más detalles.

La que fuera fiscal general del Estado ha partido una lanza en favor de regular el "enorme poder" que ostenta la figura del fiscal general y que no está sujeto a "responsabilidad penal". En ese sentido ha dicho que el fiscal general no responde ni penalmente ni tampoco políticamente por sus acciones y que debería tener un perfil de responsabilidad adecuado al poder que ostenta.

El fiscal general puede tener la tentación y creo que lo ha hecho ya, de utilizar los poderes que tiene para defenderse. Esto no es una empresa, es una institución fundamental del Estado Salvador Viada, fiscal del TS y vocal del Consejo Fiscal

Madrigal ha recordado que durante su etapa como fiscal general del Estado -bajo el Gobierno de Mariano Rajoy y en pleno escándalo de la trama Gürtel- no recibió nunca indicación alguna de asuntos procesales, pero sí en materias interiores. Con todo, reconoce que ahora la "articulación de la democracia está en riesgo" y que, hasta el momento no se ha configurado el Ministerio Fiscal de forma que pueda actuar de manera imparcial al margen del poder político.

Por su parte, Salvador Viada ha reconocido que la Fiscalía está sometida "a unos vaivenes tremendos" y que en la situación actual en la que se encuentra García Ortiz "puede tener la tentación de utilizar los poderes que tiene para defenderse. "Esto no es una empresa, es una institución fundamental del Estado", ha aseverado.