La Audiencia Nacional ha revocado el tercer grado que el Gobierno vasco había otorgado al preso de ETA Joseba Arregi Erostarbe, más conocido como Fiti, que deberá volver a prisión. Se trata del sexto pronunciamiento de la sala en este sentido en fechas recientes, lo que supone un revés para las decisiones adoptadas desde el Ejecutivo dirigido por Íñigo Urkullu en materia penitenciaria. Y la cifra puede ser aún mayor, puesto que la Audiencia aún debe pronunciarse sobre una docena de casos más.
La decisión de la Audiencia Nacional sobre Joseba Arregi, Fiti, es especialmente singular: por la trascendencia del miembro de ETA en cuestión, quien formaba parte de la cúpula de Bidart desarticulada en 1992 en una operación que propició un cambio de rumbo en la lucha antiterrorista; pero también porque el Juez de Vigilancia Penitenciaria no considera que la edad del preso -76 años- sea determinante para que se le conceda el tercer grado, a pesar de que sea un argumento recurrente por parte del entorno de los internos de la banda.
De este modo, la Audiencia Nacional atiende los recursos presentados por la Audiencia Nacional ante el gran número de terceros grados concedidos por el Gobierno vasco a presos de ETA. Cada caso es analizado de forma individual, pero la sala encuentra motivos recurrentes para rechazar las decisiones del Ejecutivo autonómico y ordenar el reingreso en prisión de los terroristas que ya habían quedado en régimen de semilibertad.
Los casos de otros etarras
El colectivo Etxerat, de apoyo a los presos de ETA, ha manifestado su contrariedad por la decisión adoptada desde la Audiencia Nacional. En fechas recientes también se han revocado los terceros grados concedidos a los etarras Aitor Esnaola, Mikel San Argimiro, Xabier Aristrain, Iñaki Bilbao y Gorka Martínez. Antes lo hizo lo propio con Unai Fano, Iñigo Gutierrez o Jon Crespo.
La Fiscalía presentó igualmente recursos contra los terceros grados que el Gobierno vasco concedió a una docena de presos de ETA más
La Fiscalía presentó igualmente recursos contra los terceros grados que el Gobierno vasco concedió a una docena de presos de ETA más. Entre ellos figuran nombres como los de Zigor Orbe, Lierni Armendariz, Aitor Herrera o Juan Carlos Subijana. La Audiencia Nacional aún debe pronunciarse sobre sus casos.
Cabe recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez cedió al País Vasco las competencias en materia penitenciaria en octubre de 2021, tras un acuerdo alcanzado con el Ejecutivo de Íñigo Urkullu en plena negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Los acercamientos de etarras
De forma paralela, el Ministerio del Interior ha gestionado el traslado de casi todos los etarras a cárceles del País Vasco o Navarra. El último acercamiento masivo se anunció hace una semana y apenas queda una quincena de terroristas presos que cumplen sus condenas en centros penitenciarios ubicadas fuera de estas comunidades autónomas.
Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) denuncian que el verdadero propósito del Gobierno pasa por culminar el traslado de todos los presos de ETA a País Vasco o Navarra antes de las próximas Navidades. A tenor de reubicaciones recientes -caracterizadas por el alto número de internos-, bastaría un par de ventanas de acercamientos para dar por concluido el proceso.
La AVT asevera que los traslados de presos de ETA se llevan a cabo sin que estos colaboren con la Justicia ni manifiesten un "ápice de arrepentimiento". En comunicados pasados, la asociación de víctimas afirmó que los etarras se coordinaban en una "estrategia de falsos arrepentimientos" basada en cartas que seguían el mismo formato, para lograr así los traslados hasta el País Vasco. Un movimiento que, desde que el Ejecutivo regional asumiera las competencias en materia penitenciaria, supondría la "antesala" de la concesión de permisos o terceros grados, aseveran desde la AVT.
