La Audiencia Nacional retoma este martes el juicio al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y a más de una veintena de acusados por presuntas adjudicaciones irregulares a la trama Gürtel, con los últimos testigos del procedimiento y a punto de encarar su fase pericial.
Tras el parón del verano, la sección segunda de lo Penal reanuda la vista oral que empezó hace ya ocho meses, el pasado 23 de enero, y en la que la Fiscalía Anticorrupción pide dos años y medio de prisión y 10 de inhabilitación para el expresidente de la Generalitat y del PP valenciano por presunto fraude y prevaricación. Lo hará con los últimos testigos previstos de entre los más de cien que ya han pasado por la Audiencia Nacional.
Tras su declaración, comenzará la fase pericial del juicio, en la que está previsto que el miércoles declare el inspector de Policía que ha dirigido las pesquisas de la macrocausa de Gürtel, Manuel Morocho.
Una vez el tribunal escuche a todos los peritos, se dará paso a las conclusiones definitivas de las partes, previsiblemente ya en octubre, mes en el que la Sala tiene previsto poner fin al juicio.
Son casi una treintena los acusados que se sientan en el banquillo por supuestas irregularidades en adjudicaciones públicas a la red Gürtel en la Comunidad Valenciana entre 2004 y 2009.
Además de Camps, están acusados tres de sus exconsellers (Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Rosado) y otros ex altos cargos como el ex vicesecretario de organización del PP valenciano David Serra.
En torno a una decena de acusados han reconocido los hechos en atención a un acuerdo con Fiscalía, entre ellos los principales cabecillas de Gürtel, que ya cumplen extensas condenas; mientras que Camps, los exconsellers y muchos de los ex altos cargos han negado con rotundidad haber cometido delito alguno.
Es más, desde el inicio del juicio, Camps, que en su declaración se desmarcó abiertamente de Gürtel y negó de forma tajante haber favorecido a sus empresas, denunció una "persecución feroz" de Anticorrupción y habló de sus "pactos secretos y obscenos" con algunos acusados, lo que le valió una dura respuesta de la fiscal.
