La Audiencia Nacional ha rechazado por séptima vez poner en libertad al máximo responsable de Ausbanc, Luis Pineda, al considerar que sigue persistiendo el riesgo de fuga y de alteración de pruebas, pese a que la investigación ya ha concluido y que lleva más de un año y medio en prisión.
En este último recurso, en el que Pineda pedía su excarcelación el pasado 23 de octubre, su defensa argumentaba la inexistencia de riesgo de fuga y de destrucción de pruebas "al haberse concluido ya la investigación y haberse practicado la totalidad de las diligencias".
También denunciaba que la detención de Pineda el 15 de abril de 2016 no se hizo conforme a derecho porque no contaba "con una decisión judicial previa y expresa" que así lo ordenase.
Argumentos que la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza en un auto en el que "no aprecia que hayan cambiado las circunstancias tomadas en consideración" para decretar la prisión provisional de Pineda.
Los motivos por los que el juez Santiago Pedraz le envió a prisión, señala el tribunal, han sido razonados "detalladamente" pues "la reiteración en las solicitudes de libertad del encausado han generado con anterioridad múltiples resoluciones" en las que estas razones se le han notificado.
Entre 21 y los 25 años de prisión
La sala cree que los 19 meses que el máximo responsable de Ausbanc lleva en prisión son "irrelevantes a fin de minimizar el riesgo de fuga" que, a su juicio, sí que existe en tanto que Pineda se enfrenta a penas que sumadas pueden oscilar "en el mejor de los casos" entre los 21 y los 25 años de prisión.
Además, según el tribunal, Pineda sigue teniendo contactos en Venezuela, donde existen "serios problemas de extradición con España, y en Estados Unidos, país "sujeto a largos procesos de extradición para la reclamación de huidos" al no pertenecer a la UE.
En cuanto al riesgo de alteración de pruebas, la Sala manifiesta la necesidad de evitar "cualquier posibilidad de influencia" que Pineda pudiese ejercer sobre los testigos que deberán declarar en la vista, cuya fecha todavía no ha sido fijada al no haber aún auto de apertura de juicio oral.
Y añade, en relación a la detención ilegal argumentada por la defensa de Pineda, que "la legislación española ni exige ni contempla que sea necesaria previa orden o autorización judicial para que se proceda policialmente a la detención de una persona sobre la que existan motivos para creer que ha participado en la comisión de un delito".
El juez imputa a los 14 procesados los delitos de estafa, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude en las subvenciones y pertenencia a organización criminal
El juez Santiago Pedraz procesó el pasado 30 de octubre a Pineda y al líder de Manos Limpias, Miguel Bernad, junto con otras 12 personas -entre ellas la abogada Virginia López Negrete-, por la supuesta trama de extorsión a cambio de retirar acusaciones judiciales, incluida la de la infanta Cristina en el caso Nóos.
En el auto de procesamiento, Pedraz asegura que Pineda lideró una organización criminal para sustraer dinero utilizando la "cobertura de defensa de los consumidores" que le daba Ausbanc y se dedicaba a coaccionar a entidades bancarias y empresas con amenazas de acusaciones judiciales de Manos Limpias o de hacer mala publicidad de ellas.
A los 14 procesados, el juez les imputa los delitos de estafa, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude en las subvenciones y pertenencia a organización criminal.
