La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha decidido este martes que deberán ser las Audiencias Provinciales y la Audiencia Nacional, es decir, los tribunales sentenciadores, los que apliquen la reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo que anuló la 'doctrina Parot' en el caso de Inés del Río.
Este planteamiento, propuesto por el magistrado Miguel Colmenero, ha recibido hoy un apoyo mayoritario de los dieciséis miembros de la Sala Penal -doce votos a favor y cuatro en contra- que se han reunido para estudiar el futuro de la 'doctrina Parot', supone que el alto tribunal avala a la Audiencia Nacional en su reciente excarcelación de nueve presos de ETA.
Fuentes de la sala han informado a Efe de que serán los tribunales que ya aplicaron la doctrina los que ahora apliquen su eventual anulación y que si las partes, por ejemplo el fiscal, está en desacuerdo con sus resoluciones, podrá acudir entonces al Supremo, que solo se ocupará de esta materia a través de los recursos, de los cuales tiene ya cinco pendientes, que resolverá la próxima semana.
Tras tres horas de deliberación, los magistrados que integran este tribunal han concluido que las condenas dictadas con anterioridad a la sentencia dictada contra Henri Parot -que estableció la doctrina- y en las que se haya aplicado el Código Penal de 1973 (por no resultar favorable el de 1995), "las redenciones ordinarias y extraordinarias que procedan se harán efectivas sobre el límite máximo de cumplimiento establecido conforme al artículo 70 del referido código penal de 1973, en la forma en que se venía haciendo con anterioridad" a dicha resolución.
Además, el tribunal da un toque de atención a la clase política al considerar necesario que el Poder Legislativo "regule con la necesaria claridad y precisión" el cauce procesal adecuado en relación con la efectividad de las resoluciones del tribunal de Estrasburgo.
La reunión se produce después de que, el pasado viernes, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordara no esperar al criterio del alto tribunal, que era lo que le había solicitado la Fiscalía y solicitó una buena parte de los magistrados de este órgano, y excarcelara a nueve etarras, entre ellos Domingo Troitiño, que habían visto alargada su estancia en prisión después de que les aplicaran la 'doctrina Parot'.
