La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha rechazado ampliar la investigación sobre las indemnizaciones millonarias cobradas por el expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega a un posible delito societario por el supuesto falseamiento de las cuentas de la multinacional, al entender que no hay "conexidad" entre ambos hechos.
En un auto, la magistrada ha desestimado la petición de dos bonistas de la compañía de energías renovables que solicitaban ampliar la querella a presuntos delitos relativos al mercado y los consumidores y falsedad de cuentas tanto contra los miembros del Consejo de Administración, entre los que se encuentra el exministro socialista Josep Borrell, como contra Benjumea y Sánchez Ortega, que ya se encuentran investigados por administración desleal y uso de información privilegiada.
La magistrada entiende que no hay "conexidad" entre un posible delito societario por el supuesto falseamiento de las cuentas
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 esgrime la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal para subrayar que la última reforma ha modificado las reglas de conexidad a fin de que los procesos tengan una más "rápida y eficaz" sustanciación y evitar "el automatismo en la acumulación de causas y la elefantiasis procesal que se pone de manifiesto en los macroprocesos".
Lamela, siguiendo el criterio del fiscal José Perals, destaca que una supuesta manipulación de los estados contables "no guarda relación alguna" con los delitos investigados contra los máximos gestores de la empresa y añade que la ampliación de la querella se basa únicamente en "artículos periodísticos" y además provocaría un "retraso injustificado" en el procedimiento.
Bonus de Sánchez Ortega en Blackrock
Eso sí, la magistrada coincide con el fiscal en apoyar varias diligencias solicitadas por la acusación, que requirió pedir a BlackRock el contrato de trabajo con Sánchez Ortega, a quien 'fichó' el pasado julio como nuevo responsable de desarrollo estratégico de su división Infraestructure Investment Group (IIG) para Latinoamérica. Además, interesa los documentos que recojan los 'bonus' o las retribuciones complementarias a las que pueda tener derecho el investigado y quiere saber cuál es su fórmula de cálculo, al tiempo que aboga por preguntar las funciones que desempeña como empleado en BlackRock.
Lamela considera que ahondar en la relación que tiene el querellado con su nueva empresa servirá para acreditar un "posible conflicto de intereses con Abengoa". Además, apoya otras diligencias demandadas para averiguar la condición en la que permaneció Benjumea en la firma andaluza tras haber "cesado" en la misma y cobrado la indemnización. En concreto, la acusación pedía reclamar a la empresa de energías renovables el acta del Consejo de Administración del 23 de septiembre de 2015 en el que Benjumea cesó, dimitió o renunció a sus facultades ejecutivas.
Los bonistas también solicitaban el contrato de arrendamiento de servicios suscritos por Abengoa con Benjumea y cuyo objeto fue el "asesoramiento al presidente del Consejo de Administración y su vicepresidente consejero delegado, en virtud del cual asiste a las reuniones del órgano de administración y los comités o comisiones negociadoras con terceros acreedores".
En este procedimiento se investigan los pagos de 11,48 millones que la multinacional efectuó al expresidente del Consejo de Administración de la compañía Felipe Benjumea y de 4,48 millones al ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega antes de abandonar la firma de energías renovables.
Los bonistas también solicitaban el contrato de arrendamiento de servicios suscritos por Abengoa con Benjumea
Querella de los bonistas
La querella, presentada por dos propietarios de bonos de la compañía Abengoa, que invirtieron 103.970 euros, denunció la "horrible" gestión de los dos directivos que, en su opinión, buscaban su "propio beneficio y lucro personal" al concederse indemnizaciones millonarias en lugar de "salvar a sus miles de inversores".
Los bonistas señalaron que Benjumea y Sánchez Ortega eran "conocedores de la auténtica realidad económica-financiera" de la empresa y que buscaron su enriquecimiento "en vez de utilizar dicha información para salvar a miles de inversores que se verán atrapados en la situación concursal de la entidad y, de paso, a todos los contribuyentes españoles que deberán acudir a su rescate". Los querellantes iniciales han ido sumando adhesiones de afectados hasta alcanzar un número cercano a 70. Denunciaron que Benjumea se llevó una "exorbitante" indemnización por importe de 11.480.000 euros, poco antes de que la compañía solicitara en un juzgado mercantil de Sevilla el preconcurso oficial de acreedores.
