Un acta de manifestación ante notario. El borrador de un denuncia. Una carta. Varios correos electrónicos... El supuesto intento de extorsión más esperpéntico de la trama creada por Manos Limpias y Ausbanc pretendía acusar a mediados de 2015 a la actual presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, del "asesinato" de su padre, fallecido de muerte natural en septiembre del año anterior. El registro realizado el pasado 15 de abril durante la 'Operación Nelson' por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en la sede del sindicato ha permitido conocer ahora todos los detalles y protagonistas de un chantaje que se sustentaba en el dudoso testimonio de un 'editor' salpicado hace tiempo por un suceso similar, los esfuerzos de un 'meritorio' de 62 años de edad y una ficticia arma 'homicida' tan rocambolesca como toda la historia: una inyección de penicilina. Todo ello fraguado en sólo siete días. Los que van desde el 19 al 26 de mayo de 2015.
La Policía concluye que Pineda y Bernard pretendían presionar a Ana Patricia Botín para que ésta continuase patrocinando a Ausbanc con más de un millón de euros al año
Así lo recoge un informe policial incorporado al sumario que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz. En el mismo, los agentes dan cuenta al magistrado del análisis de una parte de la abundante documentación intervenida en las oficinas que Manos Limpias tenía en la madrileña calle de Ferraz. La UDEF dedica en esas páginas un apartado específico a los "documentos relativos al asunto Banco de Santander" en el que detalla que en el disco duro de uno de los ordenadores encontrados en la sede del sindicato los agentes encontraron cinco documentos y correos electrónicos sobre este supuesto intento de extorsión.Una información que permite a la Policía elaborar una cronología de los diferentes pasos que había dado la trama presuntamente encabezada por Miguel Bernard y Luis Pineda para presionar a la actual máxima responsable del Santander y, de este modo, que el presidente de Ausbanc consiguiera "ganarse el favor de la entidad [...] para que ésta continuase patrocinando y publicitándose" en la revistas de la asociación. De hecho, meses después el hoy encarcelado cabecilla de la trama ofreció al banco un convenio para que invirtiese en anuncios de sus revistas por valor de 1,15 millones de euros para 2016.
El primero de esas pruebas es un "documento en formato.doc" creado el 19 de mayo de aquel año. El titulo del mismo es muy significativo: "Denuncia presunto asesinato Emilio Botín.39748". Se trata, en concreto, de un borrador de denuncia preparado para la firma del líder de Manos Limpias y dirigido al "juzgado de Instrucción que por turno correspondía de Madrid". Con el mismo, el sindicato iba a denunciar a "los presuntos autores materiales en el homicidio del que fue presidente del Banco Santander, Emilión Botín" y a otros personas como "presuntos colaboradores, cómplices y encubridores" de dicha muerte. Entre ellos citaba a la "esposa", a la "hija" y a un supuesto "amante" de esta última. Todo ello sustentado en un "acta notarial de manifestación de un ciudadano" que dicho documento no identifica. Sin embargo, la UDEF señala que la persona "que había relatadado de forma detallada la forma en que murió Emilio Botín" sería supuestamente "un tal Juan Muñoz Bloise", del que los agentes no dan más detalles .
"Una cantidad mortal de penicilina"
Aunque en el informe policial no consta copia de dicho documento ante fedatario público, el propio borrador de la denuncia hallado en los ordenadores de Manos Limpias sí da algunos detalles de su contenido. Así, aseguraba que la muerte del banquero no fue "por infarto, sino por homicidio, inyectándole una cantidad mortal de penicilina". Una circunstancia, esta última, que la denuncia consideraba prueba de la premeditación del hecho ya que considera "el veneno" como el "medio alevoso por excelencia". El borrador, con numerosos espacios en blanco en el apartado de los nombres y escueta en detalles, proponía la práctica de pruebas como una autopsia al cadáver de Emilio Botín y una docena de declaraciones. Entre estas últimas, las de la "viuda", la hija, los escoltas, el médico que certificó el fallecimiento y varias personas que supuestamente relacionados sentimentalmente con algunos de los protagonistas. También pedía que testificase el "denunciante" del que no aportaba datos. El borrador estaba fechado para presentarse al día siguiente, el 20 de mayo, pero nunca llegó a los juzgados.
La denuncia sobre el "asesinato de Botín" nunca llegó a los juzgados. Se quedó en un borrador que la Policía encontró en el disco duro de un ordenador de Manos Limpias
En los ordenadores de Manos Limpias apareció un segundo documento elaborado el 22 de mayo sobre este asunto. En este caso, se trataba del titular "Escrito Fiscal Gral Estado por Tema Botín.39746". Preparado también para que Miguel Bernard plasmase la firma en él y fuese enviado a Consuelo Madrigal, el texto recogía que había llegado al sindicato "un acta notarial de manifestación en la que se relatan una serie de hechos presuntamente delictivos y que afectarían a la cúpula de una entidad financiera de primer orden a nivel internacional". Por ello, solicitaba a la Fiscalía que se citase al propio líder del sindicato "para comparecer a los efectos de hacer entrega [de] la citada acta de manfiestación".
Cuatro días después, el 26 de mayo, alguien de Manos Limpias elabora un nuevo documento en el ordenador. Es el titulado "Carta Ana Patricia Botín Oshea.39727", también preparado para que lo rubricase el secretario general del sindicato. En el encabezamiento de la misiva aparece el nombre de la presidenta del Banco Santander y un correo electrónico de la entidad, asuntosespeciales@gruposantander.com. En la misma, de cuatro párrafos de extensión, Bernard comunicaba a la hija del banquero fallecido que "ha tenido conocimiento de unos hechos gravísimos que atentan contra la honorabilidad y el buen nombre de su persona" sin más detalles. "Creemos -continúa el texto- que están tratando de utilizarnos como ariete contra usted pretendiendo que el asunto salte a los medios con objeto de que usted quede desacreditada ante su propio banco y la opinión pública en general".
"Como crea y mejor le convenga"
En el documento, el ahora encarcelado aseguraba que Manos Limpias no dudaba de la "recta moralidad" de la máxima responsable de la entidad y se ofrecía a entregarle "a usted o persona de su máxima confianza, la información que obra en nuestro poder para que pueda utilizarla como crea y mejor le convenga, así como pueda conocer las personas que están detrás de la difamación que atenta contra usted". La carta declaraba que "por supuesto, que sin esperar nada a cambio". No obstante, insistía que, "al ser muy delicado y confidencial" el asunto, "no tratarlo por correo electrónico o postal", sino "sólo de forma personal con usted o [...] con persona de su máxima confianza". Bernard despidía la carta con un "en espera de sus noticias. Reciba un cordial saludo" junto a su nombre y número de telefóno móvil.
El secretario general de Manos Limpias envió una carta a Ana Patricia Botín en el que se ofrecía entregarle el acta notarial "por supuesto que sin esperar nada a cambio"
Ese mismo 26 de mayo, un minuto antes de las once de la mañana, desde el correo electrónico de la secretaría del sindicato se envíaba un correo electrónico a la abogado del sindicato, Virginia López Negrete, con el asunto "escrito Fiscal Gral Estado Tema Botín", aunque sin texto. Cuarenta minutos después, se recibía en la cuenta del sindicato otro mensaje. En este caso enviado por el que la Policía identifica como Javier Cordero Aparicio, "trabajador y colaborador de Manos Limpias" de 62 años de edad, según el informe. En dicho correo, cuyo asunto era "Ana Patricia BOTÍN", dicho personaje escribía simplemente "carta para Miguel" y adjuntaba la misiva que finalmente se envió a la presidenta del Banco de Santander.
El informe de la UDEF destaca la declaración que prestó como testigo ante los agentes el director de Comunicación de la entidad, Juan Manuel Cendoya, como prueba de que la trama remitió dicha misiva. Éste señaló a los agentes que tras llegar ésta al banco, se puso en contacto con Luis Pineda ya que sabía que éste tenía "cierta relación" con Manos Limpias porque en cierta ocasión le había comentado que estaba colaborando con el sindicato en un caso contra Miguel Blesa. Cendoya aseguró a los agentes que en dicha conversación había pedido al presidente de Ausbanc ahora encarcelado que hablase con Bernard sobre la carta que había enviado por correo electrónico y en el que planteaba una reunión con Ana Patricia Botín "para comentarle la existencia de una carta muy injuriosa". El directivo del Santander aseguró que en aquel momento creía que la misma afectaba a "distintos directivos del Banco Santander" y que, por ello, no quería que se "airease públicamente". Días más tarde, Pineda le dijo al representante de la entidad que ya había hablado con el secretario general del sindicato "y que ambos no daban ninguna credibilidad a tal escrito". La esperpéntica 'Operación Penicilina' parecía haber quedado sepultada ahí... hasta que el presidente de Ausbanc ofreció al Santander un nuevo convenio millonario para sus revistas meses después.
El 'editor' de CONFIDENCIALES y el 'meritorio' de 62 años
Los documentos sobre la muerte de Emilio Botín hallados en el ordenador de Manos Limpias no sólo salpican en el rocambolesco episodio a Miguel Bernard, secretario general del sindicato, y al presidente de Ausbanc, Luis Pineda. De hecho, el informe de la UDEF también cita a otros dos personajes desconocidos hasta ahora. Uno de ellos es Juan Muñoz Bloise, a quien la Policía cita como la persona que realizó el acta notarial que sirvió de base para elaborar el borrador de la denuncia y la carta que enviaron a Ana Patricia Botín. La Policía no da más datos sobre él, pero un repaso a la hemeroteca muestra que no es la primera vez que este personaje aparece salpicado en un escándalo similar. Editor de confidenciales en papel cuando aún no existía la prensa digital, Muñoz Bloise fue detenido a finales de los 90 tras denunciar el financiero Juan Abelló que le había exigido 20 millones de pesetas (120.000 euros) por retirar de la circulación un supuesto informe sobre irregularidades fiscales. Él siempre negó su implicación en los hechos y aseguró que simplemente pretendía "auxiliarle [a Abelló] en lo posible para que no fuese publicada" dicha información.
El segundo personaje es Javier Cordero Aparicio, un ferrolano de 62 años de edad que el 26 de mayo envió a Bernard un 'email' con la carta que finalemnte dirigiría por correo electrónico a Ana Patricia Botín. Su nombre no era nuevo para los investigadores ya que en la bandeja de entrada del correo electrónico del sindicato han aparecido "numerosos" mensajes en los que Cordero Aparicio facilita a éste último "diversa información para que Miguel la pueda utilizar para iniciar procedimientos". Así, el informe policial le señala como "intermediario" en el llamado 'caso Molinos' que llevó al banquillo a la alcaldesa de la localidad aragonesa de Las Muelas con Manos Limpias en la acusación. También aparece como informador en otros asuntos, entre ellos uno "sobre Villar" para presentar una posible querella. En uno de dichos 'emails', Javier Cordero remitía su curriculum para que Bernard se lo entregara a Ausbanc para conseguir que Pineda lo contratase. La UDEF concluye que tiene "cierto papel activo" dentro del sindicato, del que se presentaba "como trabajador y colaborador".
Horas después de publicarse esta información, Javier Cordero se puso en contacto con Vozpòpuli por correo electrónico para negar su implicación en "la supuesta extorsión a Ana Patricia Botín". Conocedor de que su nombre aparece en el informe de la UDEF en el que se reconstruye dicho suceso y que ha servido de base para esta información, Javier Cordero tilda el mismo de propio "de la Agencia de Mortadelo y Filemón" y sólo admite su colaboración con Manos Limpias y Miguel Bernard. De hecho, asegura que su actuación en este "asunto turbio" fue "limpia, honrada y legal" y que se centró en alertar al secretario general del sindicato del "despropósito" que era el documento notarial utilizado para redactar el borrador de denuncia que apareció en los ordenadores de la sede de Manos Limpias. Todo lo considera "una trama interesada en desacreditar" al sindicato y a su líder, a los que defiende, por su actuación en el 'caso Nóos'. Cordero, que afirma ser teniente coronel del Ejército en la reserva desde 2002, sí admite haber elaborado los documentos para el sindicato que recoge el informe de la UDEF y referidos al 'caso Villar' y al 'caso Molinos',, aunque los definie como "investigaciones periodistas", labor a la que asegurá dedicarse "desde hace más de seis años". También reconoce haber entregado a Bernard su 'curriculum' para hacérselo llegar a Ausbanc, aunque rechaza el término 'meritorio' utilizado en la información.
