Un escrito del Ayuntamiento de Barcelona remitido al juez que investiga las denuncias contra agentes del 1-O sostiene que el operativo policial de aquel día estuvo diseñado por “personas con antecedentes en la lucha antiterrorista” con el ánimo de "reprimir derechos fundamentales”. Así se expresa el consistorio que aún dirige en funciones la alcaldesa Ada Colau en un recurso en el que piden que no se conceda al exsecretario de Estado de Seguridad la posibilidad de declarar como testigo por videoconferencia.
Alegan que eso sería un privilegio para el 'número dos' de Interior cuando el referéndum, José Antonio Nieto, frente a su estrategia como acusación popular, que “mantiene que el operativo del 1-O fue diseñado por personas con antecedentes en la lucha antiterrorista que sólo pretendían reprimir el ejercicio de derechos fundamentales poniendo por delante de sus obligaciones y deberes legales una concepción minuciosamente articulada de lucha sin tregua de sobre ideales políticos”.
“La tesis de esta acusación popular es que la Operación Copérnico (El plan de Interior) se diseñó con afán represivo”, insiste este escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli y que lleva la fecha del 15 de mayo. El juez de Instrucción número 7 de Barcelona, Francisco Miralles, ha citado a Nieto como testigo el próximo 18 de junio para que dé explicaciones sobre la actuación policial el 1-O. El magistrado otorgó a Nieto, residente en Córdoba, la posibilidad de declarar por videoconferencia.
Pero el Ayuntamiento de Barcelona se opone a ello, defiende que la justicia debe ser real no virtual. Añade que eso les privaría de la posibilidad de mostrarle documentación o apreciar sus reacciones ante las preguntas, entre otros motivos. El exsecretario de Estado de Seguridad ya compareció como testigo en el juicio del procés que se sigue en el Tribunal Supremo. Ante el tribunal se atribuyó la responsabilidad de haber ordenado actuar a policías y guardias civiles para cumplir con el auto judicial que ordenaba impedir el referéndum ilegal.
Tal y como adelantó este periódico, el juez de Barcelona autorizó al consistorio barcelonés personarse en la causa donde se investigan a decenas de policías por su actuación aquella fecha porque entiende que la imagen de la ciudad condal quedó dañada internacionalmente.
