La representación legal del PSOE, que ejerce la acusación popular en el caso Lezo, ha reclamado una pena de 11 años de cárcel para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por el presunto saqueo del Canal de Isabel II al comprar la empresa brasileña Emissao, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Vozpópuli.
En el documento, de 35 páginas, los letrados del Partido Socialista sostienen que fue directamente González, situado "en la cúspide organizativa" de la actuación por su "influencia y poder," el que decidió el reparto de los beneficios de la operación, que según la Fiscalía fue así: el expresidente 1,8 millones de dólares; y otros cuatro directivos 900.000 dólares cada uno.
Así el expresidente madrileño encomendó la operación de Emissao al expresidente ejecutivo de Inassa entre 2006 y 2016, Edmundo Rodríguez Sobrino, el principal arrepentido. Aunque al final fue el exdelegado del Gobierno del PP en Ceuta Luis Vicente Moro Díaz el que promovió la adquisición de Emissao y el cobro de las comisiones pactadas a través de Inassa (filial latinoamericana del Canal) y Essentium, concluyen los abogados.
"Firmamos Brasil"
Y como prueba de la importancia del expresidente madrileño en la operación, los abogados del PSOE aluden a un mensaje enviado por Rodríguez Sobrino directamente a Ignacio González informándole de la adquisición: "Anoche firmamos Brasil. Abzo. ER”). Y unos minutos después González contestó con otro SMS: “Cojonudo. Un abrazo”.
Los socialistas destacan que en la operación bajo sospecha hay otras figuras clave, como son Diego Fernando García Arias, director gerente del Área de Nuevos Negocios de Inassa entre 2011 y 2015; Luis Vicente Moro Díaz, vinculado a la mercantil Essentium SA y amigo personal de Ignacio González; y Ramón Navarro Pereira, director gerente de Triple A.
Los cinco habrían pactado repartirse 5,4 millones de dólares -aproximadamente 4 millones de euros - en comisiones Ilegales con cargo al sobreprecio de Emissao, indica el escrito de acusación. Para cobrar esta suma, prosiguen los letrados, los procesados contaron con la colaboración del empresario brasileño Sebastiao Cristovam, el dueño de Emissao, quién elevó el precio de la venta más de 13 millones de euros "con el solo fin de facilitar el reparto de los fondos públicos".
"Plagado de ilicitudes"
Además, el PSOE concluye en su escrito que en el proceso de compra de Emissao, "estuvo plagado de ilicitudes y supuso una salida indebida de fondos públicos en perjuicio de la administración autonómica por un importe de entre 6,4 y 9,6 millones de euros, debido al sobreprecio pagado por su adquisición".
Así, además de los once años de cárcel para Ignacio González, el PSOE reclama para Edmundo Rodríguez Sobrino una pena de nueve años y seis meses; siete años y seis meses para María Fernanda Richmond; tres años y diez meses para Diego Fernando García Arias; nueve años y tres meses a Luis Vicente Moro; siete años y cinco meses a Ramón Navarro Pereira; y seis años de cárcel para Sebastiao Cristovam.
Por otra parte, el Consistorio de Las Rozas, gobernado por el PP; el de Rivas-Vaciamadrid (Izquierda Unida) y la acusación popular de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) reclaman por su parte una pena de 8 años de prisión para el expresidente madrileño.
