El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió el lunes en La Moncloa al líder de la oposición, Pablo Casado. En el encuentro abordaron la renovación del poder judicial, asignatura pendiente desde hace tiempo. Pero no hubo ningún acercamiento en una batalla que se libra en tres frentes. Afecta a 20 sillones en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y cuatro en el Tribunal Constitucional. En juego están las presidencias del Tribunal Supremo y del máximo garante de la Carta Magna en pleno desafío independentista.
El tercer escenario es la Fiscalía y al menos una decena de puestos clave que tendrá que nombrar la nueva responsable del Ministerio Público, Dolores Delgado. Ella tiene en su mano influir en esa la correlación de fuerzas siempre presente entre progresistas y conservadores. Ese eje también parte en dos la carrera judicial. Y el equilibrio a día hoy mantiene el esquema surgido tras la arrolladora victoria del PP de Mariano Rajoy en las elecciones de 2011. Muchas cosas han cambiado desde entonces, empezando por la pérdida de la hegemonía del bipartidismo, acostumbrado hasta ahora a repartirse los puestos de relevancia en la judicatura.
El escenario que acumula más retraso en su renovación es el CGPJ. Su presidente es al mismo tiempo el del Tribunal Supremo. Populares y socialistas estuvieron a punto de conseguirlo a finales de 2018 cuando el exministro Rafael Catalá y su sucesora, Dolores Delgado, pactaron un nuevo Consejo presidido por Manuel Marchena, quien luego se daría a conocer para el gran público en el juicio del procés. Pero la operación se fue al traste por la indiscreción del exportavoz en el Senado del PP Ignacio Cosidó al enviar un mensaje en el que se jactaba de que con ese juez iban a controlar casos relevantes “desde detrás”.
20 asientos en el Consejo
Marchena renunció y el CGPJ se encuentra en funciones desde el 4 de diciembre de 2018 cuando agotó su mandato de cinco años. Controlar el Consejo es importante porque es el órgano de gobierno de los jueces. Asigna los puestos más relevantes como las plazas en el Tribunal Supremo, las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia o de las Audiencias Provinciales. Este Consejo, ahora en funciones, ha hecho un total de 200 nombramientos (el 80 por ciento de ellos por unanimidad o con el apoyo de 3/5).
También realizan labores de inspección disciplinaria o deciden asignar algún refuerzo como el juez de apoyo del Juzgado que investiga el caso Villarejo en la Audiencia Nacional. Es importante porque el futuro judicial de un partido, un político o un causa relevante puede depender de los jueces que en su día fueron elegidos para un tribunal en concreto.
El futuro judicial de un partido, un político o un causa relevante puede depender de los jueces que en su día fueron elegidos
El Consejo lo integran veinte vocales que hay que renovar. Hoy el reparto de fuerzas es de 11 miembros propuestos por el PP y siete por el PSOE, uno por IU y otro por el PNV. A ellos se les suma el presidente, Carlos Lesmes, que si bien fue elegido por consenso de los dos grandes partidos, es considerado también del ala conservadora. La correlación de fuerzas, por tanto, no refleja el actual arco parlamentario en el que se deciden estos nombramientos y de ahí el interés del Gobierno de Sánchez por renovarlo y que el PP no tenga ninguna prisa.
Negociaciones entre partidos
El modo de elección ha sido objeto de polémica desde hace años. El actual -vigente desde 2013- se impulsó pensando en que la composición de las Cortes es el resultado de lo que sale de las urnas y que esa voluntad popular se tiene que plasmar luego en la elección de los jueces. Se consideró que dejar los nombramientos al albur de las asociaciones de jueces daría lugar a un sistema de castas, inaccesible al menos para la mitad de los 5.500 jueces españoles, que no están adscritos a ninguna asociación. Hoy basta con reunir 25 avales de compañeros para ser candidato.
Antes bastaba el acuerdo entre PP y PSOE. Ahora no es descartable que Podemos o formaciones nacionalistas quieran tener más presencia
La realidad luego es que en última instancia hay que ser elegido por los partidos y ahí los independientes suelen toparse con un techo frente a la influencia de las asociaciones. La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) es conservadora, Jueces para la Democracia (JpD) es progresista. Ambas copan hoy buena parte de las plazas del Consejo. El modelo que se usa es mixto. El Senado y el Congreso de los Diputados reciben cada uno una lista con todos los jueces candidatos que han juntado al menos esos 25 avales. De ahí el Senado elige seis y el Congreso otros seis. Es decir, los políticos tienen que sentarse a negociar y pactar asientos.
También a la hora de elegir a los ocho vocales que completarán el Consejo. No tienen que ser necesariamente jueces. Basta con ser considerados juristas de reconocido prestigio. Ahora hay varios abogados o una letrada de la Administración de Justicia. En estos ocho ya hay nombramientos más discrecionales por parte de los partidos una vez se han puesto de acuerdo en cuántos van a colocar cada uno. Históricamente bastaba el acuerdo entre PP y PSOE. Ahora no es descartable que Podemos, socio de Gobierno, o formaciones nacionalistas e independentistas también quieran tener más presencia.
La norma dice que el presidente del Consejo -y por tanto del Tribunal Supremo- se elige en el primer Pleno, pero la realidad es que la negociación de los partidos empieza por pactar ese puesto. Esa primera votación no suele deparar sorpresas. Tras la fracasada reunión en La Moncloa, el Gobierno, que apuesta por desjudicializar la situación en Cataluña, acusó al PP de usar las instituciones como “rehenes” y de querer imponer su política. Casado, amparado en la mayoría conservadora actual del Consejo, contestó que su propuesta es lograr “el orden y la convivencia en Cataluña con la tipificación del referéndum ilegal”.
Tribunal Constitucional
La situación en el Tribunal Constitucional es parecida. En este caso son doce jueces repartidos en tres bloques de cuatro magistrados cada uno. Un bloque lo elige el Congreso, otro bloque depende del Senado y el tercero es por designación del Gobierno (dos jueces) y del CGPJ (otros dos). Actualmente el equilibrio entre progresistas y conservadores también beneficia al PP por siete a cinco, incluyendo el presidente, Juan José González Rivas.
En la carrera dan por hecho que Conde Pumpido aspira a la presidencia. Si no la logra ahora, será en julio de 2022
La diferencia con el Consejo es que no se renuevan todos a la vez, sino que cada bloque se cambia a los tres años. La Constitución dice que el mandato de los jueces del Tribunal Constitucional es de nueve años. Pasado ese tiempo se tienen que marchar. Las matemáticas son claras. El problema es que hubo una época en la que PP y PSOE fueron incapaces de llegar a un acuerdo de renovación y hubo magistrados que prolongaron su estancia.
Para solventar esta anomalía, se introdujo en 2010 una Ley Orgánica. En su artículo 16 establece que el tiempo que se demoren los salientes se le descuenta después a los entrantes. De ese modo se protege la obligación de renovar cada tres años. Esa es la razón por la que ahora el Congreso tiene que sustituir a sus cuatro jueces cuyo mandato expiró el pasado 7 de noviembre. Eso a pesar de que les falta un año y siete meses para alcanzar los nueve años que marca la Constitución. Fueron nombrados en julio de 2012.
La aspiración de Conde Pumpido
Estos cuatro jueces son el presidente González Rivas (propuesto por el PP), la vicepresidenta, Encarnación Roca (del PSOE, concretamente de la órbita del PSC, aunque habitualmente vota con los conservadores), Andrés Ollero (PP) y Fernando Valdés (PSOE). Es un empate a dos difícil de repetir con el actual Congreso de los Diputados, más plural. Se necesita un apoyo de 2/3 de la Cámara, es decir, más de 233 diputados. PP y PSOE suman 208 escaños, por lo que necesitan contar con algún grupo parlamentario más para los nombramientos.
Solo con deshacer ese empate en favor del bloque progresista (3-1) ya daría un equilibrio de fuerzas general de seis progresistas y seis conservadores en el Tribunal Constitucional. El nuevo Pleno, con sus cuatro nuevos miembros, tendría que elegir nuevo presidente ya sin mayoría clara. En caso de empate en la votación definitiva, se elige al miembro de mayor edad. Ahí unos y otros jugarían sus cartas. Entre ellos está Cándido Conde-Pumpido, quien fuera fiscal general del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional por el Senado.
En la carrera judicial dan por hecho que aspira a la presidencia. Si no la logra ahora con esta renovación, es casi segura cuando en julio de 2022 le toque al Gobierno designar a sus dos magistrados ya sin ataduras ni negociaciones. Hoy esas plazas del Ejecutivo las ocupan los magistrados Antonio Narváez y Pedro González Trevijano, ambos propuestos por el PP. Pertenecen a la terna más antigua de la que sale siempre el presidente, según la norma no escrita del tribunal. De respetarse, la nueva presidencia conservadora duraría previsiblemente solo dos años.
A día de hoy nadie ha recurrido la Ley Orgánica de 2010 que permite acortar mandatos para respetar las renovaciones. Pero hay voces en la carrera judicial que lo ven cuestionable. A ese argumento se podría aferrar el PP para defender que el reparto actual debe continuar al menos hasta julio de 2021 cuando los cuatro elegidos por el Congreso agoten sus nueve años. En el horizonte está, entre otros, el recurso por la sentencia del procés.
La Fiscalía
El tercer frente no precisa de negociaciones entre partidos y empezará a despejarse en los próximos días cuando la exministra socialista Dolores Delgado tome posesión como fiscal general del Estado. De aquí a dos años tendrá que hacer al menos una decena de nombramientos claves, ya sea por jubilaciones o porque ha expirado el plazo en ejercicio de algunos fiscales. En marzo toca renovar algunos cargos nombrados en 2015 al haber cumplido sus cinco años de mandato.
Uno de ellos es Fidel Cadena, entre los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que defendieron la rebelión en el juicio del procés. Otro es Javier Huete, fiscal de Menores, o Fausto Cartagena, fiscal jefe de Inspección. Dentro del Tribunal Supremo también tiene que sustituir por jubilación a Antolín Herrero, fiscal de Sala de lo Penal, el exministro Mariano Fernández Bermejo, de la Sala Militar, o a Anselmo Sánchez Tembleque, fiscal de Sala de Siniestralidad Laboral.
Dentro de un año hay que renovar también al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso y al fiscal jefe de la Unidad de Apoyo, Francisco Moreno, o al jefe de la Secretaría Técnica, Fernando Rodríguez Rey. Algunos de ellos pueden parecer poco relevantes pero todos cuentan dentro de esa especie de Estado Mayor de la Fiscalía que son los fiscales de Sala.
La ley autoriza a Delgado a dar una directriz en cualquier investigación. Si algún fiscal se opone, puede acabar invocando el artículo 27 del Estatuto Fiscal. En última instancia obligaría a Delgado a encerrarse con todos los fiscales de Sala, unas reuniones que si bien no son vinculantes, pueden no ser amistosas. La capacidad de nombrar a los puestos más relevantes le da poder para equilibrar la balanza a su favor.
Quien los nombra es el Consejo Fiscal. Lo integran 12 miembros. Nueve de ellos salen de elecciones internas en toda la carrera fiscal. Ahora mismo el reparto es de cinco conservadores y cuatro progresistas. Los tres restantes son la propia fiscal general, el jefe de Inspección y el teniente fiscal. Estos dos últimos están pendientes de renovación. Especialmente relevante es el puesto del teniente fiscal. Es el número dos y sobre quien recaen los asuntos en los que Delgado se abstenga. El actual es el veterano Luis Navajas, que lleva desempeñando ese puesto con los últimos fiscales jefes. Fue nombrado en noviembre de 2014 y lleva tres meses en funciones.
