Era mayo de 2009. Vicente Flores Calero apenas tenía 31 años cuando sufrió un suceso que le marcaría para el resto de su vida y le apartaría de una profesión "vocacional" como es la de la Guardia urbana de Barcelona. Tras sufrir un accidente laboral estando de servicio, que derivó en el reconocimiento de una incapacidad permanente, el Ayuntamiento de Barcelona le denegó la posibilidad de pasar a "segunda actividad" y le apartó del Cuerpo. ¿El motivo? "Todo sucedió en pleno mes de agosto. Me dijeron que como no estás bien, ya no sirves. !Que te digan eso es muy fuerte!", confiesa en una entrevista a Vozpópuli.
"Quien está vulnerando de forma reiterada la Convención de la ONU es Barcelona. Algo que luego quiere aplicar a los refugiados, pero digo yo que se aplique a todos", denuncia Flores
Tras más de seis años de periplo judicial y de haber pasado por tres gobiernos municipales (primero bajo el mandato de Jordi Hereu del PSC, luego a las órdenes de CiU con Xavier Trias y ahora con Barcelona en Comú al frente del Consistorio), su lucha continúa siendo una constante: "Yo tengo claro que voy a seguir reclamando esté quién éste", apunta.
Después de la victoria de Ada Colau en las pasadas elecciones municipales de mayo, este ex guardia urbano se reunió con un asesor del Consistorio que le derivó a un Comisionado y con él guardaba la esperanza de que las cosas iban a cambiar. "Me dijeron que en un plazo no superior a dos semanas esto se iba a solucionar pero no ha sido así. En la última comisión ni habló, directamente lo trasladó a las personas que han creado el conflicto, que son los técnicos", avanza. Y prosigue que tras haber dado a la regidora un margen de cien días en el Ayuntamiento, su actitud no es la más correcta. "Quién está vulnerando de forma reiterada la Convención de la ONU es Barcelona. Algo que luego quiere aplicar a los refugiados, algo con lo que estoy de acuerdo, pero digo yo que se aplique a todos, también en mi caso. En este punto podemos hablar de un ejercicio de hipocresía", afirma.
En noviembre de 2014 el Consistorio aprobó la creación de una comisión de trabajo de Interior para que se constituyera una comisión técnica de valoración y tomar las medidas necesarias que permitan que los guardias urbanos con una discapacidad se les permita pasar a "segunda actividad". Algo que aún no se ha culminado. "Llevamos un año y medio esperando a que una comisión elabore un informe, con los inconvenientes que ello conlleva ya que está formado por las mismas personas que me han dicho que me vaya fuera", denuncia.
Intervino en un robo estando de baja
El 20 de mayo de 2009, Vicente fue arrollado en un cruce cuando se trasladaba en moto a un caso de violencia de género. Tras un tiempo hospitalizado, recibió el alta y estando de baja fue testigo de un robo con fuerza en la vía pública. El ex guardia urbano no lo dudó ni un minuto y actuó. "Salgo detrás del ladrón y de reducirlo con el pie tocado como lo tenía, me lo acabe de destrozar, con lo que me tienen que volver a operar", cuenta. A raíz de este nuevo incidente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) determinó que tenía una incapacidad permanente total superior al 33% y se le concedió una pensión del 55% de sueldo. Meses después solicita al Consistorio pasar a "segunda actividad", pero su solicitud fue denegada y se le echa del Cuerpo. "Hay muchas funciones que yo puedo hacer como estar en la central, coger llamadas de emergencias, tramitar denuncias o hacer seguridad vial", apunta.
El Ayuntamiento de Barcelona le denegó la oportunidad basándose en una ordenanza municipal, aprobada en 2002 y que excluye a parte de los discapacitados
Sin embargo el Ayuntamiento le denegó esa oportunidad, basándose en una ordenanza municipal aprobada en 2002 que excluía a cierto tipo de discapacitados -la gran invalidez, la absoluta y la total- y sólo contempla y acepta la parcial. La realidad es que en otros ayuntamientos de España esta situación no se produce. Tal y como publicó este periódico, el Consistorio de Madrid "margina" a los policías municipales enfermos o mayores de 55 años a una "segunda actividad", pero sin cesarlos de su puesto de trabajo. "Lo único que sale cuando llegan a esta edad o situación son plazas para el control y la vigilancia de edificios. No se aprovechan los conocimientos ni veteranía", denunciaba el portavoz de la Policía Municipal de Madrid en CSIT Unión, José Francisco Horcajo. "En Barcelona estamos todavía en una primera lucha", asiente Vicente Flores.
Además cuenta que "la gran diferencia que se da en Cataluña es que a los bomberos y los Mossos en situación de enfermedad no se les despide". "Ellos si tiene reconocida una segunda actividad que han luchado. Nosotros somos los de tercera, los apestados", denuncia.
Su caso, el primero que acusan a España de vulneración
Ante la decisión del Ayuntamiento de apartarle del cuerpo, este ex agente comenzó un verdadero periplo judicial, que dura ya más de seis años. Tras ganar en primera instancia, el Consistorio recurrió el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde no consiguió paralizar el recurso. Después de que el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Derechos Humanos no admitiesen a trámite su caso, su gran esperanza ha sido el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Este organismo ha aceptado su denuncia, tratándose del primer caso en el que acusan a España de vulneración. "Tengo muchas esperanzas en la resolución de Naciones Unidas, porque en el momento en el que lo admiten quedan las vergüenzas destapadas", confiesa.
En este caso se siente respaldado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la plataforma de representación, defensa y acción de la ciudadanía española con discapacidad. Este organismo ha mandado recientemente una carta a la alcaldesa Ada Colau en la que le pide que detenga la aplicación de una política local que, aunque heredada de mandatos anteriores, sigue aplicándose bajo su gobierno con "enormes perjuicios" para los afectados. "El CERMI me ha apoyado incondicionalmente desde el principio. Han comparecido en el Parlamento y desde el año pasado hemos pedido que se elabore una ley a nivel autonómico que regule esta situación", narra.
Su caso ha llegado al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, siendo el primer caso en el que acusan a España de vulneración
Tras este varapalo que le sucedió con 31 años, Vicente Flores continuó con su vida y encontró trabajo en la empresa privada al ser técnico de prevención de riesgos laborales. También fundó una asociación de la que es presidente, con el objetivo de ayudar a otros agentes que estuvieran pasando por una situación parecida a la suya. Porque, según cuenta, en la actualidad hay muchos casos que se están ocultando en Cataluña. "Durante este tiempo han echado a mucha gente... Hay personas con enfermedades que las están ocultando para que no les declaren incapacitados y se les eche cobrando el 55% del sueldo", denuncia.
Pese a tener un trabajo y una familia por la que luchar, Vicente desea volver a vestir el traje de guardia urbano porque lo suyo fue "vocacional". "Yo entré con 21 años, lo mío fue vocacional puro y duro. Tanto que estando de baja y fuera de servicio vi un robo y decidí actuar. Mi recompensa ha sido que me han echado y no me han hecho ningún reconocimiento ni me han dado ninguna medalla cuando eso está recogido", denuncia. Y aunque tiene claro que seguirá luchando por que se reconozca su caso y el de muchos otros, el día y día y otros sucesos le hacen ver las cosas no tan nítidas. "No me queda otra que continuar hasta el final. Lo que pasa es que estamos en un país en el que aún no han cobrado las víctimas de la Talidomida, con lo que me puedo esperar cualquier cosa", concluye.
