Un total de 3.391 empresas, consorcios y fundaciones están vinculadas a las entidades locales de España, según el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Será una de las partes por las que corten las entidades locales a la hora de presentar el plan de ajuste que les exigen para poder acogerse a la línea de crédito con la que pagar a sus proveedores. Ese ajuste solo tiene tres posibles vías: aumento de impuestos o tasas municipales, rediseño de competencias y ajuste de personal.
Y buena parte de ese personal se encuentra en los miles de empresas, públicas o participadas por los ayuntamientos, consorcios y fundaciones vinculadas a las entidades locales y no es detalle menor que la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) se haya hecho eco de esta estadística a la hora de abordar en su última publicación un reportaje sobre el compromiso de los gobiernos locales con el equilibrio presupuestario.
Los casos más paradigmáticos son los de Andalucía, Cataluña y País Vasco, que concentran entre las tres 1.900 entes públicos vinculados a entidades locales, esto es, el 55 por cien del total. En Andalucía, que celebra elecciones autonómicas el próximo día 25, hay 825, de los cuales 421 son empresas en las que los ayuntamientos andaluces tienen mas del 50 por ciento de la participación; 105 son empresas participadas con menos de un 50 por ciento; 258 son consorcios y 51 fundaciones. Los municipios catalanes suman 741, de los cuales 338 son empresas publicas, 72 participadas, 267 consorcios y 64 fundaciones.
El caso del País Vasco es también muy llamativo habida cuenta de que tiene poco más de dos millones de habitantes frente a los casi ocho millones cuatrocientos mil que viven en municipios andaluces y los siete millones y medio en catalanes. Hay en el territorio de Patxi López 325 empresas, consorcios y fundaciones relacionadas con sus ayuntamientos. 178 son empresas públicas; 81 participadas; 29 son consorcios y 37 fundaciones. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 228 entes; Canarias con 188; Aragón con 166 y Madrid con 140.
El misterio de la deuda a proveedores
Los ayuntamientos tienen un techo de déficit para este año de 0,3 por ciento y tan solo se desvía un exiguo 0,08. Su deuda viva tan solo representa un 3,4 del PIB en el segundo semestre del año según el Banco de España, esto es, 36.700 millones frente a los 534.488 de la Administración General del Estado y los 135.151 de las Comunidades Autónomas. Pero el gran problema que afrontan es su deuda comercial, esto es, lo que deben a proveedores. Y esa cifra es un auténtico misterio. Si alguna virtualidad tiene el sistema puesto en marcha por Hacienda para el pago a proveedores es que hará aflorar todas las facturas impagadas a 31 de diciembre de 2011 que las corporaciones locales tienen en el cajón.
Ayuntamientos como el de Santander, Vigo, Málaga, Bilbao, Majadahonda o la Diputación de Valencia (también las diputaciones pueden acogerse al pago de proveedores) ya han anunciado que no lo necesitarán. Ellos escaparán así de la supervisión de Hacienda y Administraciones Públicas, departamento al que tendrán los entes locales que presentar antes del 31 de marzo sus planes de ajuste. Además, la Administración General del Estado adelantará a 2012 el 50 por ciento del importe destinado de las liquidaciones por la participación en los tributos del Estado correspondientes al año 2010, aunque no podrán acogerse aquellos ayuntamientos que no hayan remitido la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, esto es, unos 400 municipios, la mayoría pequeños.
Asimismo, el Gobierno ha dado respuesta positiva a la petición de la FEMP de aplazar a diez años el reintegro de las cantidades a cuenta uie corresponden a los ejercicios 2008 y 2009, siempre y cuando hayan emitido las liquidaciones de los presupuestos de 2011. Ello, unido al incremento del IBI, pretende ser un balón de oxígeno para los más de 8.000 ayuntamientos que hay en nuestro país.
