La Audiencia Nacional ha incorporado al macrosumario de la causa Titella no solo lo incautado en el operativo del pasado 29 de junio, sino también la documental requerida a los bancos en relación con las principales empresas del entramado. De este modo, entidades como Caja Rural o Banco de Crédito Corporativo han cumplido con el requerimiento del magistrado Ismael Moreno y han aportado los contratos y préstamos ICO concedidos a algunas mercantiles de esta red de la que la Policía calcula que habría estafado más de 50 millones de euros.
El material ofrecido, y al que ha tenido acceso Vozpópuli, responde a la solicitud del instructor de entregar la "documental relativa a las operaciones de financiación" concedidas a las mercantiles de la trama. Al respecto Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid confirmó que tenían como cliente a Semper Legis, incluida por la Policía Judicial en el listado de sociedades que los implicados -entre ellos el productor José Luis Moreno- utilizaron para "llevar a cabo la actividad fraudulenta".
La entidad confirma que, en el momento actual, la firma tiene en su cuenta un saldo negativo con una cantidad retenida de 687,93 euros, y ello pese a haber recibido un crédito ICO. El importe solicitado por estos avales que se concedieron a tenor de la covid fue de 200.000 euros, si bien recibieron un total de 160.000. Así consta en el contrato íntegro aportado por la entidad y en el certificado de garantía que firma F.M.R.R. en calidad de apoderado de la empresa. Pese a ello, la Policía le identifica como un testaferro de esta parte de la trama bancaria que lideraba Antonio Luis Aguilera.
De esta manera las entidades, a las que el magistrado les ofrece la posibilidad de figurar como perjudicadas de la red de Moreno, respaldan la tesis de la Policía Judicial acerca de que la trama, en un primer escalón, creó "empresas pantalla administradas por testaferros" para conseguir financiación a través del conocido como peloteo de cheques que luego nunca llegaron a devolver. De hecho, las diligencias que ahora se siguen en la Audiencia Nacional arrancaron en el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid en 2018 a tenor de una denuncia de Abanca.
Los investigadores apuntan que los implicados en esta presunta "organización criminal" estuvieron ayudados por funcionarios, notarios, registradores y peritos judiciales. También incluyen en la red a algunos de los directores de las sucursales que habrían confeccionado certificados y entregado líneas de crédito a estas empresas pese a ser conocedores de que no cumplían con los requisitos. La mayoría recibieron dádivas y regalos llegando uno de ellos a beneficiarse de un millón de euros de la trama que ingresó en un fondo de pensiones de su madre, según los investigadores.
"Era lo más fácil de conseguir"
El propio magistrado también sostiene esta tesis. En concreto, en los autos en los que acordó la libertad provisional de algunos de los detenidos explicó que los cabecillas se valieron de "multitud de productos bancarios" como confirming, préstamos, pagarés, líneas de crédito y descuentos leasing, entre otros. En relación a los ICO apuntó que se estaban beneficiando de estos avales porque eran los más fáciles de conseguir y que las entidades estaban deseando concederlos. Incluso agregó que también solicitaron líneas Comex (Comercio Exterior) "previsiblemente para desviar los beneficios obtenidos a países extranjeros".
Con todo, entre el material entregado por los bancos se incluye también el de Banco de Crédito Corporativo. La entidad identificó un total de 30 mercantiles implicadas en la red que tenían cuentas abiertas en calidad de clientes. Entre ellas destaca la relativa a Integral Mundox Producciones, de la que aporta pólizas de las operaciones en activo así como escritura de constitución y la información económica aportada para su apertura.
Los investigadores sostienen que esta sociedad, administrada por Raúl Pontvianne, es la que se utilizó en la firma de un contrato con RTVE para la grabación de 26 episodios de la serie 'Aquí mando yo... y punto com' que "jamás llegó a materializarse, a pesar de haber conseguido financiación por parte de las entidades bancarias, no habiendo sido satisfecha su devolución y desapareciendo todos ellos con el capital obtenido", recoge un informe policial del pasado 10 de agosto.
Las escuchas telefónicas también revelan referencias a esta mercantil. En una conversación mantenida el 6 de julio (una semana después de las detenciones), el sobrino de Moreno le dice al humorista que "la mierda de Mundox" se la echarán a ellos y que "tenían que estar preparados con toda la documentación posible". En una charla previa, del pasado mes de febrero, Moreno reconoció a su interlocutor que creó junto con Antonio Aguilera esta sociedad "para no aparecer él personalmente por si surgían problemas".
La caja fuerte de Moreno
Por su parte, la Policía Judicial informó al instructor que, tras estudiar los documentos y las cuantías intervenidas en los registros del 29 de junio, se procedió a ingresar el dinero en efectivo en la cuenta de consignaciones judiciales de la Audiencia Nacional. En lo que respecta a José Luis Moreno, los agentes aportan tres resguardos de ingreso por importe de 200 dólares el primero; 4.220 euros y 1.400 dirhams. Este sería el total de metálico recabado de la caja fuerte que el productor tiene en su lujoso chalet de Boadilla del Monte (Madrid).
Los resguardos aportados desvelan que a Adriana Ruiz le requisaron 15.532 euros en el registro a su domicilio y 99.100 euros a José Luis Garrido. Los investigadores identifican a la primera de ella como una de las últimas mulas de la organización que tenía el encargo de recoger dos envíos de dinero (uno de 800.000 euros y otro de un millón) después de que la Policía interceptara a otra de las integrantes de la red el 14 de enero mientras transportaba 1,3 millones de euros en el maletero del coche.
En lo que respecta a Garrido, los investigadores le identifican como "colaborador" de Aguilera y también implicado en el escalafón de la red que se dedicaría al desvío de fondos al extranjero. Además de los 99.100 euros incautados, la Policía Judicial le intervino 54.000 pesos colombianos que han quedado en calidad de depósitos custodiados por la Policía Judicial.
