El ‘caso Bárcenas’ desborda de trabajo a la Policía. Y no sólo a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que lleva el peso de la investigación, sino también a otros grupos que prestan su apoyo en labores muy especializadas. Es lo que le ha ocurrido a la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) que hace unos días envió un informe al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, para justificar la lentitud en realizar una parte de los trabajos que le había encomendado. En concreto, el retraso en el tratamiento de los miles de correos electrónicos obtenidos en el registro efectuado el 27 de septiembre pasado en las oficinas de la empresa Unifica Servicios Integrales SL, responsable de las obras de reforma de la sede nacional del PP que están bajo sospecha de haber sido pagadas en parte con dinero negro.
Sólo en hacer un "filtrado selectivo" del contenido de los dispositivos informáticos intervenidos en el registro de la empresa de reformas, los expertos informáticos tardaron cerca de un mes
El documento policial, al que ha tenido acceso este diario, detalla que los expertos policiales tardaron cerca de un mes en hacer un “filtrado selectivo de la información contenida” en la decena de dispositivos informáticos intervenidos en aquel registro, y que incluían ‘pendrives’, CD, tabletas, discos duros y ordenadores, varios de ellos del propietario de la compañía, el arquitecto Gonzalo Urquijo, imputado en la causa. Una vez realizada esta labor, a los agentes de la UIT les llevó dos meses más poder procesar la ingente cantidad de 'emails' que se intervinieron en el servidor y que pertenecían a 25 cuentas de correos distintas. Su volumen obligó a los policías a utilizar dos discos duros de uno y dos terabites para su almacenaje. “Se han tratado más de 118.000 correos electrónicos, por lo que se ha procedido por esta Unidad a realizar un tratamiento de extracción, conversión a un formato legible para los ordenadores de la unidad investigadora [UDEF] y eliminación [de] duplicados de los correos electrónicos”, detalla el informe que daba cuenta de que finalmente el pasado 8 de enero realizaron la entrega de toda esta información a sus compañeros del Grupo XXI de la Brigada de Blanqueo de Capitales.
De este modo, los agentes de la UDEF no han podido comenzar a trabajar directamente con la misma hasta 103 días después de haberse intervenido. Una larga espera a la que suman ahora la ardua tarea de cruzar todos estos mensajes con aquellos a los que los agentes pudieron acceder de manera inmediata durante el registro o poco después ya que o bien estaban “almacenados localmente” en los ordenadores de algunos de los trabajadores o bien se encontraban impresos en papel en una carpeta amarilla que contenía otros documentos. Estos últimos eran mensajes intercambiados "entre personal del PP y Unifica", según detallaba un escrito judicial. La Policía también deberá cruzarlos con los 'emails' que se obtuvieron durante el registro 'de facto’ de la sede nacional del PP del pasado mes de diciembre.
Las cuentas vacías de Lapuerta y Páez
Entonces, los agentes realizaron el ‘volcado’ del contenido de las cuentas de correo de una docena de empleados del área económica del partido, entre ellos los tres antiguos responsables ahora imputados:Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Cristóbal Páez. La Policía las encontró las de estos dos últimos vacías después de que hubieran sido borradas, mientras que el contenido de lo hallado en la del político encarcelado fue calificado por la UDEF en el propio acta de registro como “no relevante a los fines de la investigación”. También se revisó la cuenta de Antonio de la Fuente, cuñado de Bárcenas y jefe de seguridad de la formación hasta que estalló el escándalo de las cuentas en Suiza. En su buzón fue el único en el que, de hecho, la Policía halló a primera vista material "relevante” sobre las obras bajo sospecha. En concreto, 16 'emails', en uno de los cuales el familiar del extesorero pedía al estudio de arquitectura que le elaborara un presupuesto falso para pedir una ampliación de su hipoteca a su banco.
Con este rastreo exhaustivo de los correos electrónicos en Unifica y en el área económica del PP, el juez Ruz pretende identificar a los responsables del partido que, según uno de sus autos, se concertaron "activamente" con el empresario para supuestamente abonar un 30% de los trabajos de reforma de la sede en dinero negro. Para el magistrado, estos serían "colaboradores necesarios" del delito fiscal del que acusa a Gonzalo Urquijo. Para ello, en la providencia en la que el pasado 30 de diciembre, días después del registro 'de facto' de la sede del PP, ordenaba a la UDEF analizar de manera conjunta todos estos documentos, pedía a los agentes que también los comparasen con "los restantes elementos aportados a la presente instrucción y que tuvieran relación con aquellos", en referencia a los célebres 'papeles de Bárcenas' que dieron pie a la investigación al destapar la supuesta entrega de 888.000 euros al arquitecto. Una vez hecho, la Policía deberá deberán realizar "un informe global". Un análisis policial que arrastra un retraso de más de cien días por culpa de ingente volumen de documentación.
