El magistrado Joaquín Gadea ha citado para el próximo 21 de diciembre al exCEO del BBVA Ángel Cano y al que fuera jefe de seguridad Julio Corrochano en el marco de la investigación abierta por los contratos del BBVA a las empresas de José Manuel Villarejo. El instructor da impulso a las pesquisas que se siguen en esta pieza novena del procedimiento Tándem y acuerda interrogarles después de que así lo solicitaran al juzgado.
En la providencia firmada por el magistrado, y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el instructor señala el 21 de diciembre para interrogar primero al exconsejero delegado (a quien convoca a las 10.00 horas) y en segundo lugar a Corrochano, citado a las 12.00 horas. Se trata de declaraciones clave en tanto los dos se acogieron a su derecho a no declarar tras su imputación en el procedimiento a mediados de 2019. La defensa jurídica del banco, por su parte, señaló a Corrochano como el artífice de los acuerdos con las empresas del entonces policía en activo y deslizó también responsabilidades en la figura de Cano.
Sin embargo, Corrochano -a quien la Fiscalía Anticorrupción acusó también de cobrar dádivas por su gestión en los contratos- ha remitido recientemente un escrito a la Audiencia Nacional en el que rompe su silencio y señala a la excúpula de la entidad que preside Carlos Torres como la responsable de que se contrata con el Grupo Cenyt. Los investigadores han acreditado en este tiempo que los encargos se prolongaron entre 2004 y 2017 (año en que detuvieron al comisario jubilado) y que costaron un total de 10,23 millones de euros.
En concreto, Corrochano explicó que su actuación en este asunto se ciñó a firmar los contratos relativos a estos encargos, entre los que se encuentran operaciones como Trampa (en las que se espió al expresidente de Sacyr Luis del Rivero y a su entorno ante el temor de un asalto al banco), o el proyecto King (cuya finalidad era impulsar una investigación de los bienes de Luis Portillo y Fernando Martín por la deuda del Grupo Prasa).
La versión de Corrochano
Al hilo, y como ya expusieran otros clientes VIP del comisario, Corrochano explicó en su escrito que era "inimaginable" que la situación de Villarejo fuera la de policía en activo porque "chocaría" con las actividades diarias que llevaba a cabo. Además, también apuntó que eran "públicas y notorias" y que era coherente que la cúpula policial las conociera. Además, este policía expuso también que le constaba "por terceros" que tenía "muy buenas relaciones personales" con miembros del CNI sin que nunca llegara a imaginar que hubiera algo "irregular o delictivo" en esas relaciones.
Con todo, tanto la defensa legal del banco como del expresidente Francisco González siempre se desligaron de estos contratos y relegaron cualquier responsabilidad tanto en la figura de Corrochano por su condición de director de seguridad como en Antonio Béjar. El que fuera directivo de riesgos y presidente de Distrito Castellana Norte ha sido el blanco de las críticas de la entidad y del forensic que se encargó por parte de la nueva cúpula del banco para depurar responsabilidades.
Pese a ello tanto Béjar como ahora Corrochano insisten en señalar a los entonces directivos como los responsables de que se optara por el Grupo Cenyt para acometer estos trabajos de inteligencia. Con todo, las pesquisas siguen en el Juzgado Central de Instrucción número 6 el cual, a falta de escuchar a estos dos exaltos cargos en calidad de imputados, ha puesto ahora el foco en las cuentas de Villarejo en el BBVA. Por ese motivo el magistrado Joaquín Gadea les ha requerido para entreguen toda la documental relativa al contrato de apertura de la cuenta del Grupo Cenyt de fecha de diciembre de 2004.
