La Audiencia Nacional ha vuelto a recriminar a BBVA que no aporte todo el material requerido para esclarecer los pormenores de sus encargos al entramado empresarial de José Manuel Villarejo. En este caso, el magistrado Joaquín Gadea ha solicitado a la entidad que entregue toda la documental relativa al contrato de apertura de la cuenta del Grupo Cenyt de fecha de diciembre de 2004, mismo año que comenzaron los encargos de espionaje del banco al comisario jubilado.
El objetivo de los investigadores es recopilar todos los datos que el banco debía tener para autorizar la operación, según consta en un auto del instructor al que ha tenido acceso Vozpópuli. El magistrado da la razón de este modo a la Fiscalía Anticorrupción, la cual solicitó este material tras advertir que el que había entregado la entidad que preside Carlos Torres no era "pleno" ni "completo". "En el informe de Fiscalía se expone que los documentos aportados no son todos los requeridos y que, en todo caso, se contienen una serie de pantallazos y otros que no son los expresamente indicados", reza el auto.
Además, el magistrado que forma parte del juzgado que dirige Manuel García Castellón también pone el foco en la figura del entonces jefe de seguridad, Julio Corrochano. Al respecto, el juez oficia al secretario del Consejo de Administración del BBVA para que informe de los poderes que se le otorgaron a Corrochano en junio de 2004 para averiguar si eran los propios de los antecesores en este departamento de Seguridad. "Y, en su caso, que explicite por qué si fue nombrado en el año 2002, se otorgaron tales poderes en julio de 2004", precisa.
Cabe recordar que Corrochano, a quien el juez acaba de citar a declarar, se ha convertido en una figura clave de esta pieza novena del caso Tándem, dado que fue señalado tanto por el banco (imputado como persona jurídica) como por otros exdirectivos y altos cargos, como el nexo de unión entre la entidad y el comisario, de quien era amigo también por su condición de policía. Corrochano guardó silencio en su primera cita ante el juez en julio de 2019. No obstante, recientemente remitió un escrito a la causa en el que apuntó que la decisión de contratar al agente encubierto fue de Francisco González.
En este documento, que es el que ha dado pie a que se le cite en sede judicial, el policía explica que desde su entrada en el banco en 2002 hasta que se jubiló en abril de 2018 despachaba "directamente" y de forma "habitual" con Francisco González. Al respecto dijo que había dos tipos de reuniones, una cada mes y medio para hablar de temas generales de seguridad de otros países, y otras "de carácter frecuente". En estas últimas despacharon, siempre según su defensa, de asuntos que terminó investigando Villarejo tales como la OPA de Sacyr (proyecto Trampa) o los eventos relacionados con Ausbanc (proyecto Pin), además de temas relacionados con su seguridad personal.
"El punto de contacto"
Sus confesiones dieron pie a que el magistrado Gadea le llamara a declarar. El instructor de nuevo acuerda lo solicitado por Anticorrupción que pidió interrogarle en sede judicial. El policía fue uno de los primeros imputados en esta línea de investigación en la que se indagan los encargos girados desde BBVA a Cenyt entre 2004 y 2017 y por el que pagaron 10,23 millones de euros. En su primera y única comparecencia, en julio de 2019, decidió acogerse a su derecho a no declarar. El gesto derivó en que los fiscales solicitaran una fianza de 300.000 euros para mantenerle su libertad provisional.
De hecho, los fiscales explicaron en aquella cita que el silencio al que se acogía no le beneficiaba teniendo en cuenta los indicios contra él, no solo porque conocía la condición de policía en activo de Villarejo, sino porque firmó los contratos con Cenyt. “Fue el punto de contacto (...). No solo utilizó esos elementos ilícitos sino que se benefició y lucró de la facilitación de tales beneficios mediante la obtención de dinero en especie y de documentos de naturaleza fraudulenta y ficticia del Grupo Cenyt para su currículum”, expusieron los fiscales, que le atribuyeron delitos de cohecho activo.
En su carta remitida en octubre a la Audiencia Nacional, y con la que rompe el silencio guardado más de dos años, Corrochano expuso que firmó los contratos en calidad de apoderado de la entidad y que la decisión de contratar a Cenyt ya desde el año 2004 fue de su "órgano de gobierno". Tanto el banco como Francisco González sostienen, por contra, que él es el responsable de la contratación junto con el exdirectivo Antonio Béjar, a quien le acabó despidiendo tras el estallido de la causa.
Ronda de citaciones
Con todo, el magistrado también llama a César Béjar Hurtado (Fiscalía considera que pudo ser el "receptor" del informe elaborado por el departamento de contabilidad de BBVA sobre las facturas al comisario Villarejo), y al perito Fernando Alfonso Díaz. Este último por el análisis que realizó GMV en relación a las evidencias contenidas en la carpeta de Google Drive con título Cenyt donde el banco comenzó a recopilar la documental de los encargos a Villarejo coincidiendo con las primeras publicaciones en prensa de estos hechos.
Ambos están citados para el próximo 24 de noviembre a las 16.30 horas. Un día después a la misma hora declarará en calidad de imputado el dircom del BBVA, Paul Tobin. Se le imputó después de que la sucesora de Corrochano, Inés Díaz Ochagavia, explicara en sede judicial que Tobin creó que la primera carpeta relativa a los encargos del comisario para recabar toda la documental que se tuviera en el banco sobre Villarejo. Los investigadores quieren esclarecer por qué esta información acumulada en el Google Drive no se le facilitó a PwC para que elaborase su forensic por los trabajos del comisario al banco.
