Las relaciones diplomáticas entre España y Nicaragua atraviesan una profunda crisis con motivo de la celebración de las recientes elecciones en las que Daniel Ortega prolongó su mandato, en unos comicios en los que buena parte de la oposición se encontraba encarcelada. El Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, ha lanzado un comunicado en el que califica de "burla" el llamamiento a las urnas, y habla de "régimen autoritario y represivo" para definir el gobierno del país centroamericano.
"El Gobierno de España rechaza los resultados de las elecciones celebradas ayer en Nicaragua por las inaceptables y arbitrarias condiciones en que se celebraron", señala Exteriores en su comunicado. Y añade: "El Ejecutivo español considera una burla estos comicios y denuncia que su celebración no refleja la genuina voluntad del pueblo nicaragüense, al que Daniel Ortega ha privado del libre y pleno ejercicio de sus derechos de sufragio".
A su juicio, los comicios celebrados este domingo carecieron de las mínimas garantías democráticas exigibles. También denuncia la ausencia de la oposición, al estar sus líderes en prisión, de observadores internacionales y de prensa independiente: "El Gobierno de Nicaragua ha instaurado en el país un régimen represivo y autoritario amparado por un marco legislativo regresivo y la connivencia de los poderes Legislativo y Judicial, controlados por Ortega".
"Persecución sistemática"
El Gobierno español habla de "persecución sistemática de actores políticos, sociales, mediáticos y económicos, hasta el punto de ilegalizar a los partidos opositores, encarcelar a sus principales líderes y precandidatos". Por eso pide a las autoridades de Nicaragua que pongan en libertad con carácter "inmediato e incondicional a todos los presos políticos y manifestantes encarcelados arbitrariamente y que se anulen sus procesos judiciales; que restituyan y garanticen los derechos fundamentales del conjunto de la ciudadanía; y que pongan fin a la represión y el hostigamiento".
Las relaciones diplomáticas entre Madrid y Managua están casi rotas desde el pasado mes de agosto, después de que el Ejecutivo de Daniel Ortega acusara a España de "intromisión" e "injerencia" en sus asuntos internos, debido a los comentarios que hizo el Ministerio de Asuntos Exteriores español sobre la decisión adoptada por el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua de privar al partido de la oposición, Ciudadanos Por La Libertad, de su personalidad jurídica, lo que frustró sus intenciones electorales. El ministro José Manuel Albares llamó a consultas a la embajadora española en Nicaragua.
