El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde hace casi dos años, cobraba una comisión por ayudar a BBVA a recuperar el dinero de los morosos. Y lo percibía gracias a que incluyó en el contrato de servicios que firmó con la entidad financiera un apartado en el que el banco presidido por Francisco González se comprometía a abonar un porcentaje variable del dinero que encontrara a los deudores de la entidad financiera, según apuntan fuentes jurídicas de una de las defensas del caso a Vozpópuli, y confirman desde el entorno del propio excomisario.
Este porcentaje, según explican otras fuentes, era del 2%, y se sumaba al pago fijo que de forma periódica el banco abonaba al excomisario. La defensa letrada de uno de los imputados confirman la existencia de una comisión de éxito en los trabajos del Grupo Cenyt, cuyo propietario era el ex mando policial, con BBVA. Desde el entorno de Villarejo defienden la legalidad de la labor realizada por el excomisario, y sostienen que era "muy eficaz" encontrando dinero que los deudores de BBVA escondían, ya que "consiguió recuperar grandes sumas de dinero" para la entidad financiera presidida por Francisco González.
Luis Portillo
Uno de los casos en los que Villarejo habría percibido la comisión de éxito, según coinciden diferentes fuentes de la causa, fue el del expresidente de la constructora Colonial Luis Portillo, que mantenía una deuda de 70 millones con BBVA. La entidad quería recuperar el dinero que el dueño de Colonial adeudaba al banco. Fuentes del caso consultadas confirman que Villarejo, tras investigar el patrimonio oculto de Portillo, advirtió a BBVA de que este empresario tenía propiedades en Nueva Zelanda y Suiza.
Entre 2004, año en el que comenzaron los trabajos de Villarejo para BBVA, y 2017, ejercicio en el que el jefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano, rompió el acuerdo entre ambas partes, el excomisario ingresó alrededor de 10 millones de euros del banco, que el próximo jueves declarará como persona jurídica como imputado. En una conversación grabada por Villarejo, el excomisario reconoce a uno de sus interlocutores que el banco le había prometido entregarle un bono si conseguía parar la OPA de Sacyr que tenían como finalidad apartar de la presidencia a Francisco González.
Imputación del banco
El encargado de responder en el nombre del banco a las preguntas del magistrado que instruye el caso Tándem, Manuel García-Castellón es el actual director de servicios jurídicos del BBVA de España, Adolfo Fraguas, que según apuntan diferentes fuentes nunca tuvo vínculo alguno con los encargos a Villarejo. En julio pasado, BBVA hizo pública la salida del banco del que fuera responsable jurídico entre 2002 y 2018, Eduardo Arbizu, una persona de la máxima confianza del expresidente del banco Francisco González, conocido en el mundo financiero con el acrónimo de FG.
Según Cinco Días, Arbizu ingresó 327.000 euros como retribución variable pocos meses antes de ser despedido. Fuentes jurídicas del caso explican a Vozpópuli que la retribución por un despido improcedente de cualquier integrante del consejo de administración de BBVA supone un desembolso millonario para la entidad.
Ángel Cano y Corrochano
El ex consejero delegado de BBVA Ángel Cano, imputado en el caso Villarejo, tenía comprometido en 2019 el último tramo del bono de 45,2 millones que le correspondía tras abandonar el banco en 2015. Aunque ese cobro podría ser reclamado por el BBVA si sus actuales directivos entienden que se ha dado alguno de los supuestos establecidos por el Consejo de Administración que pudieran reducir o impedir su entrega (las llamadas clausulas malus).
El también imputado Julio Corrochano recibió en 2018 el dinero correspondiente a la jubilación, cuyo montante no ha facilitado la entidad financiera. Tampoco ha facilitado los datos del despido de Antonio Béjar, que de forma reciente fue despedido fulminante de la empresa Distrito Castellana Norte, participada por el BBVA y del propio banco.
