El arranque de 2024 ha traído el anuncio a bombo y platillo de la cotización a la Seguridad Social por parte de los becarios que realizan prácticas no remuneradas. Una noticia que no ha gustado a rectores y universidades, que llevan meses quejándose por la posibilidad de que se produzca un bloqueo a la hora de encontrar prácticas para sus alumnos.

La cotización de los becarios no remunerados ha levantado ampollas, ya que en realidad el dinero no se moverá en ningún momento de las arcas públicas: el Estado subvencionará el 95% de estas cotizaciones, mientras que el Ministerio de Educación cubrirá el 5% restante en Formación Profesional. Es decir, que el Gobierno moverá a la hucha de las pensiones 2,85 euros por jornada trabajada, mientras que las empresas deberán abonar 13 céntimos.

El objetivo que persigue Trabajo es que las prácticas curriculares cuenten para la jubilación, lo que permitiría sumar un máximo de 900 horas trabajadas -según el límite que imponen los convenios de las universidades- a la vida laboral de estas personas y que estas puedan jubilarse, a priori, antes. Una situación que involucra a 1,2 millones de estudiantes en España.

El problema ahora es de las empresas y universidades. Las primeras tendrán ahora la tarea de dar de alta en la Seguridad Social a becarios no remunerados, un proceso burocrático que hasta ahora era innecesario. Además, estas tendrán que pagar el 5% de las cotizaciones de los estudiantes universitarios, una situación que desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, que representa a casi la totalidad de los campus de nuestro país, ven difícil de cumplir: en repetidas ocasiones, este organismo ha señalado que estas trabas provocará que entidades públicas y privadas renuncien a coger becarios. Por otro lado, las empresas remarcan que el coste de tener un becario no solo es su cotización: es la carga adicional de trabajo para un empleado que debe dejar sus funciones habituales para formar al alumno, lo cual produce un descenso de la productividad.

En un comunicado publicado este cinco de enero, la CRUE señala que "a pesar de que dicha Disposición atribuye principalmente la responsabilidad de gestionar y pagar estas cotizaciones a las entidades receptoras del estudiantado en prácticas, tanto las empresas como las administraciones públicas se han desentendido de esta obligación y han sido las universidades las que hemos tenido que asumir estas tareas. En el caso de las empresas, más de un 98% han eludido el pago de las cotizaciones y un 100% su gestión administrativa".

El comunicado continúa señalando que "los propios ministerios dependientes del Gobierno que ha generado esta regulación y muchos organismos autonómicos los que hayan eludido su responsabilidad en la gestión administrativa y pago de estas cotizaciones". La CRUE señala a "Defensa, Justicia o, incluso, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones".

Debido a que las empresas y administraciones no se están haciendo cargo de los trámites y del 5% de las cotizaciones, las universidades han asumido el coste para que los alumnos sigan haciendo prácticas. La CRUE apunta que son las universidades, "a pesar de sus muchas dificultades financieras", quienes están abonando los costes, cifrados en "unos 9 millones de euros anuales siempre que se mantenga la bonificación". Además, los campus se han visto obligados a incrementar sus plantillas "de personal técnico, de gestión, administración y servicios, a adquirir plataformas digitales y a formar a nuestro personal" para realizar la gestión administrativa que supone tramitar "400.000 prácticas estimadas".

La CRUE además señala que el Gobierno ha aplicado la medida con un "alto grado de improvisación y confusión" y considera un agravio comparativo que Educación cubra el 5% de los gastos restantes de FP y no de las universidades. "En todo este proceso las universidades no hemos sido consultadas ni informadas por los cauces normales de una relación leal entre instituciones"

Además, esta institución lleva denunciando durante meses, a través de diversos comunicados, que las prácticas universitarias no deberían ser un objeto de discusión entre patronal, sindicatos y Trabajo, sino que es una competencia "estrictamente académica" al tratarse de una formación. Por tanto, señalan que, en todo caso, debería ser el Ministerio de Universidades quien se encargase de estas cuestiones: "Crue no cuestiona su capacidad -la de los sindicatos y Trabajo- para fijar la frontera entre lo que son prácticas académicas y lo que no lo son por configurar un verdadero y propio contrato de trabajo, pero, una vez establecida esa frontera, nada tienen, ya que disponer sindicatos y patronal respecto del régimen jurídico de las prácticas académicas".

Eva Alcón, presidenta de la CRUE, insistió en ello durante una entrevista con El País: "Nos estamos encontrando que las pymes están poco motivadas a participar y la propia Administración pública tiene problemas". Por ese motivo se solicitó una prórroga que finalmente fue aceptada para "hablar y planificar adecuadamente una decisión que no compartimos".

Se trata del paso previo a la aprobación del Estatuto del Becario. Desde el Gobierno, tal y como señaló Yolanda Díaz, el objetivo es aprobarlo este 2024. Un plan que busca, entre otras cosas, que las empresas compensen los gastos del becario -transporte, comida- y limitar el horario de las personas en prácticas -un 20% de la plantilla-. Su inclusión en el BOE también apunta a ser polémico, ya que la CRUE también se ha opuesto.

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