La causa contra Begoña Gómez en un juzgado de Plaza de Castilla avanza a paso firme, pese a los intentos de la mujer del presidente del Gobierno por frenarla. De hecho, recientemente, Gómez ha recurrido una batería de diligencias acordadas por el juez Juan Carlos Peinado relativas a su cátedra de la Universidad Complutense de Madrid, así como al contrato que firmó en 2018 con el Instituto de Empresa.
Así se desprende de un escrito incorporado a la causa y al que ha tenido acceso Vozpópuli, en el cual la defensa de Begoña Gómez mantiene que todas estas aristas no forman parte del procedimiento. A su juicio, éste debería centrarse en el contenido de la denuncia inicial sobre un presunto tráfico de influencias ;esto es, en las adjudicaciones públicas que su socio, Juan Carlos Barrabés, consiguió del Gobierno en plena pandemia con proyectos que ella misma avaló.
Por ello, su abogado Antonio Camacho alegó que con las últimas diligencias acordadas se está atendiendo "a meras especulaciones" y que se deberían apartar de la causa. El exfiscal y exministro del PSOE se opuso a que se tomara declaración como testigo a la responsable de Recursos Humanos del Instituto de Empresa, Sonsoles Blanca Gil de Antuñano Fernández-Montes, y que se pidiera a la Fundación La Caixa y la compañía de seguros Reale los expedientes del patrocinio de su cátedra sobre Transformación Social Competitiva.
"Insuficiencia indiciaria"
Además, Begoña Gómez también rechazó que la Complutense aportara al juez la relación de alumnos matriculados a las ediciones de su cátedra, así como todos los montos que percibió por su condición de codirectora de la cátedra. Se trata de una información que solicitó el juez Peinado después de que los testigos citados en sede judicial se contradijeran en relación con el número de alumnos matriculados a sus dos másteres.
Sin embargo, la Complutense -que ha cancelado los dos másteres de Gómez- descartó facilitar los datos relativos a los alumnos por motivos de protección de datos. La universidad dijo en un primer momento que no conservaba el currículum de Begoña Gómez (ni de cualquier director o codirector de las cátedras extraordinarias) y, tras ello, dijo que no podía cumplir el requerimiento judicial sobre los alumnos porque revelar dicha información vulneraría la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos.
Begoña Gómez expuso que todas estas líneas de investigación no forman parte de las diligencias y que, por tanto, no tenía sentido que Peinado se moviera por esa dirección. "Máxime si tenemos en cuenta que, si bien se han aportado múltiples documentos, sobre todo por las acusaciones personadas, y se han practicado varias declaraciones testificales, lo cierto es que estas diligencias nada han añadido a la insuficiencia indiciaria existente en la denuncia inicia", expuso.
Imputada por cuatro delitos
Cabe destacar que Begoña Gómez se opuso a esta batería de diligencias antes de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara la instrucción del juez, dándole vía libre para investigar todas las aristas de la causa, a excepción de lo relativo al rescate de Air Europa. Este pronunciamiento era clave para el instructor, puesto que le permite continuar con el foco puesto en un presunto tráfico de influencias por parte de la investigada aprovechando la condición de su marido de presidente del Gobierno.
A este aval se suma otro pronunciamiento de la Audiencia de Madrid relativo al software que desarrollaron gratuitamente Indra, Google y Telefónica para la Complutense y del que se podría haber beneficiado Gómez a título personal a través de la plataforma que registró a su nombre. Se trata de unos hechos que denunció Hazte Oír en una nueva querella contra Gómez y que la misma ha terminado en el juzgado de Peinado.
En concreto la Audiencia entendió que la querella tenía relación con los hechos que investiga el instructor y dio vía libre para que los adhiriera a la causa. En ese sentido, Peinado la ha acumulado su procedimiento sumando así dos delitos más a los dos iniciales por los que abrió el procedimiento. De esta forma, al tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha sumado los de apropiación indebida e intrusismo por lo relativo al software.
Respaldo al juez Peinado
En su auto, conocido hace apenas unos días, Peinado expuso que había indicios para investigar si se apropió de fondos públicos al haber inscrito a su nombre la marca TSC Transformación Social Competitiva. Los gastos de esta plataforma (creada para el máster de Begoña Gómez y que se vendió como una herramienta para ayudar a pymes) los costeó la universidad pública, pese a que Begoña Gómez registró la marca a su nombre.
Con todo, además de la investigación por presunta apropiación indebida, el juez accedió también a indagar un presunto delito de intrusismo puesto que redactó los pliegos de la licitación del software. Sobre este asunto, la querella expone que lo hizo pese a carecer, en principio, de la condición de autoridad o funcionario que se requiere para su elaboración.
Así pues, a los dos recientes avales cosechados por Peinado se suma el respaldo que le ha brindado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al inadmitir de plano tres querellas interpuestas contra él. Los magistrados tumbaron primero la querella de un periodista por presunta revelación de secretos, en segundo lugar la interpuesta por la Abogacía General del Estado en nombre de Pedro Sánchez por presunta prevaricación y, la última, de Begoña Gómez. La Fiscalía solo respaldó la del presidente del Gobierno.
En sus pronunciamientos el TSJ de Madrid dejó claro que no hay indicios para atribuirle una revelación de secretos de la causa y, mucho menos, un delito de prevaricación por tomar declaración como testigo a Sánchez en Moncloa y no permitirle cumplimentar el trámite por escrito. Esta respuesta fue especialmente dura (ya que tildaron la querella de especulativa y prejuiciosa) y contó, además, con el voto particular del magistrado Jesús María Santos Vijande que propuso multar al presidente del Gobierno por mala fe procesal.
