La denegación de la solicitud de asilo a más de 35 saharauis provocó a finales del mes de septiembre un pequeño cisma entre los miembros del Gobierno de coalición. Los de Yolanda Díaz se posicionaron en contra de la expulsión de los ciudadanos de dicho origen al entender que el conflicto con Marruecos justificaba asilo político. Ahora, semanas después de que Interior cerrase las puertas a los saharauis de Barajas, el Ejecutivo defiende la actuación del ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska.
El Gobierno evita dar explicaciones sobre los pormenores de la orden de expulsión ante una pregunta parlamentaria registrada por Sumar. Para ello, se ampara en el artículo 16.4 de la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, en la que se establece que la información relativa al procedimiento de asilo "tendrá carácter confidencial".
Ante la pregunta de los de Yolanda Díaz sobre por qué se denegó, entre otros, el asilo a Ali Hammou, un joven activista sordo y enfermo de cáncer, el Gobierno defiende que todas las solicitudes de protección internacional presentadas en el Aeropuerto de Barajas se atendieron con "riguroso respeto" a la ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Asimismo, hace hincapié, ante las críticas por la cercanía de Moncloa con el Gobierno de Marruecos, en que dichas solicitudes tramitaron "con independencia de la nacionalidad de la persona solicitante y sin establecer distinción por los motivos alegados en su declaración".
Sumar también denuncia en su escrito el caso de Mohammed Bachir, un joven saharaui expulsado en un avión con rumbo a Casablanca, cuya defensa denunció que se le pusiera un intérprete marroquí que "habría supuestamente tergiversado su declaración". Según su abogada, el traductor enviado por el Gobierno hablaba darija, un dialecto que nada tiene que ver con el hassania, que es el que se utiliza en el Sáhara Occidental y Mauritania.
Conflicto por los intérpretes de Barajas
Fátima Fadel, abogada de varios de los saharauis a los que el Gobierno denegó la solicitud de asilo, explica a Vozpópuli que fueron los propios solicitantes alertaron de que esta práctica suponía una violación de derechos fundamentales y de defensa y que se pidió "expresamente que no fuera de darija ni de origen marroquí". Según defiende, la solicitud no fue bien recibida y finalmente se puso intérpretes de árabe clásico de otros origines y no marroquíes.
Al respecto, el Gobierno defiende que se han realizado las gestiones oportunas para que el servicio de intérpretes fuese prestado, de "manera preferente en el dialecto de hassani para atender las formalizaciones de protección internacional presentadas por personas que hablan dicho dialecto". Sin embargo, las fuentes consultadas por este medio detallan que dicha intérprete no llegó al Aeropuerto de Barajas hasta los últimos días de la estancia de los saharauis expulsados.
Varios de los solicitantes denunciaron, además, que sólo se puso a disposición a una sola intérprete que conociera su dialecto y sólo durante las tardes. Una traductora contratada a media jornada que, además de llegar tarde, debía atender a, al menos, una decena de personas.
Sumar denuncia que este hecho "no es solo un error técnico, sino que supone una violación flagrante del derecho a una defensa justa y es un atropello a los argumentos de un solicitante que precisamente ha manifestado que la persecución que sufre viene de un estado del que el intérprete es nacional". Los socios de Gobierno de Pedro Sánchez señalan en su escrito que dicha práctica "ignora la recomendación del Defensor del Pueblo que apunta 'que, en casos de conflictos abiertos entre países, no parece razonable ni conveniente que en el marco de un expediente de asilo se contrate la prestación de servicios de personas que por su nacionalidad provoquen sensaciones de incomodidad o enemistad en el solicitante o le induzcan a cuestionar su neutralidad'".
