El Gobierno se está granjeando serios enemigos en dos áreas claves para el futuro de España: la sanidad y la dependencia. El proyecto de Ley de Equidad de Carolina Darias ha sido un disparo al corazón de la sanidad privada, pues considera que pone en riesgo el modelo de colaboración público-privada actual. En otro frente, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se empeña en asestar un golpe al sector de las residencias privadas con un sistema de acreditación que implicaría la desaparición ipso facto del 25% de las plazas. Según ha podido constatar Vozpópuli consultando a fuentes de ambos sectores, se está gestando una auténtica guerra judicial contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
"Si la ministra de Sanidad impone su Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión en los términos actuales, no descartamos acudir al Tribunal Constitucional aunque para ello requerimos el apoyo de 50 parlamentarios", manifiesta a este periódico Carlos Rus, presidente de la patronal de la sanidad privada (ASPE). Existe verdadera tensión entre las filas de la sanidad privada porque se desconoce la posición que mantendrá al respecto el principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), que en otras ocasiones -como la Ley Audiovisual- ha apoyado a Sánchez incluso cuando este tenía en contra a sus socios de Gobierno.
La situación puede repetirse con la 'Ley Darias'. Podemos ya ha anunciado que no votará a favor del proyecto si no se endurecen sus términos contra la "privatización" de la sanidad. El PP, en línea con su nueva filosofía de acción tras la llegada a la presidencia de Alberto Núñez Feijóo, podría apoyar la norma en aras de la "estabilidad". "Somos conscientes de que el PP de la Comunidad de Madrid se opone frontalmente a la Ley de Equidad, pero no sabemos qué opina el PP nacional", señalan desde ASPE.
De salir adelante este proyecto de ley, el Consejo Interterritorial deberá seleccionar los criterios que tendrán que cumplir los hospitales para poder derivar a un paciente a la sanidad privada. En definitiva, más tramas burocráticas para un sector que está batiendo récords de lista de espera quirúrgica y en consultas. Una decisión que implicaría desaprovechar todos los recursos sanitarios de los que dispone el país y dejando al paciente a merced de un más que probable colapso hospitalario.
Las residencias privadas avisan a Belarra
En el frente de la Dependencia, Ione Belarra está dispuesta a sacar adelante un modelo de acreditación de residencias que no cuenta ni con el apoyo de los sindicatos, ni con el de la patronal, ni con el de la mayoría de las comunidades autónomas. Aun así, ella se muestra firme en aprobar una norma que supondría la limitación de plazas tanto en las residencias de nueva construcción como en las ya edificadas. Con el 'modelo Belarra', los centros residenciales de zonas urbanas solo podrán contar con un máximo de 120 plazas, mientras que las zonas rurales con 75.
El Ministerio de Derechos Sociales está intentando convencer a las comunidades reacias de que den su sí a este nuevo sistema de acreditación, al que se oponen incluso regiones socialistas como Castilla La-Mancha por considerarlo "inviable". Según confirman a este diario desde la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), las residencias privadas ya han avisado de una oleada de demandas si el modelo que propone la ministra de Podemos sale adelante.
"Por supuesto que tomaremos la vía legal si este despropósito se aprueba. Nuestros centros tienen las licencias oportunas y si nos obligan a cambiarlas sobre la marcha acudiremos a los tribunales. ¿Qué seguridad jurídica tendríamos si no? Los juzgados se llenarán de demandas. Así lo hemos advertido", asegura Ignacio Fernández-Cid, presidente de la FED.
Desde el sector consideran que la medida será una debacle para un servicio cada vez más demandado por parte de la población dado el envejecimiento de nuestro país. De hecho, en estos momentos, ya hacen falta 75.000 plazas, por lo que de desaparecer 72.000, España sería deficitaria en más de 140.000. El problema no termina ahí, avisan las residencias privadas, ya que la nueva acreditación frenará las inversiones. "Las empresas actuales tendrán que invertir en adaptar sus espacios a la norma en vez de en crear nuevas plazas residenciales", argumentan. "Nos vamos a quedar con un parque de residencias cada vez más obsoleto y con insuficiencia de plazas", concluyen.
