75.776.923 euros. Esta es la cantidad que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, actualmente dirigido por Ione Belarra, antes por Pablo Iglesias, dejó sin utilizar en 2021 de un presupuesto que se iba a dirigir a ayudar a personas dependientes. Así se refleja en el XXII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, publicado este lunes por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Según el estudio, con ese dinero que no se utilizó se podrían haber atendido a 13.000 personas que tenían algún tipo de dependencia. Bajo el punto de vista del observatorio, que explica que “ha sido un año de retroceso en el sistema de dependencia”, la burocracia y la “impericia” de algunos gobiernos autonómicos impide que se logre la reducción de la lista de espera y que se ejecute ágilmente el incremento presupuestario.
Las comunidades autónomas con más personas a la espera, y, por lo tanto, las que peor gestionan esta distribución de gastos necesarios para ciertas personas, son Cataluña (32%), La Rioja (31,53%) y Canarias (27,08%). Por su parte, las que mejor lo hacen son Castilla y León (0,17%), Castilla La Mancha (4,51%) y Galicia (5,82%).
Además, Canarias y Cataluña son, junto con Andalucía, Murcia y Extremadura, las comunidades que más tiempo tardan en entregar las ayudas: llegan a retrasarse hasta 18 meses en las tramitaciones. La duración media de la realización de diligencias en cada caso es de 430 días, pese a que como denunció en la rueda de prensa el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, "si algo no tienen estas personas tan vulnerables es tiempo".
Los datos que manejan desde la asociación reflejan que a fecha de 31 de diciembre de 2021 había en España 1.415.578 personas con dependencia reconocida y otras 124.546 pendientes de valoración. Las de reconocida dependencia ascendieron en 60.000 con respecto al año 2020. En total, el 3% de la población española “necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria”, según se puede leer en el informe.
Casi 50.000 personas murieron en lista de espera
La lentitud de los trámites supuso que a lo largo del año 2021 fallecieran 46.300 personas a la espera de recibir la ayuda económica necesaria. Si se divide entre los 365 días que tiene el año, 127 personas dependientes murieron sin haber llegado a recibir ningún tipo de prestación o servicio. De todos los fallecidos, 18.356 personas lo hicieron pendientes de su resolución de grado de dependencia y 27.944 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en esta situación.
De las 317.942 personas desatendidas, que incluye tanto a pacientes en espera de recibir ayuda económica como a personas pendientes de valoración de dependencia, el 44,2% son dependientes con grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y en ocasiones continuado.
“La interminable dilación de muchos procedimientos tiene como consecuencia el que muchas personas salen de la lista de espera por causa de fallecimiento sin haber recibido las prestaciones o servicios a los que tenían derecho”, explican en la nota de prensa. Concretamente, de las 38.807 personas que han dejado de estar en la lista de espera, el 72% lo han hecho porque el paciente ha fallecido antes de que se tramitara la ayuda.
La cantidad de las ayudas
La ayuda económica que se destina a las familias con algún miembro en situación de dependencia es variable, según el grado de necesidad. El importe medio es de 236,49 euros, cantidad recibida por 480.000 personas.
Para las personas que tienen una dependencia del grado I, es decir, que requieren necesidades de apoyo intermitente, la cuantía percibida, de promedio, es de 138,36 €/mes. En el grado II, con necesidades de apoyo extenso, la cantidad percibida asciende a 240,59 €/mes. Por último, todos los pacientes que necesitan apoyo indispensable y continuo de otra persona reciben hasta 333,73 €/mes. En cualquier caso, el importe varía según la comunidad autónoma.
